Los mutualistas de Muface en Galicia se concentran para pedir soluciones a su situación

En las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad proponía suprimir Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Se trata de un organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública que se encarga de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos.

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Defensa da Sanidade Pública pide apoyar el "fin" de Muface y transferir los fondos al Sergas

Se trata de una situación a la que se ha llegado a raíz de la negativa de las tres aseguradoras privadas adscritas a la organización (Adeslas, Asisa y DKV) a la primera propuesta de convenio (que caduca el 31 de enero) por parte del Gobierno, que consideraron "insuficiente" a nivel económico. Desde ese momento, sobre la mesa había dos opciones: tratar de mejorar la oferta a las aseguradoras, o prorrogar durante nueve meses el concierto actual y abordar el trasvase de mutualistas a la Seguridad Social. 

La mayor parte de los funcionarios públicos del Estado (salvo los de los cuerpos de Seguridad Social, Administración militar y Administración de Justicia) son adscritos a Muface de forma automática y obligatoria, debiendo elegir anualmente el tipo de atención sanitaria que desean: pública o una de las tres aseguradoras privadas. Según datos sindicales, el 28% del total de mutualistas nacionales apuesta ahora mismo por la Seguridad Social, un dato que se incrementa en los funcionarios más jóvenes, con dos de cada tres nuevos empleados públicos escogiendo esta opción.

Las aseguradoras piden una mejora en la dotación económica del 40%, frente al 17% que ha ofrecido el Gobierno en un primer acercamiento. "Este fuerte incremento no fue suficiente para que Adeslas, DKV y Asisa decidieran presentarse", leyeron los representantes sindicales de toda España durante las concentraciones convocadas para este miércoles.

En esas movilizaciones participaron hasta 10 sindicatos distintos en representación de trabajadores del sector público para pedir que se concrete "cuanto antes un acuerdo estable, razonable y satisfactorio, que garantice la asistencia y la calidad sanitaria de los empleados públicos". Además, ante la posibilidad de que se llegue a producir ese trasvase de todos los mutualistas a la Seguridad Social, exigen que "mejore la inversión en sanidad pública para conseguir una atención de calidad para todas y todos".

"El tema de pasarse a la Seguridad Social, lo que nos transmiten los sindicatos y lo que quiere transmitir el Gobierno al conjunto de mutualistas es que no nos preocupemos, que hay medidas o formas de mantener ese concierto de manera forzosa durante al menos nueve meses", explica Ero Sante Gueimonde, secretario de comunicación de Comisiones Obreras Ensino.

"El problema es que aquí no estamos hablando única y exclusivamente del tema de la asistencia sanitaria privada. Lo que tenemos claro, por lo menos desde Comisiones Obreras, es que lo que defendemos es un sistema de sanidad público en igualdad de condiciones para todo el mundo y dotado de los medios suficientes, tanto para los que son funcionarios como para el resto de la gente", añade.

¿Qué supondría el trasvase para Galicia?

Este lunes, el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha explicado un informe solicitado por su consellería sobre el impacto que tendría sobre el Sergas el trasvase de los 58.328 mutualistas gallegos. El titular de la cartera sanitaria ha cifrado en 170 millones de euros el incremento de gasto anual que supondría acoger a estas personas en el sistema autonómico.

La inversión no sería lo único que aumentaría, ya que el mayor número de pacientes supondría también que se incrementaran los tiempos de espera para las operaciones (en 11,4 días de media) y para las consultas con especialistas, además de implicar a su vez un incremento de recursos y de personal.

García Caamaño ha dado datos específicos sobre los mutualistas que acogería el Sergas, con una media de edad de 56,8 años, aunque 10.250 del total superan los 75 años. 14.000 personas residen en A Coruña, el municipio que más mutualistas absorbería, suponiendo un incremento del 2,2% en la actividad de atención primaria en Galicia, con 540.000 consultas más y un aumento de gasto anual de 49,6 millones de euros.

En cuanto a la atención hospitalaria, la actividad de quirófano se vería aumentada en un 2,7%, con 6.350 ingresos más al año. La atención farmacéutica también se vería afectada, teniendo que expedir un millón más de recetas.

Además de las preocupaciones numéricas, la Consellería de Sanidade ha hecho especial hincapié en el historial clínico de los mutualistas de Muface, ya que el "sistema sanitario privado no tiene un historial clínico como el público". Esto, según el conselleiro, supone un riesgo de "romper la continuidad asistencial de los pacientes", siendo necesario incorporar, "como mínimo", los últimos cinco años del historial de cada uno de ellos.

García Caamaño considera que, en caso de que se llegue a realizar este trasvase, no se debería hacer de manera "abrupta", sino de forma "escalonada, año a año, sin colapsar los servicios sanitarios públicos ni romper la continuidad asistencias de los pacientes".