El exmagistrado José Luis Vera, el jurista que el PSOE colocó en Valencia para limpiar la corrupción del PP tras las elecciones de 2015, ha presentado un escrito al juzgado en el que pide sumarse a los argumentos defendidos por la familia de Rita Barberá para anular las resoluciones judiciales que permitieron hallar las pruebas del caso Azud.
Vera ha unido formalmente su defensa a la de la familia de la exdirigente del PP para intentar que la Audiencia de Valencia anule los autos más importantes del caso Azud, la macrocausa contra la corrupción que ha aflorado el supuesto pago de comisiones millonarias a cargos del PP y PSOE a cambio de contratos o planes urbanísticos.
El exmagistrado se ha adherido al escrito presentado porparte de la familia Barberá y hace "suyos cuantos argumentos y motivos allí se exponen, sin que tengamos que señalar otros particulares a los designados en el recurso de apelación al que nos adherimos", según consta en el escrito presentado el 30 de mayo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La semana pasada, la familia Barberá recurrió a la Audiencia de Valencia para evitar que el caso siga adelante e incidió en un argumento: el hecho de ser parientes de la dirigente del PP no es un indicio delictivo. Vera ha pedido ahora sumarse a los escritos de las sobrinas de la exalcaldesa, una de ellas asesora del PP en el Ayuntamiento.
Según el sumario de caso Azud, cuyo secreto se alzó hace más de un mes, Vera habría cobrado mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de empresarios, entre ellos los del promotor Jaime Febrer.
Vera actuaba de supuesto conseguidor de contratos públicos de Administraciones en manos del PSOE. Y la operativa creada para camuflar las comisiones es "idéntica" a la que utilizó el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, para ocultar las mordidas del PP.
La mujer del exjuez es Antonia Armengol, exdiputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis, más de 1.341.086,36 euros".
Hasta hace unas semanas, Vera era el responsable jurídico de la antigua Imelsa, la empresa gestionada por el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent. Además, ha ejercido durante años de magistrado sustituto en la Audiencia Provincial de Valencia.
Su gestión ha sido polémica. En 2016, la Diputación de Valencia tuvo que abortar la publicación del pliego de condiciones para subcontratar la acusación particular en el caso Imelsa ante las dudas que generó el elevado precio máximo que preveía el contrato: 600.000 euros.
El pliego lo redactó Vera y su propuesta llegó tras abonar 90.000 euros a una abogada socia de su antiguo despacho, regentado por Virgilio Latorre, un penalista valenciano vinculado históricamente al PSOE. La Guardia Civil ha investigado la relación entre ambos y Latorre en este caso defiende a Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno en Valencia.
Histórico fontanero
Vera es considerado uno de los fontaneros históricos del PSOE en Valencia y fue el encargado de denunciar la corrupción en la construcción de Terra Mítica o los contratos de la Generalitat con Julio Iglesias. También ejerció la acusación de la Unión de Consumidores de España en el caso Fabra y mantiene una estrecha relación con varios de los dirigentes socialistas implicados en la trama.
Además de apoyar los argumentos de la familia Barberá, Vera ha presentado otro escrito en el juzgado en el que cuestiona la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales y acusa a la jueza de ignorar sus peticiones para anular el caso. Por ello, ha pedido más tiempo para poder estudiar las pruebas recopiladas en los últimos años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Vera "aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer consiga sus propósitos de trato de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos", recoge el sumario. Febrer es uno de los empresarios protagonistas del fraude y tejió durante años una red clientelar con dirigentes de la derecha e izquierda valenciana.
Una de las testigos que ha declarado en el juzgado, antigua empleada del promotor, ha corroborado su relación con el PP y PSOE y como se aprovechaba de su trabajo como magistrado en la Audiencia de Valencia para seguir trabajando para Febrer.
"A José Luis Vera lo metió Jaime Febrer diciendo que era una persona que había sido juez o magistrado, por lo que pensó que sabría algo en estas materias", explicó la trabajadora. Vera figura como ponente en más de 2.500 resoluciones de la Audiencia de Valencia.
Cambios en contraseñas
José Luis Vera fue detenido en mayo de 2021 junto al entonces subdelegado del Gobierno y el exvicealcalde, Alfonso Grau (PP). Los agentes de la UCO sorprendieron al exmagistrado accediendo a su correo electrónico, intervenido por orden judicial tras quedar en libertad con cargos.
Según consta en el sumario, ante la imposibilidad de que los agentes volcaron in situ del contenido de la cuenta tras ser arrestado, "se procedió al cambio de clave de acceso para evitar cualquier modificación o borrado y proceder posteriormente, en sede judicial, al volcado y copiado de los datos, asegurando así la información que pudiera estar contenida en dicha cuenta de correo".
Unas semanas después, la Guardia Civil "intentó acceder a la cuenta para proceder al volcado de la misma, resultando denegado el acceso con la contraseña establecida por los agentes".
Tras este infructuoso intento con la contraseña establecida por los agentes "se procedió a hacerlo con la contraseña original, es decir, la que había sido eliminada con la modificación".Y con esta segunda contraseña, "sí que se pudo acceder al correo electrónico, procediendo a su descarga".
El análisis del correo electrónico ha concluido que el cambio de la contraseña se produjo días después de la detención de Vera.