Autónomos, ganaderos, MIR, interinos… los otros 5 colectivos en pie de guerra contra el Gobierno

A Pedro Sánchez y sus ministros se les acumulan los frentes de combate, tanto fuera como dentro de España. Pese a que los pescadores y los taxistas han desconvocado sus paros —y, por tanto, no han sido incluidos en este reportaje—, las protestas se mantienen a lo largo y ancho del mapa y en sectores muy dispares.

EL ESPAÑOL ha contactado con un miembro de cada uno de estos cinco colectivos para conocer de primera mano las dificultades que atraviesan y sus reivindicaciones. Para muchos llueve sobre mojado y por eso han salido a la calle en la última semana.

Antonio, ganadero

Antonio Rodríguez, ganadero malagueño. Cedida

El de Antonio Rodríguez es “un sector, como casi todos los productores ganaderos y agrícolas, en crisis desde hace muchísimo tiempo”. Pero el paro del transporte ha sido la guinda de un pastel ya demasiado grande. “Nos lo agrava muchísimo más. Teniendo en cuenta que son animales que hay que alimentar, ordeñar y cuidar todos los días de manera natural, aunque hubiera que tirar la leche porque si no enferma, esta es la situación de gravedad que tiene este sector”, explica en conversación telefónica.

Antonio tiene unas 800 cabras a su cuidado en la Axarquía malagueña, en Sedella. Actualmente, no le sale rentable producir. Si nada cambia, tendrá que mandar sus animales al matadero y renunciar a su profesión de toda la vida, “como están haciendo algunos compañeros”. “El litro de leche de cabra se vende a unos 75-80 céntimos, dependiendo de la grasa y proteína del producto. Esto no era un mal precio antes de primavera del año pasado, pero desde entonces no para de subir las materias primas, como el grano o el pienso, que están ya en un 40% o más de lo que valía entonces, más la energía, el gasoil, medicamentos, que han subido todos de una manera brutal…”

“Llevamos años diciendo que así no se puede funcionar, que al sector de la alimentación hay que hacerlo estratégico porque la alimentación de las personas no puede estar en el aire y que hay que primar el seguir produciendo. Pero es que hasta en las ayudas de la PAC tenías que dejar hasta un 20% de barbecho para recibir las ayudas y ahora nos encontramos que no tenemos el grano suficiente no ya en España, sino en Europa para alimentar a nuestra cabaña ganadera. Es una situación de dar patadas hacia delante hasta que nos hemos encontrado un muro de hormigón. Hay que apoyar a los sectores productores porque somos muy necesarios por los productos que hacemos”.

Laura y Sheila, MIR y médico

Laura Aguirre y Sheila Justo, MIR y médico, respectivamente. Cedidas

Si algo demostró la pandemia de la Covid-19 fueron las costuras de un sistema sanitario del que España sacaba pecho en el mundo. Resultó que no era del todo así. A los muchos problemas que atraviesa la profesión médica, ahora se ha unido uno que afecta a quienes todavía no han entrado de lleno en la profesión. El sistema de elección de plazas del MIR es una de las pocas competencias de sanidad que no está transferida a las comunidades autónomas y depende directamente del Ministerio que gobierna Carolina Darias. Y, con todo, hay problemas.

“El método de elección de plazas tradicional era presencial y en tiempo real. Cada persona se acercaba al Ministerio y podía seleccionar en tiempo real según las plazas que estuvieran disponibles. A raíz de la pandemia, ha cambiado a un método telemático en diferido, es decir, que tienes que enviar tu lista de opciones desde el día previo y no tienes conocimiento de las plazas que quedan disponibles en función de las plazas que han elegido los compañeros que están antes de ti”, explica Laura Aguirre, que ha aprobado recientemente el examen más importante de su vida.

“Tienes que enviar una lista a ciegas. Puede que termines en La Coruña, en Cataluña o en Canarias… Creemos que es un método que no es igualitario ni transparente”, protesta esta aspirante a medicina preventiva de salud pública y gestión hospitalaria de 29 años.

