El 65% de las condenas por violencia sexual se dictan en CCAA sin competencias para dar apoyo legal a las víctimas

La Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada el pasado 2 de enero en el Boletín Oficial del Estado, lo recoge en su artículo 89, contemplando además que serán los juzgados de violencia de género los encargados de asumir dichas competencias judiciales. 

La aplicación tiene sus aristas. Porque de facto, numerosas comunidades autónomas con competencias delegadas en materia de Justicia ya lo venían ofreciendo, como Cataluña. Otras, como Andalucía, también con competencias delegadas, también lo han ofrecido. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), han atendido a 7.045 víctimas en 2023, según datos facilitados a este periódico.

Fuentes consultadas de la Junta de Andalucía precisan que lo han hecho pese a que el límite económico establecido por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y sujeto, por tanto, a no situarse por encima de dos veces el IPREM, algo que queda ahora abolido. 

De las 17 comunidades autónomas españolas, 7 no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Son Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla. Es en estas comunidades donde se ha venido produciendo una situación de desigualdad en la asistencia a las víctimas que la conocida como Ley del Sí es Sí vino a paliar, pero que se ha continuado produciendo por los retrasos en su desarrollo.

Entre todas ellas suman un total de 2.285 condenas por delitos sexuales, entre los que figuran las agresiones, las violaciones o los abusos, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, que datan de 2023.

Las siete comunidades, según los mismos datos, aglutinan más del doble de las condenas que dictaron en el resto de España en 2023: en concreto, el 65,9% de los casos, de las 3.468 sentencias dictaminadas en el conjunto del país ese mismo año.

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Las cifras contrastan con los datos de 2023 del Ministerio de Interior, que constatan en su Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual que se registraron un total de 21.825 delitos, la mayoría de ellos en Cataluña (4.361) seguida de Andalucía (3.473), Madrid (3.066) y Comunidad Valenciana (2.575). 

Con respecto a 2024, el Balance de Criminalidad de Interior arrojó que en España, entre enero y septiembre del mismo año, se produjeron 14 violaciones y 55 agresiones sexuales al día, dentro de unos datos que señalan un aumento de casi cinco puntos respecto a 2023. En los nueve primeros meses de 2024 se interpusieron 16.010 denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 6,1% más.

Voluntad legislativa

Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía subraya a EL ESPAÑOL que, con respecto al retraso en la regulación de la norma para igualar en derechos a todas las víctimas "ha habido una falta de voluntad legislativa" por parte del Gobierno, pues considera que "no exigía mucho su aplicación y ni tampoco hacerlo mediante una ley orgánica". 

No obstante, pese a no tener las competencias, la Junta de Castilla y León, desde el 1 de enero de 2017, y mediante un convenio con el Consejo de la Abogacía castellanoleonés, sí viene ofreciendo la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia sexual, tanto mayores como menores de edad, detalla Rodríguez Santociles, quien es además decano del Colegio de Abogados de León. 

CGA

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Fuentes de la Consejería de Familia detallan a este periódico que desde 2017 a hoy se han invertido 930.030 euros en ese convenio, y han prestado asistencia jurídica completa y gratuita a 1.280 víctimas. En 2024 fueron 275 las mujeres a las que se les presté servicio. En cuanto a los recursos, se ha dispuesto un total de 734.700 euros única y exclusivamente para la asistencia jurídica a las víctimas de agresiones sexuales, una cifra que incluye el turno de oficio.

Por su parte, fuentes consultadas del gobierno de Murcia señalan a este respecto que "no tienen competencias judiciales y el turno de oficio lo paga el Ministerio de Justicia".  En cuanto a Castilla-La Mancha, también sin competencias, fuentes de la Consejería de Igualdad abundan que actualmente, y ante el retraso en la aplicación de la norma que depende del Ministerio de Justicia, iniciaron hace unos meses conversaciones "con los colegios de abogados para rubricar convenios para asistir integralmente a las víctimas y que van a firmarse en breve".

Subrayan además que, según datos preliminares, "en 2024 nuestra Red de Centros de la Mujer atendió 125.776 consultas de mujeres. De ellas, 31.065 tienen que ver con casos de violencia de género. Dentro de estas 31.065 consultas, 9.292 se realizaron desde al área jurídica. Es decir: atendimos 9.292 consultas por casos de violencia de género en los que se pedía asistencia y acompañamiento jurídico". 

