La Junta de Andalucía trasladó a otros centros a los tres menores investigados por presuntos abusos sexuales a una niña en un colegio de Granada ante la posibilidad de que hubiera más víctimas. Así lo han confirmado fuentes de la Delegación de Educacióna EL ESPAÑOL después de ser cuestionados por si se activó el protocolo de acoso o el de violencia de género en el ámbito educativo.
En estos momentos, el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores continúan investigando el presunto caso de agresión sexual que ha conmocionado este miércoles tanto a la comunidad educativa como a la sociedad en general. Además, la posibilidad de que haya otros casos de abusos sexuales en el mismo centro educativo cometidos por parte de los mismos tres menores continúa abierta.
Las primeras informaciones, avanzadas por el diario Ideal y confirmadas posteriormente por este periódico, mencionaban que los hechos habrían involucrado a tres alumnos de los cursos superiores de Primaria, de 5º o 6º, que presuntamente abusaron de una niña de los primeros niveles, de 1º o 2º de Primaria.
Uno de los elementos más complicados de este caso es la edad de los presuntos agresores. Al tratarse de menores de 14 años, en caso de que se confirmen los hechos, no podrían ser imputados penalmente. En estos escenarios, es la Junta de Andalucía, como entidad social, la que debe intervenir y establecer medidas de protección y corrección necesarias tanto para la víctima como para los implicados.
Protocolo judicial activado
El suceso comenzó en octubre, cuando los padres de la menor la llevaron al Hospital Materno Infantil de Granada tras notar que presentaba dolores e irritación en la zona vaginal. En un primer momento, la niña no quiso contar lo sucedido, lo que generó dudas sobre el origen de las molestias. Semanas más tarde, la menor fue capaz de relatar lo que, según sus palabras, serían abusos sexuales por parte de compañeros mayores.
Este nuevo relato llevó a los padres a acudir nuevamente al hospital. En esta ocasión, los especialistas de Urgencias realizaron una evaluación más exhaustiva y decidieron remitir un parte de lesiones al juzgado de guardia. Posteriormente, un forense examinó a la niña y activó el protocolo judicial. Desde entonces, el caso está en manos del Juzgado de Menores de Granada, mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.
La Policía Nacional ha confirmado la apertura de una investigación, aunque a pesar de los numeros intentos de EL ESPAÑOL de recabar más información se ha mantenido un estricto hermetismo sobre los detalles debido a la gravedad y la sensibilidad del caso al ser menores de edad.
La Fiscalía de Menores, por su parte, sólo ha confirmado la solicitud que han realizado al Grupo de Menores (Grume) para que sean ellos los que identifiquen a los posibles implicados y recopile toda la información relevante.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que las pruebas médicas iniciales apuntan a una posible rotura del himen, aunque los primeros exámenes pediátricos no detectaron lesiones visibles. Los padres de la menor, además, han señalado un cambio drástico en su actitud desde octubre.
Según su denuncia, la niña comenzó a mostrar rechazo a asistir al colegio y manifestó un nerviosismo inusual en situaciones rutinarias. Incluso personal del centro escolar confirmó haberla visto llorar en varias ocasiones. Estos comportamientos añadieron peso a las sospechas, lo que llevó a los padres a buscar ayuda médica y a confiar en las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
Expediente disciplinario
La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha informado que, como medida preventiva, se ha abierto un expediente disciplinario para analizar la situación y tomar las medidas pertinentes. Desde la Junta no han querido ofrecer más detalles, en línea con el enfoque reservado de las autoridades, pero sí han confirmado que los menores señalados en la denuncia han sido trasladados a diferentes centros educativos.
La madre de la menor decidió presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional tras los primeros indicios médicos y el posterior relato de su hija. Según fuentes judiciales, el caso está en sus primeras fases de instrucción, lo que significa que se están recopilando pruebas y testimonios para construir un marco más sólido sobre lo sucedido.
Por ahora, tanto la Fiscalía como la Policía trabajan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Entretanto, la menor y su familia están recibiendo el apoyo necesario mientras las instituciones actúan para garantizar su seguridad.