El expresidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, delante de los miembros de la Sala de Gobierno.
Hay que empezar a multar a los parlamentarios
Quizá ha llegado la hora de aplicar sanciones a los políticos que no cumplen con sus obligaciones, igual que se hace con los ciudadanos particulares.
Después de las descalificaciones mutuas que se lanzaron el Gobierno y la oposición en diciembre por los intentos de reforma exprés de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, la Navidad ha traído la tranquilidad al campo de batalla.
El Constitucional se ha renovado y los partidos andan ya preparando su próximo enfrentamiento, sin tiempo para pedir perdón por haber subido tanto el diapasón de las acusaciones.
El presidente del Senado, Ander Gil, junto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Los académicos, más lentos de reflejos, todavía andamos dándole vueltas a la importancia de suspender la tramitación de dos enmiendas a la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea.
Se ha demostrado que era una exageración comparar el auto del 19 de diciembre del Tribunal Constitucional con la irrupción de Tejero en el Congreso en 1981 o con el procés independentista de 2017. Basta imaginar cómo habría cambiado España si esas dos iniciativas golpistas hubieran triunfado. Y lo intrascendente que ha sido en comparación el triunfo de la medida cautelarísima solicitada por el PP.
Hay más pruebas de lo mucho de teatro y lo poco de crisis real que hubo, a pesar de la abrupta emisión de tres declaraciones institucionales el mismo 19 de diciembre por la noche.
Ahora hemos sabido que la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces decidieron el 14 de diciembre (un día antes de que se produjeran en el Congreso las acusaciones de golpismo y contubernio) desglosar una enmienda que el PSOE había introducido en el proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas para tramitarla como proyecto de ley orgánica de protección del secreto profesional del periodismo.
"Los mismos que proclaman su preocupación por el futuro del Parlamento callan ante las actuaciones gubernamentales que nos están llevando a un parlamentarismo difuminado"
Exactamente igual se podría haber hecho con las dos famosas enmiendas. El resultado habría sido un retraso en su aprobación de no más de 30 o 40 días.
Para mi pequeña historia personal queda que el mismo 19 de diciembre dije en EL ESPAÑOL que si tanto le preocupaba al Gobierno el enfrentamiento institucional (hasta el punto de recomendar al PP que retirara el recurso de amparo), debía recomendar al Congreso que tramitara las dos enmiendas como iniciativas independientes.
Descubría yo el Mediterráneo sin imaginar que otros ya lo sabían, pero que callaban porque no encajaba en sus planes.
Son los mismos que, con la presidenta del Congreso a la cabeza, proclaman hoy su "honda preocupación" por el futuro del Parlamento a raíz del famoso auto. Luego callan ante las muchas actuaciones gubernamentales que nos están llevando a un parlamentarismo difuminado.
Cuando el Gobierno usa en demasía los decretos leyes (135 desde que Pedro Sánchez es presidente), emplea el subterfugio de las proposiciones de ley para no tener que someter sus proyectos a los informes de otros órganos. Tampoco contesta a las preguntas de los diputados, e ignora los acuerdos de la Cámara.
Por no hablar, claro está, de la renuncia del Congreso y el Senado a su obligación constitucional de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, tarea de la que se encargan un ministro y un eurodiputado.
La falta de renovación del CGPJ sí es una auténtica crisis institucional que se prolonga ya cuatro años por el bloqueo del PP.
Extrañamente, el PSOE y sus aliados, que tienen la mayoría parlamentaria, no han buscado una fórmula normativa para obligar a los diputados y senadores del PP a que cumplan sus obligaciones, más allá de limitar las competencias del CGPJ en funciones (LO 4/2021, de 29 de marzo). Y no será porque no se han dado ideas.
Desde el cese automático de todos los vocales cumplido su mandato de cinco años (como sucede en Italia con su Consiglio Superiore della Magistratura y en España con el defensor del Pueblo), hasta una selección subsidiaria por sorteo entre los candidatos que hayan obtenido un determinado número de votos en las Cámaras.
[Opinión: El sorteo de vocales como solución al bloqueo del CGPJ]
Si estas propuestas de cambiar la LOPJ no convencen, quizá se podría pensar alguna fórmula en el interior del Derecho parlamentario. Aquí va una que, además, tiene la ventaja de servir para todo tipo de nombramientos que realicen las Cámaras.
Se trataría de introducir un artículo en los reglamentos del Congreso y del Senado que estableciera que todos los nombramientos de cargos de extracción parlamentaria deben realizarse dentro de los plazos legales. Y que, en caso de retraso, cada parlamentario sea sancionado con una multa de 500 euros diarios.
Las multas coercitivas son habituales en el Derecho administrativo. Así que si esas sanciones se aplican a los ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones, quizá haya llegado la hora de aplicarlas también a los políticos que no cumplan las suyas.
*** Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho constitucional en la Universidad de Granada.
