El juzgado que instruye el caso Azud, la investigación que ha aflorado 20 años de pillaje de PP y PSOE en Valencia, ha archivado las diligencias contra uno de los funcionarios imputados. La instructora ha tomado la decisión tras constatar que los delitos que se le atribuían estaban prescritos antes de que se acordara su imputación, en mayo de 2021.
El funcionario absuelto es Pablo Torres y su mujer, que también figuraba como imputada en la causa. Torres trabajaba desde 2020 en la Agencia Valenciana Antifraude y fue apartado de sus funciones tras conocerse su implicación en las irregularidades.
El juzgado sostiene que los hechos imputados podían ser enmarcados en "un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental". Pero reconoce por primera vez que ya estarían prescritos y, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, archiva las imputaciones.
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"El procedimiento no se dirigió contra los investigados hasta el día 1 de octubre de 2019, por lo que ha transcurrido el plazo marcado por la ley y en su consecuencia procede declarar la prescripción de los hechos investigados por delito de blanqueo y falsedad documental", expone la magistrada en un auto dictado el pasado 25 de septiembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Torres, funcionario de carrera desde los años 90, abrió junto a su mujer un despacho de abogados y consultora de operaciones inmobiliarias, Somalo Tres SL, y facturó a la trama 50.000 euros por un dictamen jurídico relacionado con la operación urbanística de los terrenos propiedad de una congregación religiosa.
La Guardia Civil concluyó que el abultado pago en realidad correspondía al supuesto pago de una comisión que iba destinada a José Luis Vera, el exmagistrado de la Audiencia de Valencia vinculado al PSOE y uno de los cabecillas de la red.
La juez relata en el auto de archivo la operación. La factura fue abonada por una de las sociedades de la que formaba parte el empresario Jaime Febrer, imputado por supuestos sobornos a PP y PSOE, pese a que "en ningún momento realizó encargo alguno".
Tampoco "consta que los representante de las sociedades precisasen de tal informe porque, sencillamente, no lo necesitaban pues a la supuesta fecha de encargo, la operación ya estaba más que trazada y en parte ejecutada".
"Atendiendo al precio abonado, en contra de lo alegado, no existe contrato, nota de encargo, honorarios o precio pactado por los servicios a prestar, plazo de ejecución o cualquier tipo de documento que avale la realidad del encargo", recuerda la juez.
Por tanto, "únicamente esta sociedad procede al pago de un supuesto informe de unos 9 folios absolutamente innecesario para sus intereses".
El auto reitera que este pago escondía una comisión para el exjuez Vera, "conseguidor y facilitador de los intereses" del empresario Febrer.
Pago en especie
Torres alegó que el informe bajo sospecha se elaboró en el mes de marzo de 2007. En este sentido, defendió que el objeto del encargo consistía en el estudio de la viabilidad del pago en especie a congregaciones religiosas titulares de colegios concertados, al no poder hacer frente el Ayuntamiento de Valencia al pago de la indemnización.
Además, el informe abordaba otros aspectos urbanísticos para conocer la viabilidad de la posterior modificación del Plan General.
"Evidentemente, el encargo del informe que se dice se llevó a cabo en el mes de marzo de 2007 y que se entregó en el mes de julio de 2007, carece de toda razón de ser porque a esas fechas las congregaciones religiosas ya habían cobrado el dinero que se les debía y no había que plantear pago alguno en especie, por la sencilla razón de que las acreedoras querían la indemnización fijada en metálico", manifiesta el juzgado.
Sin embargo, "los hechos prescribirían a los 10 años desde la fecha de su comisión englobando en dicho plazo también las falsedades documentales cometidas".
Torres figura como investigado desde el año 2019 y, como "ha transcurrido el plazo marcado por la ley y en su consecuencia procede declarar la prescripción de los hechos investigados e imputados por delito de blanqueo y falsedad documental".
Conseguidor
El exmagistrado Vera actuaba de supuesto conseguidor de contratos públicos de Administraciones en manos del PSOE. Y la operativa creada para camuflar las comisiones es "idéntica" a la que utilizó el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, también investigado en este caso, para ocultar las mordidas del PP.
La mujer del exjuez es Antonia Armengol, exdiputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis, más de 1.341.086,36 euros".
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Vera ha ejercido de magistrado en la Audiencia de Valencia durante años y ha ejercido de ponente en más de 2.500 sentencias.
Es considerado uno de los fontaneros históricos del PSOE en Valencia y fue el encargado de denunciar la corrupción del PP en la construcción de Terra Mítica o los contratos de la Generalitat con Julio Iglesias. También ejerció la acusación de la Unión de Consumidores de España en el caso Fabra y mantiene una estrecha relación con varios de los dirigentes socialistas implicados en la trama.