El séquito que Abascal sí mantiene en las Cortes Valencianas con sueldos como el de Carlos Mazón

Los sueldos del gabinete de presidencia de las Cortes Valencianas son un caramelo de la política valenciana. La cámara está mejor remunerada que el Gobierno. De hecho, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, percibe 78.222,24 euros frente a los 100.000 brutos anuales que se embolsa María de los Llanos Massó, la dirigente que se aferra al cargo pese a la ruptura de su partido con el PP en el Ejecutivo al grito de "Vox no tiene apego a los sillones".

Tal es la diferencia entre ambas instituciones que el mencionado director de gabinete de las Cortes Valencianas casi cobra lo mismo que Carlos Mazón. La cifra de los 74.591 euros brutos de anuales que percibe se obtiene al sumar el sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico aprobado para su cargo en las tablas retributivas de 2022, vigentes en la actualidad.

Y el beneficiario de esa nómina, Emilio Daniel, es un hombre de confianza de la dirección nacional de Vox, llegado desde fuera de la Comunitat Valenciana. Antes fue asesor parlamentario de Castilla y León, región en la que Vox debutó como integrante de un gobierno autonómico.

Fuentes conocedoras de Vox consultadas por EL ESPAÑOL subrayan la estrecha relación entre Emilio Daniel y el diputado Ignacio de Hoces, un hombre de confianza de Santiago Abascal.

Otro hombre que aterrizó desde fuera de la autonomía es Jerome Garris Suárez. Su figura es controvertida. Primero fue enviado al grupo municipal de Vox en Valencia. Allí fue cesado tras una sonada polémica. Vox traspasó 17.000 euros de la cuenta del partido a una particular y tuvo que reponerlos. Garris fue el señalado, pero el partido lo repescó en otro puesto nada mal remunerado, donde percibe cerca de 50.000 euros brutos anuales.

Jerome Garris Suárez, en el centro, cuando era secretario de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. EE

La situación de ambos asesores llegados desde fuera contrasta con la de los cargos valencianos forzados a dimitir por Santiago Abascal. Vox controlaba 23 altos cargos en la Generalitat valenciana, sin contemplar en este recuento los asesores a su cargo.

Entre los cesados se encontraban el vicepresidente Vicente Barrera y otros dos consellers, Elisa Núñez y José Luis Aguirre. Estos dos últimos manifestaron de forma pública su discrepancia. La primera, de forma explícita, con una dura carta a Abascal en la que se dio de baja como afiliada. El segundo, de un modo más comedido.

Los nueve cargos que Vox tiene designados en el equipo de la presidenta de las Cortes Valencianas los completan, de mayor a menor rango, María Gonzálbez Bernad, Fernando Arnau García, Santiago García-Contell Bellver, Rodrigo Sancho Torregrosa, Juan Antonio Elipe Songel, Fernando Sanfelix García y Sergio Ramón Muniesa Franco.

Así consta en la relación de puestos de trabajo del gabinete de Presidencia publicada en mayo de este año, que es la última disponible tras las últimas actualizaciones. Sus emolumentos oscilan entre los 48.065 euros y los 33.654 de los sueldos más bajos.

Fuentes de Vox destacan que Llanos Massó podría tener dos asesores más en la Presidencia de Les Corts, y que justo se trata de los de mayor rango y sueldo: los 74.591 euros brutos de anuales que percibe Emilio Daniel. Desde la salida de Vox del Gobierno valenciano han sido muchas las especulaciones sobre si el partido aprovechará esas vacantes para dar cobijo a alguno de sus asesores caídos.

"Los mismos votos"

La presidenta Llanos Massó compareció ante los medios de comunicación el pasado lunes 15 de julio para explicar por qué no dimite. "Los mismos votos que permitieron mi nombramiento son los que ha permitido que Mazón sea presidente de la Generalitat", argumentó.

Vox, en consecuencia, considera igual de legítima la continuidad de la presidenta parlamentaria que la del presidente autonómico del PP.

La argumentación choca con la propia estrategia de su partido, que proclama que "Vox no tiene apego a los sillones" y que ha roto el Gobierno valenciano por la acogida de 23 menores no acompañados, una decisión cuya competencia es estatal.

Pero Llanos Massó se esforzó este lunes en diferenciar ambas circunstancias. "Lo que se ha roto ha sido los gobiernos", subrayó. "No queremos ser cómplices en los gobiernos de la avalancha migratoria", dijo. "Las mesas parlamentarias, las presidencias, no tienen ninguna responsabilidad", contrapuso.