Condenan a CyL a dar 150.000 € a una madre por separarla de sus hijas por discutir por un móvil

Todo comenzó con el forcejeo por un móvil. A. P., de origen búlgaro y madre soltera de dos mellizas adolescentes, intervino el terminal a una de las niñas tras una riña. Ella misma ordenó a las menores que contaran lo ocurrido en una de las sesiones con la orientadora del programa de intervención familiar. A raíz de esto, sin ningún informe más, la Consejería de Educación de Castilla y León decidió llevar a las niñas a un centro residencial de menores a 80 km aproximadamente de su domicilio. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la administración a pagar 150.000 euros a la madre y las dos niñas por lo ocurrido.

La decisión de la Consejería fue tomada, según relata la sentencia, sin que constara "ninguna audiencia con la madre". De hecho, "ni se la pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores".

La mala praxis, apunta el fallo, está acreditada. "Se aprecia una actuación precipitada y desproporcionada de la Administración", recoge el mismo.

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"Lo oportuno —esgrimen los magistrados— hubiera sido volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado y tomar las decisiones oportunas con un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores, no obstante esta audiencia no tuvo lugar en ningún momento, ni una explicación a las menores de lo que podía llegar a ocurrir".

Asimismo, recurda el TSJ de Castilla y León que los "Programas de Intervención Familias son específicos de apoyo a familias cuyo objetivo es preservar la integridad de la familia, evitando una separación de ella de los niños". En este caso, por tanto, "las niñas de 12 años tendrían que haber sido escuchadas previa explicación de lo que podría ocurrir, teniendo en cuenta que es traumático separar a dos niñas de su madre".

La Fundación Raíces se ha hecho eco del caso después de haber sido el gran apoyo de la madre en estos años. De hecho, fue esta entidad quien asumió la defensa de A. P. a través de su gabinete jurídico.

El propio Ministerio Fiscal aseguró que no había "un solo dato de desprotección, que la Administración había actuado con una desproporción abismal, que el acogimiento residencial es el peor de los recursos de protección y que las menores están con su madre bastante mejor que con la Administración".

Las niñas y la madre estuvieron un año separadas, entre 2016 y abril de 2017. Fue el Juzgado de Primera Instancia de Ávila quien acordó mediante sentencia estimatoria que las niñas regresaran al domicilio familiar. 

Según la Fundación que defendió a la madre, durante el periodo en el que estuvieron separadas, "los técnicos de Servicios Sociales se dedicaron a intentar justificar su actuación criminalizando a la madre mediante informes que tan solo repetían una y mil veces la discusión por el móvil e intentando basar su decisión en apreciaciones subjetivas y juicios de valor sobre modelos de crianza, entornos residenciales, etc. llegando incluso a limitar a una hora un día al mes las visitas con su madre".

Asimismo, esta fundación también denuncia que "durante su estancia en el Centro de Menores, las niñas relataron haber sufrido agresiones por parte del personal, causando todo ello gravísimos daños físicos y morales a las niñas y a la madre".

La madre y las niñas

Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, exponía que "en este caso, después de un año, logramos que las niñas pudieran volver con su madre y, tras seis años, se ha reconocido que la actuación de la Administración vulneró sus derechos, pero no puedo dejar de pensar que en nuestro país, miles de familias se enfrentan a situaciones semejantes".

El motivo que esgrime Reyzábal es que "nuestra legislación, a diferencia del resto de Europa, permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no judicial, que no ofrece las suficientes garantías ni a los propios niños y niñas ni a sus familias, que ven su familia rota por un mero informe de los servicios sociales".

La presidenta de Raíces ha pedido al Gobierno que aproveche la oportunidad para "poner fin a las vulneraciones de derechos que con las retiradas de tutela" que llevan "tantos años sufriendo las familias en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país".

"Si en España este procedimiento ya concedía un poder casi omnímodo a los técnicos de Servicios Sociales —continúa Reyzábal—, hoy, en virtud de la LOPIVI, la indefensión de las familias es absoluta. Se ha otorgado la categoría de agente de autoridad a los técnicos de la administración".

Las niñas, que en el momento de la intervención tenían 12 años, apuntaron que para ellas fue "un trauma"; lo vivieron como "un secuestro". Todo ello llevó a los daños morales que el TSJ considera probados.

"Constan acreditados —relata la sentencia— en forma de inadaptación de las niñas, aislamiento, comportamientos de rabia e ira… dolores de cabeza, de espalda, dormir fatal, etc. Y siendo niñas que tenían buena salud física y mental, tuvieron que ser atendidas por problemas de pérdida de peso y de salud mental… sufrir cuadros de ansiedad e incluso guardar reposo y desarrollo de anorexia…. Empeoró el absentismo escolar y el desinterés y empeoramiento de sus calificaciones”.

La madre de las niñas ha asegurado que este tiempo "ha sido el más doloroso de nuestra existencia". "La impotencia y verte arrollado por un sistema poderoso que funciona contra ti, que no eres nadie, ha sido como David contra Goliat, darte cuenta de que por mucho que luches estás perdido", expuso a Fundación Raíces.

"Todos me avisaron de que de ahí no salía nadie, porque es la Administración Pública. Yo pensaba que estaban ahí para ayudar a las personas vulnerables. ¿Es su función, no? Pues no fue así. Sin Fundación Raíces no seríamos una familia ahora, las niñas allí nunca hubieran llegado a sus sueños y yo lo mismo ya no seguiría aquí", expuso.

Asimismo, las menores también quisieron dar su versión de los hechos a la fundación. "Creo que la gente no es consciente del impacto que supone separar e internar a un menor en un centro. En primer lugar porque es un secuestro, no creo que haya otro término para lo que hacen. Te arrancan de un ambiente conocido y seguro, como es la familia y la escuela, y te llevan a un ambiente hostil y desconocido, haciéndote sentir inseguro y vulnerable. Todo esto lo que genera es un estrés inmenso, miedo y un enorme desconcierto. En ningún momento nos explicaron qué es lo que estaba ocurriendo".

La otra niña, con iniciales similares a las de su progenitora, exponía: "El trato que recibe un menor en un centro no se aleja del trato que puede recibir el ganado en una ganadería. Al fin y al cabo, eres el trabajo del personal del centro y te acabas sintiendo como un número más, como la propiedad de la administración, sin voz ni voto”.