PP y PSOE se alían en las Cortes Valencianas para multar a los "puteros" con hasta 30.000 euros

El PP y el PSOE irán de la mano en las Cortes Valencianas para sancionar a "los puteros" con multas de un máximo de 30.000 euros para los clientes de los prostíbulos y de hasta 15.000 euros para los que paguen por sexo en las carreteras.

Según ha confirmado a EL ESPAÑOL la portavoz de Igualdad del grupo popular, Verónica Marcos, su formación votará a favor de las dos incitativas que ha presentado el PSOE con el objetivo de que la Comunitat Valenciana sea la primera autonomía en dar pasos para abolir la prostitución.

Se trata de dos proposiciones de ley para reformar la ley autonómica de Carreteras y la de Espectáculos Públicos, propuestas que el grupo socialista intentó aprobar la pasada legislatura, aunque sin éxito debido a la oposición de sus socios de gobierno en ese momento, Compromís y Podemos.

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En cuanto a la reforma de la Ley de Carreteras, el PSOE propone que la demanda de sexo en las vías de titularidad autonómica se considere infracción grave, lo que comporta sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros.

La propuesta incluye un nuevo artículo que prohíbe "cualquier actividad que atente contra la dignidad humana y los derechos de las mujeres" y tipifica dos nuevas conductas constitutivas de infracción grave: solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos y ocupar temporalmente zonas de dominio público para realizar cualquier actividad de carácter sexual a cambio de dinero. 

Estas nuevas conductas, según la iniciativa, nunca serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual. 

El cambio en la Ley de Espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Generalitat valenciana pone el foco en los locales en los que se ejerce la prostitución.

Además de perseguir cualquier tipo de demanda en los establecimientos (con multas de entre 601 y 30.000 euros) y sancionar la publicidad, la principal novedad de la reforma es la modificación en el régimen de infracciones para los locales, con multas que oscilan entre los 30.001 y los 60.0000 euros. También se prevé el cierre del establecimiento de manera inmediata.

Lucro obtenido

También se regula como una infracción muy grave la utilización de una de las licencias prevista en el catálogo para encubrir la prostitución y la tercería locativa, es decir, el lucro obtenido por quien proporciona un lugar para que se ejerza la prostitución.  

La finalidad, según reza la propia iniciativa, es eliminar la principal causa de la existencia de la prostitución: la demanda. Al respecto, añaden que se estima que cada año alrededor de 115.000 hombres consumen prostitución en la Comunitat Valenciana y que las infracciones introducidas con esta reforma "servirán para disuadir estos comportamientos y para sancionar a los responsables de la explotación sufrida por las personas prostituidas".

Ambas proposiciones de ley, firmadas por la vicepresidenta segunda del Parlamento valenciano y exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, hacen hincapié en que "la prostitución es una forma de violencia extrema contra las mujeres", por lo que consideran víctimas a las mujeres prostituidas. 

En este sentido, señalan que la Administración "tiene que salvaguardar a las víctimas del sistema prostitucional" y por ello, además de las medidas punitivas, proponen un plan integral de apoyo y protección para ellas, con medidas que garanticen a las víctimas recursos sanitarios, formativos, laborales y residenciales.

Además, el PSOE propone que todos los fondos obtenidos por las multas en este ámbito se destinen a financiar estos programas de ayudas. 

Desde el PP, la diputada Verónica Marcos, aseguró a EL ESPAÑOL que votarán a favor de ambas iniciativas porque están en contra de que "las mujeres estén en las calles y estén en los prostíbulos", pero matizó que estas reformas son "dos tiritas legislativas que no solucionan el problema". Al respecto, dijo que podrían invisibilizar a las mujeres y "llevarlas a los pisos clandestinos".

Protesta contra la prostitución. EE

La diputada autonómica abogó por una ley integral de trata "consensuada y dialogada" para "acabar con los proxenetas" y criticó que el Gobierno central no la haya puesto en marcha, pese a recogerse en "el pacto de estado contra la violencia del año 2017".  

Por su parte, Gabriela Bravo explicó a este periódico que el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son fenómenos relacionados, "son las dos caras de una misma moneda", pero consideró que únicamente con una ley de trata no se solucionaría el problema de la prostitución.

Tal y como indicó Bravo, para acabar con la trata hay que "frenar el mercado", puesto que "existe tráfico de mujeres y de niñas porque hay hombres que pagan por sexo".

La dirigente socialista defendió que hay que "poner el foco" en la demanda, en los proxenetas, en la publicidad, en la tercería locativa y en todos aquellos que se benefician de la explotación sexual, "problemas que no se abordan" en las leyes de trata.   

"Nuestras reformas legislativas son un primer paso para erradicar la prostitución. Por primera vez en España el foco se sitúa en la demanda", aseguró, al tiempo que dijo que su objetivo es "más ambicioso". "Siempre he reivindicado una ley integral para la abolición de la prostitución siguiendo la estela de otros países como Francia y Suecia", concluyó.

Estrategia abolicionista

El grupo socialista, ahora desde la oposición, continúa con la cruzada para abolir la prostitución que inició en 2021, cuando Bravo, como consellera de Justicia, creó un foro de expertos para estudiar y proponer una estrategia abolicionista.

Fruto del trabajo de dicho foro, la exconsellera propuso un decálogo de medidas entre las que se encuentran estas dos reformas legislativas y la elaboración de una ordenanza municipal que ya han aprobado decenas de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 

El PSOE intentó aprobar estas reformas de las normas autonómicas en el Pleno del Consell, pero los socios de gobierno, Compromís y Podemos, lo bloquearon. De hecho, la entonces vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, afirmó que "para erradicar la prostitución hace falta algo más que medidas punitivas".

Ante esta negativa, el PSOE lo presentó como reforma legislativa en las Cortes, por la vía de urgencia y por lectura única por ser final de legislatura. El PP votó a favor, pero Compromís y Podemos no lo apoyaron y la doble reforma no salió adelante.

Según el último estudio del profesor de la Universitat de València (UV) Antonio Ariño, La Prostitución en la Comunidad Valenciana, hay entre 10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución en la autonomía y hay 164 prostíbulos detectados. 

"Hay casi 170 prostíbulos en la Comunidad Valenciana dedicados al negocio del sexo femenino que actúan con absoluta impunidad beneficiándose de la explotación sexual de mujeres y niñas", destacó Bravo, para quien "las carreteras además siguen representando un escenario de máxima vulnerabilidad para mujeres y niñas".