El Senado fuerza al TC a pronunciarse sobre si se debe tramitar la ley de amnistía

El órgano de garantías deberá valorar la procedencia, o no, de legislar sobre una medida de este calado a través de una proposición de ley. Aunque, de forma colateral, entrará a opinar por primera vez sobre el contenido del texto que busca la impunidad para los delitos que cometieron los responsables del procés

El conflicto entre órganos constitucionales, que avanzó este periódico y confirmó esta tarde la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, está recogido en la Ley Orgánica del TC -en los artículos 54, 73, 74 y 75- y se invoca cuando una institución que representa a un poder del Estado -en este caso el Senado- entiende que otra está vulnerando sus atribuciones. 

Según consideraron los letrados de la Cámara Alta en un informe emitido el lunes, la amnistía es una "reforma encubierta de la Constitución", por lo que la figura utilizada por el PSOE y sus socios para sacarla adelante no procedería. Habría que acometer un proyecto de reforma de la Carta Magna, que requeriría no sólo de mayorías reforzadas en las Cortes, sino también del visto bueno de las dos Cámaras.

La ley de amnistía, no obstante, abandonará el Senado con el veto y, además, un aluvión de pronunciamientos en contra de expertos que irán compareciendo en los próximos meses. 

[Los letrados del Senado animan a plantear un conflicto constitucional para frenar la amnistía]

En su dictamen sobre la medida de gracia, los letrados de la Cámara recomendaron al Senado plantear el conflicto entre órganos constitucionales, que consideran claramente "inconstitucional". El proceso tiene dos fases. 

Una primera, la celebración de un Pleno, a petición del grupo parlamentario popular, que aprobará por mayoría absoluta un requerimiento formal a la Mesa del Congreso de los Diputados para que anule la proposición de ley que contiene la amnistía. A partir de ahí, la Cámara Baja tendrá un plazo de treinta días para responder. 

En caso de que el Congreso no responda o lo haga de forma negativa, tendría lugar la segunda fase, que es acudir al Tribunal Constitucional para que haga de árbitro. Al respecto, cabe destacar que el PP, reconocen fuentes del partido, se está planteando llevar el conflicto solo hasta la mitad del proceso, es decir, no llegar al Constitucional, porque una resolución favorable a la tramitación de la amnistía, arguyen en Génova, podría reforzar al Ejecutivo.

Pero la ley del TC es clara: si un órgano constitucional plantea conflicto, como va a hacer el Senado, la última palabra la tiene el tribunal de garantías. Por lo que la ofensiva planteada por el Senado aterrizará en la institución que preside Cándido Conde-Pumpido, que tendría que emitir su veredicto sobre la tramitación de la ley, entrando a analizar si es una reforma encubierta de la Constitución, como dicen los letrados del Senado, o no. 

"Fuego de artificio"

Para el Gobierno, la estrategia que ha planteado el PP en la Cámara Alta, que controla con mayoría absoluta, "es fuego de artificio". Fuentes del entorno de Pedro Sánchez, en conversaciones con este periódico, se muestran confiadas en que el conflicto no llegue a buen puerto y la amnistía pueda estar aprobada de forma definitiva a mediados del mes de mayo. 

En esa línea se pronuncian también desde el PSOE, donde recuerdan: "El trámite de dos meses está vigente y el Senado tiene la obligación constitucional de devolver el texto al Congreso, que es la cámara que tiene la competencia de aprobación de las leyes. El Senado es una cámara de segunda lectura. La Constitución no le reconoce otro protagonismo que ese. En definitiva, el proceso sigue y se espera que en un máximo de dos meses la ley esté de vuelta en el Congreso". 

Mientras tanto, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, insiste en que "el planteamiento de un conflicto de competencias no paraliza el procedimiento de la ley". En una nota enviada a los medios, la dirigente republicana critica que el PP "sigue haciendo un fraude a la ley para imponer la represión" y cuestiona el informe de los letrados -"hecho a la medida del PP"- que sugiere plantear el conflicto entre órganos constitucionales.