Los moteros, contra la DGT: el 83% quiere que dimita Pere Navarro tras los 112 muertos en 2021

Ir en moto es sinónimo de vulnerabilidad. Cuando vas sobre dos ruedas, cualquier incidente te puede costar unas lesiones físicas irreparables o incluso la vida. Según los datos de Interior, en 2020 los motoristas redujeron la mortalidad un 34% con respecto al 2019. Esto significa que perdieron la vida un total de 189 personas, 97 menos que el año anterior, aunque hay que tener en cuenta que hubo un estricto confinamiento en España durante meses. En lo que llevamos de año, 112 motoristas han fallecido en las carreteras españolas.

Hay un problema, eso nadie lo duda. Los moteros llevan años clamando por su seguridad y sus peticiones son muchas. El foco de su frustración se centra casi siempre en la DGT.

De hecho, según Plataforma Ciudadana Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, el 83% de los preguntados en una encuesta reciente realizada por ellos cree que Pere Navarro, director de la DGT, debería dejar su cargo.

Cuando ocurren accidentes donde se ven implicados vehículos de dos ruedas, tendemos a culpar en más de una ocasión al colectivo motero: porque iba demasiado deprisa, porque no contaba con la destreza suficiente, porque a quién se le ocurre coger una moto...

Para ello sólo hay que ver las últimas palabras del ministro Grande-Marlaska para festejar el Día Nacional de la Moto. "Ya vemos la salida del túnel de la pandemia, cuando nos pueden las ganas de pasarlo bien y disfrutar de nuestra moto. Hago un llamamiento a la prudencia para que esas ganas de vivir no se estrellen en el asfalto".

Sin embargo, hay muchos factores que influyen en la poca seguridad que tienen los amantes de las dos ruedas cuando salen a la carretera. Los fallecimientos, 112 en lo que llevamos de 2021, no son únicamente culpa de los pilotos.

Los guardarraíles, las señalizaciones, la vigilancia casi ‘criminalizadora’, las medidas de protección obligatorias que no salvan vida como los guantes o el pésimo estado de las carreteras, por ejemplo, son algunos de los motivos de sus quejas el pasado domingo. Ante todo ello, los moteros ya han dicho basta.

Día Nacional de la Moto

Durante el Día Nacional de la Moto, el pasado 13 de junio, 17.000 motos y más de 20.000 motoristas se manifestaron, según los organizadores, para hacer un total de 19 reclamaciones a la DGT y al resto de administraciones competentes en temas de Tráfico. Lo hicieron en 27 ciudades.

No obstante, en el colectivo hay división de opiniones por cómo se ha hecho. El problema radica en que muchos moteros entienden que ese día tan señalado está destinado a ser “lúdico” y no se deben hacer reclamaciones. Para eso tienen los 364 días restantes. De ahí el cisma que se ha vivido entre compañeros.

Además, en las manifestaciones se han visto fotografías de moteros sin las protecciones adecuadas, una autocrítica que el colectivo piensa que también debe hacerse, ya que esas imágenes no se pueden repetir.

De hecho, es obvio que no todos estos problemas que tienen los moteros son causados por la Dirección General de Tráfico, aunque al final es la que soporta la mayor parte de las críticas. Por ejemplo, la conservación de las carreteras es una competencia que tienen cedidas las comunidades autónomas, pero generalmente se le reclama a la DGT.

Desde la Dirección General de Tráfico no entran a valorar siquiera la manifestación. Dicen que cada cual debe ejercer ese derecho constitucional como le plazca. Mientras tanto, en su web, se pueden encontrar artículos donde se reseña la colaboración con asociaciones moteras para evitar accidentes.

Por ejemplo, en la web se puede leer que la Dirección General de Tráfico, en colaboración con algunas administraciones y colectivos de motoristas, ya ha tomado distintas medidas para tratar de disminuir la siniestralidad en las carreteras españolas. Una de las “más importantes”, según la propia entidad, es “la identificación y señalización de tramos de elavado riesgo para motoristas".

Por ello, recientemente se han establecido 100 puntos de alto riesgo para motoristas. Los mismos constan de dos kilómetros cada uno y se señalan por acumulación elevada de siniestralidad en los últimos 5 años o por ser una carretera con alto grado de sinuosidad.

Esta medida ha sido aplaudida por los motoristas, aunque es cierto que tiene una vertiente que no termina de convencer. La señalización del tramo se realiza con un cartel al inicio del mismo. Es decir, al final lo que se ha hecho es colocar un nuevo elemento contra el que pueden impactar aquellos motoristas que caigan al suelo en dicha zona.

Con todo ello en la mano, desde las asociaciones moteras piensan que las administraciones podrían hacer algo más por protegerles. "En eso estamos todos de acuerdo", dice María José Alonso de Arriba, vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, quien reconoce "que las cosas de palacio van despacio".

