
Los trabajadores de Juzbado se manifiestan contra el cierre de la nuclear de Almaraz
Los trabajadores de Juzbado temen el cierre de la nuclear de Almaraz: "Es nuestro mejor cliente"
Han dado lectura a un manifiesto en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto en 2027, el principal cliente de Juzbado.
Más información: La Fábrica de Juzbado de Enusa recrea un sismo en su simulacro anual de emergencia
Noticias relacionadas
Los trabajadores de la planta de Enusa de Juzbado, convocados por el comité de empresa, esta mañana han realizado una parada de 5 minutos en la instalación durante la cual ha tenido lugar una concentración de empleados y se ha dado lectura a un manifiesto en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto en 2027.
Ante el cierre de la Central Nuclear de Almaraz previsto por el Gobierno para 2027, los trabajadores de la fábrica de Enusa en Juzbado manifestan su "firme rechazo a esta decisión que consideramos caprichosa, ideológica y contraria a la tendencia mundial actual a favor de la energía nuclear".
Almaraz "es uno de nuestros mejores clientes. Está considerada como una de las centrales nucleares más seguras del mundo. Cubre el 7% de la demanda eléctrica anual en nuestro país. Este cierre afectará a Enusa, comprometiendo el futuro de nuestra fábrica de Juzbado", manifiestan en su comunicado.

Comité de empresa de Enusa en Juzbado
Inciden en que de "esta fábrica de Juzbado dependen una gran cantidad de puestos de trabajo de nuestra provincia, tanto directos como indirectos. El 30% del Producto Interior Bruto de Salamanca lo genera Enusa".
"La energía nuclear garantiza el suministro eléctrico, contribuye a mitigar el cambio climático al ser una fuente que no emite CO2 y podemos utilizarla las 24 horas del día, los 7 días de la semana", reconocen.
Aunque en España hay un gran potencial eólico y solar, no siempre tenemos sol, y no siempre tenemos viento, depende de las condiciones meteorológicas. El año pasado la energía nuclear cubrió un 20% de toda la demanda eléctrica en España, siendo de nuevo la segunda fuente con mayor peso detrás de la eólica.
Su clasificación como energía verde en la Unión Europea es de gran relevancia ya que podrán aplicarse subvenciones o inversiones a este tipo de energía.
El cierre de la Central Nuclear de Almaraz supondrá un duro golpe para el sistema eléctrico nacional, incrementando la dependencia de fuentes más costosas y menos fiables, como el gas importado, y comprometiendo la soberanía energética de nuestro país en un contexto de graves tensiones geopolíticas a nivel mundial.
La situación en Ucrania ha alterado el mercado, dando un vuelco a las previsiones económicas y energéticas, y obligando a todos los gobiernos e instituciones a reaccionar y adaptarse a esta nueva realidad.
"Vamos en contra de la tendencia general en Europa donde se están planteando ampliar la vida útil de sus centrales y construir otras de última generación. Sin ir más lejos, Francia, con 56 centrales, va a construir 6 más en los próximos años".
Polonia ha apostado por la energía nuclear con la construcción de 8 reactores, y el abandono progresivo del carbón que representaba el 70% de sus mix energético. Incluso Bélgica, que hasta ahora se posicionaba en contra, retrasó 10 años el cierre de sus centrales.

Concentración de los trabajadores de Enusa
"Tenemos que mirar el proceso de descarbonización con perspectiva. Las centrales nucleares evitan la emisión de CO2 a la atmósfera generando electricidad a un coste razonable. Por tanto, contribuyen a que los precios no suban más. Esta forma de energía debe ser complementaria a otras como la eólica o la solar. Es un error apostarlo todo a un tipo de energía", reconocen.
España cuenta con 7 reactores nucleares operativos cuyo cierre está programado por el Gobierno a partir de Noviembre de 2027, empezando por el primer reactor de Almaraz, y terminando en Mayo de 2035 con el cierre de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara.
La industria nuclear española emplea a cerca de 28.000 trabajadores, tanto directos como indirectos, entre los que se encuentran las más de 400 familias que trabajamos en Salamanca. Exigimos al Gobierno una revisión de esta medida con base en criterios técnicos, económicos y medioambientales, y no bajo presiones ideológicas.