El turismo genera el 25 por ciento del PIB en Sevilla. La actividad es muy lucrativa para la ciudad, pero en los últimos años, la proliferación de las viviendas de uso turístico han generado problemas de convivencia que el Ayuntamiento de Sevilla se ha comprometido a solucionar.

Varios grupos de vecinos se han organizado en plataformas como Sevilla se muere o Sevilla Resiste. Paralelamente, los alquileres suben. Un informe de Fotocasa achacaba al turismo el incremento de los precios en un 10,4 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior.

En esta tesitura trabaja el Ayuntamiento para tratar de reducir la presión que sufren diariamente los ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el Casco Antiguo y en Triana, las zonas más saturadas.

Para ello, los servicios municipales trabajan siguiendo tres líneas de actuación. La primera de ellas y la "principal", tal como ha apuntado el alcalde, José Luis Sanz, es "la mejora continua de la convivencia entre los vecinos y los usuarios de viviendas".

Así, se aprobó en el Pleno una nueva ordenanza de limpieza que por primera vez recogía una obligación para los propietarios de las viviendas turísticas. En base a esta norma deben informar a los inquilinos del horario de recogida y la ubicación de los contenedores cercanos.

Recogida de basura

El de la acumulación de basura en sitios no indicados es uno de los problemas que se han acentúado en los últimos años a raíz de la proliferación de estas viviendas.

Del mismo modo, de la mano de la patronal de estos alojamientos, AVVA PRO, se aprobó en el mes de marzo un código de buenas prácticas.

Dicha asociación se comprometía a promover, entre otras acciones, la instalación de medidores de ruido, la publicación de las normas de convivencia en el alojamiento en varios idiomas y la implantación de puertas automatizadas en sustitución de los candados que se acumulan por todo el centro histórico.

La segunda actuación tiene un marcado carácter político, ya que necesita su aprobación en un Pleno donde el alcalde no tiene mayoría. No es otra que la limitación de las viviendas turísticas en determinadas zonas de la ciudad.

La limitación, bloqueada

El Gobierno local llevó a Pleno la propuesta de limitar al diez por ciento respecto a las residenciales las viviendas de uso turístico en las zonas más saturadas como Triana y Casco Antiguo. La oposición rechazó la medida en junio y no permitió que alcanzara el Pleno en el mes de julio.

Desde el PSOE consideraban que "se puede endurecer aún más la norma" y apostaban por "suspender la concesión de autorizaciones" de este tipo de viviendas hasta que se modificase el Plan General de Ordenación Urbanística. Por contra, desde el Ayuntamiento insisten en que este tipo de moratorias son "ilegales".

Según datos del registro oficial de la Junta de Andalucía, desde que en febrero anunció el Consistorio su propuesta de limitación, se han registrado cerca de 400 pisos más, un efecto llamada que no se puede revertir mientras la norma no sea aprobada en Pleno, según afirman desde el Ayuntamiento.

Por ello, en los próximos meses el equipo municipal seguirá estableciendo contactos con los diversos grupos de la oposición en busca de un acuerdo que sirva de freno a este tipo de viviendas.

Lucha contra las ilegales

La última línea de actuación es la que ha despertado más polémica, la de la lucha contra las viviendas turísticas ilegales. En el Consistorio estiman que hay cerca de 5.000. Especialmente llamativa resultó la propuesta de cortarle el agua a los pisos que operen sin la licencia requerida. Suscitó polémica porque algunos juristas cuestionaban su viabilidad.

No obstante, desde el Ayuntamiento aseguran que "cumple con la legalidad". Según exponen, un informe del servicio municipal de Licencias e Inspección Municipal enmarca esta medida dentro de las posibilidades de la Ley del Suelo Andaluza.

Sea como sea, la medida obliga el Consistorio a abordar a partir de septiembre un refuerzo de la policía turística. Esta unidad de la Policía Local sería la encargada de asumir un aumento de las inspecciones. Si se acredita que la vivienda está fuera de la ley y que no hay nadie domicilado, se iniciará el proceso para interrumpir el suministro.

De forma paralela, el Ayuntamiento ya ha pedido a la Junta de Andalucía la retirada de 715 viviendas que, a su juicio, incumplen la normativa. Para ello, la Consejería de Turismo debe revisar todas sus declaraciones responsables enviadas por la Gerencia de Urbanismo y retirar su licencia.

Del mismo modo, se revisarán las declaraciones responsables de todas aquellas viviendas inscritas a partir de marzo de 2022, cuando se modificó el PGOU y se añadieron nuevos requisitos para este tipo de apartamentos. Para ello se ha compometido a trasladar a la Junta la documentación de un mínimo de diez viviendas a la semana.

Asimismo, se aumentarán las inspecciones y agentes de la policía turística y de la Consejería de Turismo participarán en las reuniones mensuales de la Gerencia de Urbanismo para tratar el asunto.

Junto a la patronal

En esta tarea, el Ayuntamiento de Sevilla ya camina de la mano de AVVA PRO, la patronal del sector, con el que acaba de acordar la creación de un registro oficial de pisos de uso turístico regladas. La pretensión es que, al quedar fuera las ilegales, sea una referencia para los usuarios interesados y para los profesionales.

Además, el Consistorio creará una placa identifica propia y específica que identifique a este tipo de alojamientos, en un sistema parecido al que ya tienen los hoteles y apartamentos turísticos. Es otra forma de que sean fácilmente detectables tanto por vecinos como por los propios turistas.

El abordaje de estas tres vías de actuación para reducir la presión del turismo sobre los sevillanos volverá a ser uno de los asuntos centrales del curso político que empieza en septiembre. El Ayuntamiento mantiene numerosos frentes abiertos para reducir las molestias que genera a los ciudadadanos el que, paradójicamente, es el principal motor económico de la ciudad.