Este es el último problema, pero no el único, ni de lejos. La doctora Sheila Justo, vicepresidenta de AMYTS y secretaría técnica de la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM) enumera de memoria una lista de dolencias que atraviesa la profesión médica: “La situación de las guardias de 24 horas que no cotizan para la jubilación, la situación en la atención primaria, el desbordamiento que hay en cuanto a sobrecarga asistencial y, para poner la guinda, la mayoría de los profesionales médicos que estamos en los sistemas nacionales, y específicamente en el SERMAS, somos personal temporal, no tenemos contratos fijos.

“Hay muchos frentes abiertos en la profesión. Esta situación genera mucho malestar después del esfuerzo tan importante que se ha hecho durante la pandemia y que se sigue haciendo. Se ha expuesto la vida y la salud de los trabajadores. Hacemos grandes esfuerzos porque el sistema nacional salga adelante y, sin embargo, no somos escuchados”.

Por todo esto, los médicos y los MIR salieron esta semana a la calle hasta en tres ocasiones para protestar por los consecutivos maltratos que están sufriendo. “La única persona que sabemos que va a elegir plaza es la número uno del MIR, Sofía, y estaba ahí ayer [en referencia al miércoles], en la manifestación”.

“El Ministerio dice que este sistema es óptimo porque el 60% de los aspirantes obtiene la primera opción de su listado. ¿Qué pasa con el otro 40%? no tiene ni punto de comparación con el sistema de elección anterior, que el 100% obtenía la primera opción”.

Lorenzo, autónomo

Lorenzo Ilie, fotógrafo y productor audiovisual madrileño. Cedida

Nadie se acuerda de los autónomos, salvo en los meses de campaña electoral. Cuando su situación cambia, tiende a ser a peor. Esa es la sensación generalizada que tienen los autónomos, que se manifestaron en varias ciudades de España este jueves por el nuevo sistema de cuotas que quiere implementar el ministerio de Seguridad Social, en manos de José Luis Escrivá.

“Hasta las cuotas actuales me parecen más justas que lo que viene... Creo que van a ser complejas de implementar”, asegura Lorenzo Ilie, fotógrafo y productor audiovisual autónomo. Lleva siendo autónomo desde su época universitaria, cuando fundó una marca de ropa. Este jueves ha salido a la calle en Madrid. “En Sol no creo que llegáramos al millar. Pero lo que no se vio en Sol, se vio en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Gran Canaria…”.

“Me gustaría estar más protegido contra el paro y me gustaría que se dieran más ayudas para implementar el negocio”, explica al ser preguntado por las reivindicaciones del sector. “Siendo autónomo, tienes que tener una caja constantemente para pagar cosas, pero los ingresos te llegan a 60 o 90 días. En Alemania, las empresas están obligadas a pagar las facturas en siete días y en el resto de Europa suelen tener el estándar de 30. Como autónomo nunca sabes del dinero que dispones hasta que haces el ejercicio trimestral”. Sin embargo, todos los meses debe pagar religiosamente su cuota de 300 euros y una gestoría que se enfrente por él a la compleja burocracia necesaria para ejercer.

—¿Sientes que no hay ningún partido político dando la cara por los autónomos?

—A día de hoy, siempre estaré agradecido al PP por haber puesto la cuota de 60 euros en los primeros 12 meses. Gracias a esa cuota empecé a emprender. Ahora con las nuevas cuotas de autónomos que quieren implementar, la cuota de 60 euros desaparece del mapa. ¡La tabla de Escrivá empieza en 200 euros! Te cargas una cuota que ha animado a mucha gente a ser autónomo. Los primeros meses son muy jodidos. Eso lo sabe cualquiera que ha emprendido.