Imagen de archico de la presentación del Centro de Atención Integral a víctimas de violencia sexual de Albacete

Por ello, destacan que en toda la red regional de Centros de la Mujer "se ofrece asesoría jurídica", también a víctimas de agresiones sexuales, pero no asistencia letrada gratuita durante todo el proceso judicial, algo que sí se ofrece en los casos de violencia de género, que en ocasiones también van acompañados de agresiones sexuales.

"Ahora tenemos que ver cómo vamos a coordinarnos y qué parte va a financiar el Estado", subrayan las mismas fuentes. "Porque somos una comunidad infrafinanciada, y ya lo estamos viendo lo que está ocurriendo con los cinco centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, que los ha constituido el Gobierno en 2024 pero su funcionamiento lo paga la comunidad autónoma".

Ambos aspectos "los trasladamos en la última conferencia sectorial, al igual que indicamos que era necesario la acreditación del término 'víctima' siguiendo un criterio homogéneo entre todas las comunidades autónomas, para que ser víctima sea igual en toda España". 

Los jueces, en alerta

La segunda arista es que en la práctica, serán los juzgados de violencia de género los que asumirán, a partir de septiembre, las competencias en materia de violencia sexual, delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cuando la víctima sea una mujer.

Esto ya ha generado preocupación entre los magistrados ante un posible colapso. Lo ha manifestado este jueves Joaquín Andrés, magistrado titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Palma al Diario de Mallorca. Asevera que los tres juzgados de violencia machista de Palma deberán asumir unos 450 nuevos casos de agresión sexual al año dentro de nueve meses.

"No solo se trata de que cada juzgado tendrá más de 150 casos al año, sino que son causas complejas, la mayoría acaban en sumarios, la tramitación es más complicada, no son instrucciones sencillas", precisa el magistrado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció este jueves que trabajan en un Real Decreto para reforzar estos juzgados, al prever que su carga de trabajo aumentará un 20%. También explicó que "no habrá que crear nuevos juzgados, porque será una sección especializada dentro de los tribunales de instancia" las que se encargue de asumir estos asuntos.

Bárbara Izquierdo es jueza titular del juzgado de violencia de género número 1 de Cádiz. "El único que hay" subraya a EL ESPAÑOL, mientras explica que atiende todos los casos de tres ciudades: Cádiz, San Fernando y Puerto Real. Calificado como juzgado comarcal, por sus manos pasan "unos 1.400 casos al año, todos ellos de temas sensibles". Con el cálculo ministerial de que asumirá un 20% más de casos de violencia sexual a partir de septiembre, serán unos 280 asuntos más. 

Ella ya ha hecho sus cálculos sobre la base de las estadísticas policiales de las localidades que son de su competencia. "Se han dado 150 casos en dos años. Serían 70 casos anuales, unos 6 o 7 casos al mes". Precisa que "no me asusta el volumen: lo que me asusta es el tiempo, porque se va a ralentizar todo". Todo ello sin contar "con los informes psicológicos, que tardan una media de dos años. Ya con eso se comería el plazo dado para las instrucciones, que debe ser inferior a un año". 

Vista de la Ciudad de la Justicia en Málaga.

Otra jueza de violencia de género que se ha pronunciado es Carmen Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia número 1 de Málaga. Considera que "la sobrecarga brutal supone la muerte de los órganos" contra la violencia machista. Los tres juzgados de la capital malagueña tramitaron el pasado año1.400 diligencias previas por órgano judicial, lo que para Gutiérrez "supone ya una sobrecarga sin precedentes".

Los de violencia de género, en los que hay que escuchar a la mujer, y los de tipo sexual, que en los casos más graves, con penetración, "no son para abordarlos con 10 minutos de declaración", abunda la jueza Bárbara Izquierdo. "Cuando te llegan estos casos, no hay tiempo y se para el reloj. Y esto influye además en que los funcionarios no pueden trabajar hasta las 10 de la noche. Se necesitan refuerzos. Y sobre todo, por el trato exquisito que merece la víctima".