Analíticas muestran niveles de cadmio "78 veces" superiores al legal permitido en la mina de San Finx

La plataforma comarcal contra los vertidos de la explotación minera de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame, ha denunciado que los resultados de las analíticas del agua atrapada en la mina señalan que esta contiene niveles de cadmio que superan "78 veces o valor máximo permitido pola lexislación."

Los análisis fueron realizado por los técnicos de Augas de Galicia, que también encontraron niveles preocupantes de otros metales pesados, como cobre o el cinc, que superan 48 veces y 8 veces respectivamente los valores máximos permitidos.

De acuerdo con la Plataforma estos resultados contrastan con las muestras de aguas tomadas arriba, en la zona del museo de Lousame, en la que los valores estaban dentro de la legalidad. Todo ello " evidencia que a contaminación se produce polas vertidos ilegais e lixiviados que continúa causando a mina".

Con estos análisis en mano, la entidad compuesta por ecologistas, vecinos y cofradías de la ría de Muros y Noia, piden a la Xunta de Galicia que tramite expedientes sancionadores por vertidos ilegales y retire la autorización de vertidos que había otorgado el pasado mes de febrero a la empresa explotadora.

Estas nuevas evidencias fueron entregadas al Juzgado de instrucción en Noia, que está investigando presuntos delitos contra el medio ambiente por parte de la empresa minera, para solicitar que se adopten medidas cautelares y evitar el daño al entorno.

A este se le suman otros procesos judiciales iniciados también por la Cofradía de Noia, Portosín, Porto do Son, Muros y Rianxo, las organizaciones de productores de mejillón Olvimar y la APM da Pobra, así como Ecoloxistas en Acción, Federación Ecoloxista Galega, ADEGA, Verdegaia, Sociedade Galea de Historia Natural, Montescola, Sindicato Labrego Galego, Tralapena y Salvemos Monteferro. Entre ellos está el contencioso en los juzgados de Santiago para resolver la legalidad del permiso de vertidos otorgado el pasado mes de febrero.

La plataforma comarcal considera que estos procesos indican la "oposición social a unha autorización ilegal que se outorgou tras sete anos de irregularidades". Asimismo recuerdan que varios altos cargos y funcionarios de la Xunta están imputados en un causa paralela por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.