La UE podría abrir contra España un procedimiento de infracción, tras denunciar Cs la amnistía

El presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, se ha reunido con la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová este martes para solicitarle "que abra un proceso de infracción al Gobierno de España por la ley de amnistía". Éste es el instrumento más potente que tiene la Unión Europea para defender el Estado de derecho, cuando considera -de oficio o por denuncia de alguna de las instituciones de la UE- que un Estado miembro ha atentado contra "uno de los pilares de la Unión".

En la reunión, a la que también han asistido otros dos eurodiputados de Ciudadanos, Eva Poptcheva y José Ramón Bauzá, Vázquez le ha entregado a la política checa -superior jerárquica en el Ejecutivo comunitario del comisario de Justicia, Didier Reynders-, Vázquez le ha entregado un informe jurídico que explica el contenido de la proposición de ley.

El texto, recién llegado al Senado, sigue en tramitación parlamentaria, pero los europarlamentarios liberales han solicitado a la Comisión "que no espere", porque "la ley no va a cambiar y es necesario pararla cuanto antes, como en Hungría y Polonia".

Precisamente, el ejemplo polaco ya fue mentado por Reynders en el debate monográfico que, sobre la Ley de Amnistía en España, celebró la Eurocámara el pasado noviembre.

Entonces, el comisario repitió sus "serias preocupaciones" con el texto "y el resto de acuerdos políticos en el marco de la investidura de Pedro Sánchez". Y advirtió de que su departamento aplicará "el mismo rigor en el escrutinio" a la proposición de ley "que en el resto de países donde ha habido ataques al Estado de derecho".

En su discurso, en ese momento, citó el ejemplo de Polonia. Aquel país acababa de celebrar unas elecciones en las que la oposición de centro derecha, encabezada por Donald Tusk, se había alzado con la victoria, tras dos legislaturas de Gobierno de ultraderecha. 

Jourová pertenece a la misma familia liberal (centro) europea que Reynders y los representantes de Ciudadanos en la Eurocámara. En esta legislatura que termina con las elecciones del próximo 9 de junio, ha ejercido como vicepresidenta de Valores y Transparencia. 

El documento

Este periódico ha tenido acceso al informe sobre la amnistía elaborado por la oficina del presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo [consúltelo aquí en PDF].

El documento, de cuatro páginas, es muy exhaustivo y se remite a las "demoledoras críticas" que recoge el dictamen final de la Comisión de Venecia sobre la proposición de ley: que es "divisiva"; que el procedimiento "de urgencia" no es el adecuado; que no se ha impulsado ni aprobado "por mayoría cualificada"; y que se han "evitado los dictámenes de los órganos consultivos" al tramitarla adrede como proposición de ley.

Además, añade otras "preocupaciones sustanciales en el marco del derecho de la UE". Por ejemplo, que la norma está "dirigida a beneficiar a individuos específicos, basada exclusivamente en el interés político", negociando con sus beneficiarios "a cambio de sus votos para nombrar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno".

También señala que, según el artículo 4 de la proposición de ley, "los tribunales y jueces están obligados a aplicar inmediatamente" sus disposiciones. Es decir, que la norma les "impide suspender sus efectos o adoptar cualquier medida provisional" si plantean cuestiones de inconstitucionalidad, o prejudiciales ante el TJUE.

De hecho, el informe advierte de que "si las instituciones europeas permiten esta transacción, establecerá un nuevo estándar" en el que los gobiernos en el poder de los Estados miembros "estarían autorizados a borrar sus propios crímenes, o los de sus aliados políticos; violar el principio de igualdad ante la ley, beneficiando a medida" a unos y no a otros; y hacer todo esto "privando a los jueces de su prerrogativa de investigar y dictar sentencias", atentando contra la independencia del Poder Judicial.

Finalmente, describe los ataques directos a las directivas de la UE, en materia de "delitos del ámbito europeo". Es decir, advierte a la Comisión de que las últimas enmiendas añadidas al texto, antes de su aprobación en el Congreso, el jueves pasado, incluyen el terrorismo, la malversación y los delitos de traición como amnistiables.

"Paremos esta aberración"

Vázquez encabezará, este miércoles, un encuentro del comité que preside en la Eurocámara con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Fiscalía Europea, en Luxemburgo. Allí abordarán los mecanismos y reglamentos que existen "para intentar impedir que haya Estados miembros que violen el Estado de derecho y revienten la separación de poderes".

Según declaraciones del europarlamentario a este diario, la cita servirá para revisar "la jurisprudencia que ya existe por casos como Polonia y Hungría". Vázquez advierte de que "la Comisión Europea nunca ha perdido un caso por violación del Estado de derecho" en el TJUE.

