Vicky 'la sandinista' Rosell, la autora intelectual de la ley del 'sí es sí' que se enfrentó a la Guardia Civil

Su reacción en medio del escándalo solo ha hecho que avivar la polémica. Rosell ha esgrimido que la ley no contiene errores y ha señalado al “machismo” y a la falta de formación del poder judicial como responsable. “Yo haría un llamamiento a la calma. Es absurdo cambiar una ley que acaba de entrar en vigor”, dijo en una de las múltiples entrevistas que ha dado esta semana, tratando de explicarse. 

Pero pese a todas las explicaciones, la sombra de la sospecha no se ha separado de ella. Y las críticas le han seguido lloviendo, tanto de la derecha como de la izquierda. Incluso desde asociaciones progresistas en las que ha tenido cargos de responsabilidad, como Jueces por la Democracia.

Irene Montero y Victoria Rosell, durante la marcha del 8-M. Efe

Para entender quién es Victoria “Vicky” Rosell, sus motivaciones y ‘modus operandi’ en la cúpula del ministerio dirigido por Montero hasta llegar a esta ley, hay que remontarse a sus casi dos décadas como jueza y magistrada en Canarias. Allí, su vida ha sido un torbellino de querellas, procesos judiciales en los que ha sido parte; intrigas con jueces, periodistas y políticos y, por último, el lugar desde el cual ascendió al núcleo duro de Podemos.

“La chapuza legal que hemos visto con esta ley es la mejor demostración de quién es Vicky Rosell. Y si sigue en puestos de responsabilidad, dudo mucho que sea lo último que veamos”, asegura categóricamente una fuente cercana a la judicatura en Canarias, que habla con EL ESPAÑOL bajo condición de anonimato.

De Valladolid a Canarias

Rosell nació en Murcia en 1968 y se crió en Valladolid, en el seno de una familia de clase media-alta. Su padre fue el ingeniero Fernando Rosell Campos, fallecido en 2013, y su madre, María Victoria Aguilar. Sus hermanos son Ignacio, médico en la capital castellanoleonesa, y Fernando, profesor universitario en Inglaterra. Después de asistir a un colegio de monjas, Vicky optó por la carrera de Derecho en la universidad de su ciudad natal. Sacó el mejor cuarto expediente de su promoción.

Aterrizó en Tenerife en 1996, cuando tenía 28 años, nada más aprobar la oposición a la judicatura. La elección de su primer destino estuvo motivada por su relación con el juez grancanario Tomás Luis Martín Rodríguez, a quien conoció en la escuela judicial. Se casó con él y tuvo dos hijas. Al poco de llegar a Tenerife, pidió su traslado a Las Palmas. Quienes la recuerdan de aquella época la describen como una mujer “joven, alegre, simpática y agradable”.

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Pero señalan también una creciente tendencia a “coquetear con la prensa” y a abarcar cada vez más protagonismo. “Le encantaban los medios de comunicación”, dice un veterano periodista de tribunales que la conoció en sus inicios al frente del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas. Mientras su faceta pública crecía, su relación con Martín Rodríguez se deterioró, hasta que se rompió la relación.

“Terminaron mal, fue una separación traumática. Tomás Martín se querelló con ella por la custodia de las hijas y la sentencia de aquel proceso fue una de las primeras de custodia compartida en la historia de España”, asegura otra fuente del entorno de ambos. En la actualidad, Martín ocupa el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria, pionero en España en la protección de la infancia y no tiene relación con su expareja.

Tras el divorcio, se vinculó a Rosell con otro magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón, apodado por los delincuentes a los que ha encerrado como “el caballo loco”. Pero la jueza finalmente afianzó una relación con el periodista Carlos Sosa, actual responsable del digital Canarias Ahora. Nunca llegaron a casarse y son pareja de hecho. 

Fue a partir de entonces que la vida de Rosell, aquella jueza de la península “joven y alegre”, se vio imbuida paulatinamente en un torbellino de conflictos e insidias que la persiguen hasta hoy. Sosa había tenido responsabilidades en el gabinete de prensa del PSOE y sobre su nombre pesaba una larga retahíla de problemáticas. Una de ellas -anecdótica- es su vinculación con Jesús Sosa Santana, su tío, exdirector del colegio Jaime Balmes, quien entró en prisión en 1988 tras varias denuncias por abusos sexuales a menores.

Victoria Rosell y su pareja de hecho, el periodista Carlos Sosa. El día. La Opinión de Tenerife

“Con la ley que ha redactado ahora su novia, de estar vivo, su tío estaría en la calle”, bromea uno de sus más acérrimos enemigos en la isla, en conversación con este periódico, también bajo condición de anonimato. Las pugnas que Sosa arrastraba con empresarios, políticos y otros periodistas se multiplicaron cuando hizo binomio con Rosell. “Crearon una poderosa pareja entre la Justicia y el periodismo que se granjeó muchos enemigos”, prosigue la misma persona.

