Simona Chambi, la asistenta de Vicky Rosell, contraataca: "Me pagaba 500 euros en negro"

En medio de una baja médica tras una operación de cataratas, Chambi, de 53 años, asegura que fue despedida sin ninguna explicación y de forma improcedente, después de ocho años al servicio de la magistrada. Rosell y su pareja de hecho, el periodista Carlos Sosa, le ofrecieron una compensación de 800 euros y firmar una carta de despido en la que mostrara su conformidad. Chambi se negó.

A partir de ese momento, la empleada se vio envuelta una tortuosa batalla judicial para exigir una compensación justa por todos los años que trabajó en casa de Rosell. La jueza contraatacó con una denuncia contra Chambi por extorsión. La acusó de tratar de obtener rédito económico por la posición pública de Rosell.

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La boliviana perdió su primer lance: su demanda para que fueran reconocidos sus derechos laborales fue desestimada. Sobre este caso, Chambi señala que la jueza encargada era amiga de su antigua empleadora. Sin embargo, tuvo una pequeña victoria: otro juez desestimó la denuncia de Rosell por extorsión y la empleada quiso “limpiar su nombre”.

Chambi ha contraatacado con una querella que no está admitida todavía a trámite en la que exige una compensación de 60.000 euros de Rosell y Sosa, a quienes acusa de “utilizar una estrategia sibilina propicia para que Simona se asustara al ser citada por la Policía, de amedrentar y perjudicar a la querellante dado su nivel de humildad, escasos medios económicos para litigar y nivel cultural bajo”, según el escrito de su abogado, Federico Vicente. El próximo 19 de abril tiene la cita la demandante. 

Empleada sin contrato

Chambi, natural de Sucre (Bolivia), llegó a Gran Canaria en 2005 en situación irregular. Comenzó a trabajar en varias casas. En 2012, recomendada por una abogada, entró a trabajar en la casa de Victoria Rosell. En el domicilio vivían la jueza y Sosa, junto a las dos hijas de la primera, quienes pasaban algunas temporadas con su madre.

“Tenía un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Entré a trabajar sin contrato por 500 euros al mes, en negro. Limpiaba la casa y hacía la plancha. A veces me pedían que entrase a trabajar antes para encargarme de las niñas”, dice Chambi en conversación telefónica con este periódico, tras un largo viaje a Bolivia en el que se ha reunido con sus familiares antes de volver a los tribunales.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. EFE

Al cabo de un año, Chambi exigió a Rosell que le diera de alta en la Seguridad Social. “Necesitaba estar dada de alta para renovar mi permiso de residencia. Ella accedió, pero dijo que no tenía mucho dinero y que tenía que descontarme la cuota de la Seguridad Social de mi sueldo”, explica. Los 500 euros se quedaron en 420.

Chambi describe a la número dos del Ministerio de Igualdad como “autoritaria” y “prepotente”. En una ocasión, la empleada quiso dejar la casa por su propio pie, después de que la jueza le acusara de haber manchado unas prendas de sus hijas. “Me reclamó por algo que no hice, a lo que le contesté: ‘Si no me cree, mejor me marcho’. El señor Sosa evitó que me fuera, él siempre me trató bien. Pero ella es alguien que siempre quiere tener la razón, aunque no la tenga. Nunca reconoce sus errores”, asegura la exempleada.

Los años transcurrieron sin un solo aumento salarial y algún que otro momento de tensión. Chambi consiguió la nacionalidad española y logró traer a sus tres hijos a Gran Canaria. En 2019, se operó de cataratas, intervención para la cual llevaba dos años esperando. Después, pidió la baja.

“El señor Sosa me dijo que no había ningún problema y que me recuperara. Y después, un día, sin esperarlo, me llegó un mensaje citándome en la casa diciendo que ya no contaban con mis servicios”, apunta. Chambi recuerda que salió de casa de Rosell “llorando”.

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“Mamita, ¿qué es la extorsión?”

En medio de la pandemia, Chambi se puso a buscar un abogado, no sin dificultad. “Estaba todo parado y yo me negaba a aceptar 800 euros por todo el tiempo que había trabajado. Necesitaba un abogado”. A través de una de sus dos hermanas, también empleadas del hogar en Gran Canaria, llegó a Federico Vicente, expolicía que se sacó la carrera de Derecho a distancia para dedicarse a la abogacía, quien aceptó su caso.

La jueza que lo llevó, sin embargo, no le dio la razón. Simona le acusa de ser “amiga” de Rosell, quien tenía una gran influencia en la judicatura de las islas. “Ni siquiera me dejaron hablar. Nunca me iba a dar la razón porque son amigas”, dice.

Mientras, Rosell respondió con la denuncia por extorsión, una palabra que, según reconoce Chambi, “jamás había escuchado hasta ese momento”. Le citó a declarar la policía. La noche previa, Chambi recuerda que no durmió: “Pensaba que me iban a acusar de robar, que me iban a arrestar o que me deportarían”.

En las dependencias policiales, Chambi asegura que los agentes le preguntaron qué es lo que había hecho. Ella les dijo la verdad: “Nada, no había hecho nada malo. Sólo exigir lo que me correspondía. Más que amedrentarme, me sentí más fuerte porque yo sabía que no había extorsionado a nadie en mi vida”, dice. Según su relato y como confirmó el abogado, un agente confesó al letrado que “sólo seguía órdenes de arriba”.

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Pese a que la denuncia fue finalmente desestimada, el coste personal de la acusación fue alto. Simona apareció en prensa y televisión, y su imagen se vio perjudicada. “Uno de mis nietos, viendo la televisión, me decía: ‘Mamita, ¿qué es la extorsión?’. Después de que me despidieran, mantuve un trabajo en una casa a la que iba los fines de semana, pero no me llamaban de otros sitios. O si me llamaban para la entrevista, luego me decían que no viniera…”, lamenta.

Por ello, la emprendió de nuevo contra Rosell. Aunque no le compensaran por su trabajo durante aquellos ocho años como empleada doméstica, Chambi quiere, por lo menos, “limpiar su nombre”. “Quiero que pida disculpas. No porque una persona esté en lo más alto de la sociedad puede humillar a otras”, concluye.