"Será una jornada histórica", ha insistido, "en la que nos vamos a preparar para que cuando venga ese procedimiento de infracción desde las instituciones europeas, paremos esta aberración del presidente Sánchez y de sus socios".

Cómo sería el procedimiento

Según los textos fundacionales de la UE, la Comisión es responsable de supervisar la correcta y puntual aplicación del Derecho de la Unión, razón por la que se la denomina "guardiana de los Tratados".

Según la legislación europea, hay cuatro tipos principales de infracciones. La primera es la falta de comunicación: un Estado miembro no comunica a tiempo a la Comisión sus medidas para incorporar una directiva a la legislación nacional. La segunda es la no conformidad: cuando Bruselas considera que la legislación de un Estado miembro no está en consonancia con las directivas de la UE.

La tercera es la que sería aplicable, en este caso, a España: la infracción directa a los tratados, reglamentos o decisiones. Es decir, que la Comisión considerara que las leyes de un Estado miembro (la de Amnistía) no están en consonancia con los requisitos de los tratados, los reglamentos o las decisiones de la UE. La cuarta es la de aplicación incorrecta: las autoridades nacionales no aplican el Derecho de la UE, o no lo aplican correctamente.

Dentro de un procedimiento de infracción, hay distintas fases.

Según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el proceso se inicia con una carta de emplazamiento, es decir, el envío al Estado miembro correspondiente de una solicitud de información, a la que éste debe responder en un plazo máximo de dos meses.

Si el Ejecutivo comunitario no está satisfecho con la información recibida, se le envía un dictamen motivado. O lo que es lo mismo, una petición oficial para que cumpla la legislación de la UE, instándole además a informar a la Comisión de las medidas correctivas aplicadas. El plazo, en este caso, también suele ser de dos meses.

Si el Estado miembro persiste en el incumplimiento del Derecho de la UE, la Comisión ya está facultada para llevar el asunto ante el TJUE. Una sentencia del alto tribunal europeo suele demorarse una media de dos años, pero puede alargarse en un litigio tan complejo como sería el de una quiebra del Estado de derecho en uno de los cuatro grandes de la UE.

En todo caso, alrededor del 90% de los casos en los que la Comisión detecta una infracción, los gobiernos denunciados corrigen y cumplen el Derecho de la UE antes de que el asunto llegue al Tribunal.

Sólo en el caso de que, a pesar de la primera sentencia, el Estado miembro siguiera sin respetar la legislación, la Comisión podría continuar el procedimiento de infracción. En este caso, pasaría a enviar una carta de emplazamiento, en virtud del artículo 260 del TFUE. Esto es un apercibimiento por escrito, previo a volver a denunciar al Estado miembro ante TJUE.

Una nueva condena podría comportar, ya en ese caso, sanciones financieras en función de la duración y la gravedad de la infracción. Estas multas constan de dos elementos: una suma a tanto alzado, basada en el tiempo transcurrido desde la primera sentencia del Tribunal; y una multa diaria a partir de la fecha de la segunda sentencia y hasta que finalice la infracción.

Éste ha sido (y continúa siendo) el caso de Polonia, por las reformas contrarias a la separación de poderes del anterior Gobierno, del partido ultra Ley y Justicia (PiS).

Los argumentos

Lo que ha solicitado la delegación de eurodiputados liberales a Jourová era la apertura de este expediente de infracción al Gobierno de España en cuanto concluya la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Amnistía, "para descarrilarla antes de que tenga efectos".

Según Vázquez, Poptcheva y Bauzá, la norma contraviene múltiples preceptos de los Tratados de la Unión. "Le hemos pedido que lleve esta ley de impunidad a los tribunales europeos para evitar que España entre en la historia como uno de los países que violó el Estado de derecho y los Tratados, junto a Hungría y a Polonia".

Basándose en el artículo 2 del Tratado de la UE, los europarlamentarios han advertido a la vicepresidenta europea de que la ley, "no sólo es un intento de socavar la independencia judicial, de dinamitar el Estado de derecho, sino también intentar evitar que policía y jueces investiguen delitos de terrorismo, de malversación de fondos europeos y de injerencias de terceros países como la Rusia de Putin".

En la reunión, según las fuentes consultadas, se ha constatado que la Comisión Europea está "preocupada" por esta ley.

Además, de cara al último Pleno de la legislatura, la delegación liberal de Renew espera lograr un nuevo debate con resolución en la Eurocámara sobre la ley y las violaciones de los Tratados en que podría incurrir.

"Una vez que esto suceda, el Gobierno no tendrá otra que tirar la toalla y convocar elecciones", ha sentenciado Vázquez.