La denuncia de la exdirectora de la DGT: el PP no bajó la velocidad por "cobardía" y murieron 350 personas más

La ex directora general de la Dirección General de Tráfico (DGT), María Seguí, asegura que su propuesta de 2013 de rebajar el límite de velocidad en las carreteras secundarias se quedó en el cajón porque desde el Ministerio del Interior argumentaron que no era el momento adecuado. "Fue un acto de cobardía política total".

En declaraciones a Efe, Seguí, que fue máxima responsable de Tráfico entre febrero de 2012 y julio de 2016, ha dejado claro que cualquier técnico o experto en seguridad vial no tiene ninguna duda del impacto de la velocidad en los fallecidos y heridos graves en accidente de tráfico y que, por tanto, de forma "rigurosa" y "objetiva" levantar el pie del acelerador disminuye el riesgo y los fallecidos. Según los cálculos de 2014 de la DGT, bajando la velocidad en las carreteras convencionales a 80 km/h al año se hubieran salvado más de 350 vidas.

También hoy, en declaraciones a la Cadena SER, Seguí explicó que, durante su mandato, que fue de 2012 a 2016, planteó esta reducción de los límites de velocidad en las carreteras secundarias a 90 km/h y a 80 km/h que no salió adelante. ¿Por qué? Para no dañar más la imagen de la DGT: "No se hizo por miedo a que una política de seguimiento asociada a un despliegue masivo de radares en localizaciones irracionales y bombardeando a los ciudadanos pudiera suscitar una protesta". Sus palabras se entienden como respuesta al anuncio realizado ayer por el nuevo responsable de Tráfico, Pere Navarro, con las que anunciaba, precisamente, que pretende reducir la velocidad en carreteras secundarias. 

Seguí ha lamentado el "cierto descrédito ante la población" que tiene la DGT. Durante su etapa al frente de Tráfico, Seguí dependió directamente de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy.

"Navarro lo tiene todo hecho"

"Ojalá este Consejo de Ministros diga, 'Hágase lo que es bueno', y no tenga pánico a revolucionar un asunto que afecta a todo el país", desea Seguí, después de que el actual jefe de la DGT, Pere Navarro, pusiera ayer sobre la mesa de nuevo la propuesta de reducir los límites de velocidad en las carreteras secundarias para atajar la siniestralidad.

La idea de Seguí era clara: aumentar el límite de velocidad hasta 130 kilómetros por hora en determinados tramos de autopista con unas condiciones favorables y reducirlo en las carreteras secundarias, donde se producían el 80 % de los accidentes.

"Cualquier persona que llega a la DGT con perspectiva técnica sabe que la institución tiene la llave del control de la velocidad y es verdad que en ocasiones se ha empleado a lo bruto, pero, si ese resorte se usa bien, no hay que tener pánico", defiende la exdirectora, que también apuesta por hacer llegar a la ciudadanía la información de forma "creíble, transparente y con pedagogía".

Ella encargó multitud de trabajos, entre ellos, un informe exhaustivo, "elaborado por gente de la DGT, con rigor y criterio", en el que se analizó "todo" respecto a la velocidad en secundarias, desde el flujo del tráfico por tramos en esas vías secundarias a la siniestralidad, el ahorro que supondría a las arcas públicas en atención a heridos o los puntos mal señalizados.

"Navarro lo tiene todo hecho", bromea Seguí, antes de recordar a Efe que ese informe fue avalado en 2013 por el Consejo Superior de Tráfico, un órgano consultivo integrado por las distintas administraciones y organizaciones profesionales, económicas y sociales del sector.

"Todo fue un acto de cobardía"

Los cambios propuestos -se hablaba de cambios de velocidad en autopistas, secundarias, ciudad, pero también de ciclistas y peatones- se incluían en un borrador de Reglamento de Circulación que nunca vio la luz y sigue durmiendo en los cajones de Interior.

El primer "palo" se lo dio en 2015 el Consejo de Estado, recuerda Seguí. Aseguraban que era "una reaccionaria transformación" que no debería ir bajo el paraguas de un reglamento sino bajo el de una nueva ley de Movilidad.

"El sector político se limitó a usar estas alegaciones como arma y para hacer ruido no para buscar una solución", reprocha Seguí, que quiso, sin embargo, sacar adelante el reglamento con apoyo del Ejecutivo, pero que también se encontró con su resistencia por el momento político preelectoral.

Y añade: "El argumento es que no era el momento. Creo que todo fue un acto de cobardía política total".

Seguí mantiene que los informes están hechos y que es de todos sabido que los límites en secundarias están "obsoletos", lo que no significa que se deba homogeneizar, porque, si se incentiva a los titulares de esas carreteras -son más de un millar, desde ayuntamientos a diputaciones o mancomunidades-, se puede lograr que una vía bien conservada no tenga por qué estar limitada a 80.

Tampoco ve con buenos ojos "inundar" de radares las carreteras. "La DGT tiene que tener más credibilidad también con la política de sanciones".