Radiografía de las pulseras GPS que quiere imponer Montero: 3.015 ya la llevan y sólo quedan 1.000

Lo explicó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, durante el acto Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025. El anuncio sorprendía, sobre todo por el cambio de parecer que anunciaba en Igualdad.

Si hace apenas un mes Irene Montero afirmaba en el Congreso de los Diputados que a raíz de la ley de libertad sexual "no se conoce una reducción de penas, y no se va a conocer, es propaganda machista"; ahora desde el mes pasado había una orden para proteger a las víctimas afectadas por las rebajas de penas "imprevistas" y excarcelaciones "sorpresivas", aludiendo a las producidas a raíz de la Ley del Sí es Sí.

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Hasta la aprobación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, este sistema sólo se aplicaba a víctimas de violencia de género. A partir de entonces, a todas las víctimas de violencias sexuales.

No ha sido el único movimiento en este sentido en los últimos días. El pasado 10 de enero, Teresa Peramato Martín, fiscal de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer, emitía un oficio en el que recordaba a los fiscales "que intervienen en las guardias de violencia de género el deber de intensificar nuestra actuación proactiva de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para enervar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio".

Para ello, solicitaba a los fiscales que "en aquellas situaciones en las que la Valoración de Riesgo Policial es de riesgo 'Extremo', 'Alto' o 'Medio de especial relevancia' interesarán la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas".

De igual manera, "si en el curso de la tramitación del procedimiento resultara una agravación del riesgo (deducible por las Valoraciones de Evolución del Riesgo Policial, informes forenses, por la declaración de la víctima, por incumplimientos de la medida cautelar acordada o por el resultado de otras diligencias), salvo que proceda acordar la prisión provisional, se solicitará la instalación del dispositivo".

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Fuentes del sistema judicial consultados por EL ESPAÑOL aseguran estar "sorprendidos" por lo expuesto desde el Ministerio de Igualdad. No es que la medida sea imposible de llevar a cabo, sino que "resulta de difícil acomodo en la práctica de nuestros tribunales". 

Esgrimen dos razones fundamentales: la primera es de disponibilidad de estas pulseras ("en Madrid, a lo mejor se da, pero en un pueblo de Castilla y León..."); la segunda, la carencia de un mecanismo procesal que les permita actuar con tanta premura. "La Justicia no es tan lenta como parece, pero no puede ser inmediata, porque nuestro sistema establece unos mecanismos de control para evitar arbitrariedades. El precio de la garantía es el tiempo. Por muy loable que sea hacer las cosas en 24 horas, en nuestro procedimiento es muy difícil conseguirlo", apuntan a este medio fuentes judiciales.

Para comenzar por el principio, los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad, correspondientes a noviembre de 2022, apuntan que hay activas 3.015 (un 16,77% más respecto al año anterior) pulseras de este tipo en el sistema. Según la cartera que dirige Montero, la justicia cuenta con 4.396 dispositivos de este tipo, según 20 Minutos, por lo que habría suficientes para otorgar a las víctimas que solicitaran protección y a sus victimarios.

Objetivos del sistema

El protocolo establece que el sistema proporcionará información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas, así como de las posibles incidencias, "tanto accidentales como provocadas", en el funcionamiento de los elementos de vigilancia utilizados.

El objetivo no es otro que lograr "el derecho de la víctima a su seguridad, documentar el posible quebrantamiento de la medida o pena de alejamiento y disuadir al agresor".

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Cabe destacar que el protocolo de actuaciones para la instalación de estos dispositivos fue aprobado por el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial en 2011. 

El número de instalaciones de estos dispositivos desde el año 2009 y hasta el 30 de noviembre de 2022 ha sido de 12.665. 

El funcionamiento de estas pulseras

La finalidad de estos dispositivos no es otra que verificar el correcto cumplimiento por el inculpado de la orden de prohibicón de aproximación "a una mujer víctima de violencia de género" impuesta por una orden judicial.

El propio Ministerio de Igualdad recuerda que para solicitar esta medida se ha de tener "una orden de alejamiento en vigor". Será la acusación quien deberá solicitar esta medida de protección, bien la fiscalía o bien la representación de la víctima, para que posteriormente sean los jueces quienes puedan otorgar esta medida.

De esta manera, tras la aprobación del juez, el penado portará un brazalete transmisor de radiofrecuencia y un dispositivo de localización GPS, que prácticamente es un teléfono móvil. Este mismo dispositivo de localización es el que portará la víctima.

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Tal y como advierte el Ministerio de Igualdad, "cada pareja de dispositivos únicamente podrá asociarse a una víctima". Es decir, si hubiera dos víctimas del mismo condenado que solicitaran la protección tendrían que colocarse dos sistemas al penado.

Cabe resaltar que la instalación se realizará por parte de una empresa instaladora (diferente a la proveedora de los aparatos). Según el protocolo de actuación de estos dispositivos, en un plazo máximo de 24 horas desde que el Centro de Control (COMETA) reciba la comunicación de la resolución judicial, el personal de esta empresa deberá colocárselo a víctima y victimario. 

Los avisos

Alerta y alarma. Esos son los dos tipos de aviso que genera el sistema. Se pueden dar por distintas situaciones: entrada en la zona de exclusión (fija o móvil); detección de la señal del condenado cerca de la víctima; batería baja de los dispositivos o manipulación de los mismo; separación del brazalete del 'móvil' que porta el detenido; o entrada en zona de proximidad.

Una vez lleguen estos avisos, apunta el Ministerio de Igualdad que, el primer día laborable tras la alarma, el Centro de Control COMETA ("operativo las 24 horas del día los 365 días del año") realizará un informe sobre lo ocurrido. Será remitido a la unidad policial responsable de la protección de la víctima, a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal.

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Una de las críticas que recibe este sistema es el alto riesgo de "revictimización" de la mujer que las porta. Además, se han dado casos en los que el agresor los ha utilizado para atemorizar a su víctima, en constante tensión cada vez que salta una alerta, ya que además también le llama la policía. Por ello, el Tribunal de Justicia de País Vasco acordó en septiembre pedir una revisión del protocolo de instalación al CGPJ.

Especialistas en violencia de género consultadas por este periódico se muestran a favor de la medida y la catalogan de "necesaria". Para refutar los argumentos en contra apuntan que, por desgracia, "el temor y la amenaza las puede vehicular el agresor por muchas vías, al fin y al cabo son meros canales"