Protecciones y aumento de velocidad

Los moteros se manifestaron este pasado 13 de junio con 19 reclamaciones en la mano. A modo de resumen, Juan Carlos Toribio, coordinador nacional de IMU, entidad propulsora de la protesta, solicita: “Que se protejan todos los guardarraíles con sistemas de protección para motociclistas; que el firme de carreteras y calles garantice la seguridad de rodadura en nuestras vías públicas; que las marcas viales garanticen la seguridad de rodadura en nuestras vías públicas; que se señalicen de forma adecuada y cumpliendo con la ley todos los peligros".

Y es que la siniestralidad en las carreteras españolas no siempre tiene que ver con el mal hacer de los usuarios. Los motoristas se ven culpabilizados y perseguidos. De hecho, la solicitud expresa el deseo de "que la DGT deje de acosar a los ciudadanos motociclistas tratando de imponer medidas de lastre al uso de las motocicletas, dificultando el acceso a nuestro medio de movilidad personal y acusándolos de temerarios, borrachos y drogadictos".

Asimismo, piden "que vigilen también los incumplimientos legales relativos al mal estado de conservación de las carreteras; que se mejore la investigación de los siniestros de tránsito; solicitamos un protocolo de investigación de accidentes de tráfico para todos los cuerpos policiales y la unificación de la formación de los investigadores".

Igualmente, los moteros quieren "que las fiscalías de seguridad vial persigan a las administraciones que no cumplan con el mantenimiento de las carreteras; que los ayuntamientos reconozcan la motocicleta como un medio de transporte de alta eficiencia permitiendo su uso en zonas de bajas emisiones; que la DGT supere las auditorías de cuentas diciéndole a los ciudadanos dónde está el dinero de tasas y denuncias y el efectivo real que tiene, recordando el suspenso del último ejercicio evaluado 2019 y el riesgo manifiesto de fraude declarado; y que no se den de baja los vehículos de más de 10 años que no hayan pasado ITV o no tengan seguro en vigor”.

Y por pedir, que no quede. A todas estas peticiones se añaden las solicitudes de que se aumente la velocidad en autopistas a 130 kilómetros horas.

Permitir de forma clara el uso de intercomunicadores es otra petición, aunque es cierto que la normativa es ambigua en este sentido. Ellos piden seguridad de poder usarlos, ya que la libre interpretación hace que muchos no se la jueguen.

La circulación por el arcén en carreteras congestionadas, que se rebaje el IVA en los equipos de seguridad tales como cascos, guantes o chaquetas y que se disminuya pago en las autopistas a los motoristas son otras tres reclamaciones.

Ellos entienden que, al igual que se hace la distinción entre vehículos y camiones, debe hacerse con los moteros. "Debemos pagar en proporción al tramo de carretera que usamos y el desgaste que realizamos", expone Toribio en conversación con EL ESPAÑOL.

Por último, esta amplia lista de reclamaciones de los motoristas cierra con la petición de que no se quite el margen de seguridad de 20 kilómetros hora en las maniobras de adelantamiento en carreteras convencionales. 

Y, como bonus, se solicita que "desaparezca de una forma clara la intención del uso obligatorio de equipación de airbag", así como la retirada de la intención de cobrar por carreteras convencionales y autovías.

No todos a favor

Los implicados en esta cuestión divergen en varios puntos. De hecho sólo parecen coincidir en uno: el respeto al derecho constitucional a manifestarse o no.

Desde la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso de Arriba, no entiende por qué se utilizó el Día Nacional de la Moto para celebrar esta manifestación. A las asociaciones moteras les costó mucho que el Congreso de los Diputados declararan este día como 'lúdico' y piensa que era un momento festivo, no de reivindicación. "Para eso están los 364 días del año restante", expone en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Junto a su organización, otras tantas tampoco se adhirieron a esta protesta. "No estamos en contra de las manifestaciones", deja claro Alonso de Arriba. "Nosotros las hicimos. Yo misma organicé varias. Y está muy bien, pero nosotros buscábamos abrir una puerta a las administraciones. A partir de ahí, conseguimos hablar con ellos de tú a tú y abandonamos la otra vía. Además, lógicamente, haciendo autocrítica".

Con esto último, Alonso de Arriba se refiere a las fotos que se han visto de la manifestación. En ellas, algunos moteros iban sin protección en piernas ni brazos, sin calzado adecuado e incluso sin guantes. "Me llevé las manos a la cabeza, porque en una manifestación iba un niño con un pantalón fino, otros en manga corta... Hay que tener sentido común. Las administraciones están muy finas y deben saber muy bien cómo actuar".

Estos testimonios resumen el pensamiento expuesto durante toda la entrevista. Alonso de Arriba cree que no se pueden organizar manifestaciones un día, apuntando exclusivamente a la Dirección General de Tráfico como culpable de casi todo, sin tener en cuenta el sistema de competencias español. 

Piensa que de esta manera se tira por tierra todo el trabajo conseguido en los despachos. "Es tapar el trabajo de otros e ir en contra de nosotros mismos. Y encima nos pueden complicar la vida. Nos ponen entre la espada y la pared".

A pesar de que algunas voces estiman que ella y sus asociaciones intentaron quebrar la manifestación, ellos lo niegan. "Yo, incluso, mandé a personas que me preguntaron dónde era el punto de encuentro en Valencia. Nosotros lo respetamos, es un derecho constitucional".