Vicky ‘la sandinista’

A través de la influencia de Sosa -relacionado con el PSOE- Rosell intentó medrar en política. Y a partir de ese momento, sus opiniones se fueron radicalizando. En el mundo judicial, predominantemente conservador, la apodaron Vicky ‘la sandinista’ por sus posiciones cada vez más a la izquierda. 

Ella se hizo fuerte en el minoritario sector progresista de los jueces en las islas, y fue nombrada portavoz de Jueces por la Democracia en Canarias. Luego tuvo un cargo de responsabilidad nacional. “Siempre ha hecho política, con o sin toga”, apuntan las fuentes cercanas a la judicatura canaria. Sus principales aliados en el estamento judicial, según señalan las mismas fuentes, son Miguel Ángel Parramón, Humberto Guadalupe y Pedro Herrera Puentes.

De la mano de este último magistrado se iba a producir finalmente su entrada en la política formal. Herrera fue nombrado viceconsejero de Justicia de Canarias en el gobierno de Coalición Canaria con los socialistas entre 2011 y 2015 y quiso poner a Rosell al frente del Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Es un cargo discreto que nunca casó con las ambiciones de la jueza. “Quería la consejería directamente”, relatan las fuentes de su entorno.

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La influencia de su marido en el PSOE llevaba años en decadencia y a ella nunca le llegaron a hacer una buena propuesta. Pero el nacimiento de Podemos en 2014 le abrió una nueva oportunidad. Rosell tenía buena relación con la funcionaria de Justicia y sindicalista Meri Pita. Esta fue la primera Secretaria General de la formación morada en el archipiélago e introdujo a Rosell en los círculos del partido en Gran Canaria.

A través de esta actividad de base, Rosell conoció a Pablo Iglesias, quien la proyectó, desde un primer momento, como ‘la jueza de Podemos’. Al igual que el ex Jemad Julio Rodríguez en el terreno de Defensa, Rosell presentaba el perfil de una alta funcionaria que sería la punta de lanza de la formación morada en el terreno judicial. Tanto es así, que terminó por ser la apuesta de Iglesias para ser la vocal de Podemos en el CGPJ, algo que ha indignado, desde entonces, a gran parte del poder judicial.  En 2015, Vicky fue cabeza de lista de Podemos y elegida diputada en las Cortes Generales.

Tormenta judicial

La aversión de una parte de los jueces hacia Rosell puede explicarse por su tendencia ideológica y su participación activa en política. Pero también por el sinfín de procesos en los que se ha visto salpicada. Esto, para sus enemigos, la coloca en una posición “dudosa” para ocupar un cargo en la más alta institución de la Justicia nacional. Y también como legisladora. “Es una jueza que nunca ha brillado especialmente por ningún caso que ha llevado, es muy complicada y problemática”, afirman las fuentes próximas a la judicatura.

Uno de los casos más sonados en los que se vio envuelta fue el de la venta de una licencia de radio por 300.000 euros de su pareja de hecho, Carlos Sosa, al empresario Miguel Ángel Ramírez. Este último era dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria y presidente, todavía hoy, y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas. Rosell apareció vinculada a esta operación de venta, la cual se produjo mientras ella instruía una causa contra Ramírez por delitos fiscales.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la U.D. Las Palmas. Efe

La causa contra Ramírez se remonta a 2008 y 2009 y la instruía el Juzgado número 8, del cual Rosell era titular. En enero de 2014, el empresario fue imputado por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Menos de un año después, en noviembre de 2015, la fiscal anticorrupción de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Evangelina Ríos, recibió un sobre cerrado a su nombre, que contenía la fotocopia de un contrato de prestación de servicios. 

Según apareció en informaciones publicadas en medios locales, el contrato había sido suscrito entre empresas propiedad del periodista Carlos Sosa, y Patricio Viñayo, representante de la productora audiovisual de la U.D. Las Palmas, propiedad de Ramírez. Sosa cedía a la Unión Deportiva una licencia de radio que le había concedido unos meses antes el Gobierno de Coalición Canaria y el PSOE a cambio de los citados 300.000 euros.

Por su parte, Rosell dejó el Juzgado sólo dos días después de que su pareja firmase aquel contrato para incorporarse a las listas de Podemos a las elecciones. Más tarde se descubrió que los términos del contrato entre Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez se habían fijado semanas antes de que la magistrada informara al CGPJ de su paso a la política, siendo aún responsable de la causa contra Ramírez, dado que varios testigos señalaron que Sosa había recibido un adelanto de 60.000 euros por la venta, cuando la jueza aún estaba en sus funciones. 

Esto desató la alarma en la Fiscalía de Las Palmas: un contrato de esa magnitud celebrado en tan pocos días y con Rosell juzgando al comprador de una licencia que vendía su pareja despertó sospechas.

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Hace un mes, el periódico Tiempo de Canarias publicó una información que reveló que Rosell filtró, entre otros, al periodista Pedro Guerra -actual director de ese medio- la investigación por delitos fiscales contra Miguel Ángel Ramírez. Aunque no está probado, la filtración se habría producido para presionar al empresario en la operación de compraventa de la radio de Sosa. Este se hizo eco de la información publicada por su colega minutos después, de tal forma que quedaba libre de sospecha al no dar una exclusiva sobre un caso que llevaba su pareja.