Ana, inspectora de trabajo

Ana Ercoreca, inspectora de trabajo en Huesca. Cedida

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se libra de tener un frente abierto. Su reforma laboral, arduamente negociada a dos bandas, puede quedar en papel mojado si nadie vela por su cumplimiento. Es decir, si los inspectores de trabajo no pueden ejercer debidamente con su función. De esto advierte seriamente Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que ha convocado una huelga para el próximo 30 de marzo.

Aunque las negociaciones son con Trabajo, los convocantes culpan al Ministerio de Hacienda y Función Pública de no autorizar expresamente el desembolso de 12 millones de euros ya está presupuestados y aprobados en las cuentas públicas de este año para que la Inspección mejore sus condiciones de trabajo.

“El colectivo está enfadado por el tema de las dietas, las guardias que están 24 horas siete días a la semana, nos organizamos por turnos, en una inspección pequeña estás una semana al mes, en una más grande 1 cada 7 semanas o en otra 1 cada dos meses, pero la cosa es que sólo pagan el fin de semana. Te tienen que pagar todos los días”, se queja Ana, que ejerce como inspectora de trabajo en Huesca.

“También están enfadados porque entran con un nivel 26 de funcionariado pero hacen funciones de nivel 27 y no cobran por ello. Esto lo han denunciado por vía judicial y siempre lo han ganado”, prosigue. “Otro punto es la ausencia de la carrera profesional, la ausencia de una estructura que es algo obligatorio por ley desde 2015 (se crea la ley ordenadora, se convierten en organismo autónomo y esto exige que haya una nueva RPT para que se ajuste a las necesidades cambiantes). Esto también viene en los estatutos del 2018 pero esta estructura no llega”.

Los miembros del Sindicato Inspectores de Trabajo. Cedida

“Magdalena Valerio [exministra de Trabajo, predecesora de Díaz] ya empezó a poner cimientos para todo esto pero hubo elecciones y un cambio de Gobierno: la cartera se la quedó Podemos. Más adelante, 2020 es un año extraordinario, en el 2021 nos dicen que van a negociar. Lo primero que ellos exigen es la retribución salarial porque están haciendo funciones de nivel 27 en lugar de nivel 26 (son unos 300 euros de diferencia). Ahora mismo negocian cada 15 en Madrid. Primero empezaron negociando con el Ministerio de Trabajo porque son los que conocen las funciones que hacen”.

Gema Gutiérrez, profesora

Gema Rodríguez, profesora de inglés en Fontiveros (Ávila) Cedida.

Hace pocos meses, Gema Rodríguez acusaba al Gobierno de jugar con el pan de sus hijos. Era el momento en que el Ministerio de Hacienda trabajaba la posibilidad de que los interinos que llevaran más tiempo pudieran obtener una plaza a través de un concurso de méritos. Pero el borrador que dejó caer el Ministerio de María Jesús Montero -y que adelantó en exclusiva este diario- dejaba más incertidumbres que certezas.

Aquello fue en noviembre del año pasado y, desde entonces, nada ha cambiado. Las comunidades autónomas, por tanto, se han visto obligadas a convocar de nuevo oposiciones, incluso para aquellos que ejercen desde antes de 2016, como Gema.

“El nuevo Real Decreto debería haber salido antes. No pueden esperar hasta abril a sacar un nuevo Real Decreto de oposiciones y que luego las comunidades convoquen oposiciones. En abril es tardísimo”, explica esta profesora de inglés en Fontiveros (Ávila). “El Gobierno ha pasado olímpicamente del Real Decreto y las comunidades autónomas tienen que convocar oposiciones”.

Gema aprobó en 2010, entró a trabajar en 2012 y desde entonces ha encadenado trabajos como interina. Actualmente, con dos hijos en el mundo, sigue estudiando de cara a sus segundas oposiciones, que serán en 2023. “No sé si me va a tocar el concurso de méritos. Seguimos tropezando con lo mismo, con la burocracia y la administración. Nos merecemos tener un concurso de méritos. Veo lógico que se nos estabilice el empleo”.