La fiscalía abrió varias investigaciones pero la causa fue finalmente archivada. Nunca se aclaró el fondo de la cuestión: el negocio logrado con la venta de la emisora por parte de la pareja de Rosell, al empresario investigado por la magistrada.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio por probado que el juez Salvador Alba había cerrado, después de todo esto, en 2016, un acuerdo ilegal con Miguel Ángel Ramírez para que le facilitase documentos que cuestionaban la imparcialidad de Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8. Alba ingresó en prisión el mes pasado.

El caso salmón y su asistenta

Otro de los casos que han marcado la trayectoria de Rosell es el llamado ‘Caso Salmón’. Sosa había presentado una querella contra el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho. Más tarde, el diario El Mundo reveló que la denuncia había sido redactada en el ordenador que Rosell, su pareja, tenía en su despacho, según constaba en los metadatos del documento.

Simona Chambí y su abogado. Antena 3

El mismo día que se publicó esa información, el ordenador de Rosell fue destruido, según denunció ella, porque la noche anterior entraron a robar en su juzgado. Nunca se encontró al culpable de la destrucción ni se pudo demostrar que nadie hubiese entrado en el despacho de la jueza. La causa quedó archivada en mayo de 2009.

En 2016, Soria, en ese momento contrincante político de Rosell en las nuevas elecciones generales de junio, presentó una querella contra ella por este caso. La demanda fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Esto la llevó a renunciar a volver a presentarse a los comicios, en cumplimiento con el código ético de Podemos y regresó a Canarias. El caso, sin embargo, fue sobreseído sin apreciación de delito en diciembre del mismo año.

“La justicia la ha favorecido de manera extraordinaria. El caso de su empleada del hogar es otro ejemplo. La boliviana Simona Chambí la denunció por su contratación irregular y sin cotizar a la Seguridad Social. El juicio terminó a las 15.00 horas. A las 8.00 horas del día siguiente ya estaba la sentencia comunicada a las partes, desestimando la denuncia e incluyendo aspectos que, según denunció el abogado de Simona, ni siquiera se mencionaron en el juicio”, dicen las fuentes cercanas a la Justicia en Canarias.

“La sentencia no la firmó el juez titular del juzgado de lo laboral sino una sustituta temporal, cuya experiencia era tener un contrato a tiempo parcial con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”, prosiguen.

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Sobre el caso de la asistenta, Rosell y Sosa habían presentado previamente una demanda contra Chambí acusándola de extorsión y chantaje. Esta también quedó archivada. Además, Sosa dijo a través de su periódico que el abogado de Chambí era miembro de Vox, insinuando un complot político en su contra, algo que se demostró falso. Chambí incluso llegó a declarar ante la Udef, la unidad policial que persigue delitos económicos y fiscales a gran escala.

Acusaciones de despotismo

Más allá de los incontables casos y querellas judiciales en los que se han visto implicados la pareja Rosell-Sosa, las fuentes cercanas al entorno de la jueza no dudan en calificarla como una “déspota” y como alguien que “salta ante todo”. Y señalan de ella varias actuaciones que han ido ‘in crescendo’ desde que comenzó a cobrar protagonismo político.

Por ejemplo, el caso de una secretaria judicial que pidió el traslado tras el acoso sufrido por parte de Rosell. O la escena que protagonizó en el aeropuerto de Las Palmas, al enfrentarse a la Guardia Civil por negarse a pasar el control de seguridad ordinario, hecho que quedó registrado en unas imágenes que retransmitió Antena 3. También un conflicto que tuvo con los vecinos de la urbanización en la que vive la pareja, por el levantamiento de un muro que provocó la indignación de los residentes.

Así la describió el exfiscal general del Estado, el socialista Eligio Fernández, en un artículo publicado en un medio local: “(...) la Juez Rosell podría considerarse un arquetipo de “Juez Justiciero”. Se permite criticar y poner bajo sospecha de manipular su ordenador al Gobierno de Canarias y, sin embargo, instruir un procedimiento penal relacionado con éste, que ha declarado secreto, para el cual es dudosamente competente. Se permite firmar comunicados conjuntos contra resoluciones de la Sala Penal del TSJC, a la vista, ciencia y paciencia de su presidente y del Consejo General del Poder Judicial. Se permite un trato irrespetuoso y público, que presencié atónito en un caso, a los funcionarios de su juzgado, lo que ha motivado que muchos, cuyos testimonios he constatado, hayan pedido traslado a otro Juzgado, a la vista ciencia y paciencia de los representantes sindicales de los funcionarios judiciales”.

El tormentoso camino de Rosell y su fidelidad a Pablo Iglesias y a Podemos, encontró un nuevo peldaño en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, bajo el paraguas de Irene Montero. Según quienes la conocen, nunca destacó especialmente por su compromiso feminista, pero cuando se comenzó a perfilar su nuevo cargo, “se convirtió en la más feminista de las feministas”. “A Iglesias sólo le queda su mujer y ella. Son un todo”, concluyen las fuentes próximas a su entorno.