Lula da Silva, tras su reelección como presidente de Brasil.
¿Cómo sacar a América Latina de su propia telaraña?
Este año no será fácil para América Latina. Encararlo de la mejor manera es la tarea de unos Gobiernos con poco margen político y social.
El año ha terminado con importantes turbulencias políticas en América Latina. Sólo el último trimestre ya estuvo marcado por hechos tan graves como el atentado contra Cristina Fernández Kirchner, el autogolpe de Pedro Castillo en Perú y, en los últimos días, una nueva crisis política en Bolivia por cuenta de la detención del gobernador de Santa Cruz.
El expresidente peruano Pedro Castillo, tras su detención.
Pero estos países no son los únicos que enfrentan un 2023 que se prevé complicado. En el triángulo norte, El Salvador y Guatemala ven fortalecerse los rasgos autoritarios de sus gobernantes. La situación de Nicaragua y su tirano mandatario no tiene visos de mejora, para desgracia de los opositores políticos encarcelados en condiciones inhumanas.
Venezuela, por su parte, ve tensarse la negociación entre el régimen y la oposición tras la mejora relativa de la posición de Nicolás Maduro como consecuencia de la guerra en Ucrania y las restricciones en el acceso al petróleo y gas ruso.
El giro a la izquierda consolidado por el triunfo de Lula da Silva en Brasil, que auguraba un nuevo impulso al regionalismo, ha mostrado grietas incluso antes de estar plenamente activo. El respaldo directo de México al expresidente peruano Castillo ha sido secundado por los presidentes de Colombia, Bolivia y Argentina, mientras que Chile se ha mantenido fiel a un discurso de condena al golpe. No es sencillo entender que una acción tan clara en contra de la democracia encuentre alguna justificación, por compleja que fuera la situación personal del exmandatario.
En cuanto a Brasil, una vez superada las amenazas postelectorales de Bolsonaro y sus seguidores, Lula da Silva enfrenta su mandato más difícil.
Tampoco puede perderse de vista la situación interna de Colombia y Chile. La primera sigue lastrada por sus violencias y el brete de entablar un proceso que lleve a un variopinto conjunto de actores armados a desmovilizarse. La segunda intenta conseguir un consenso alrededor de la nueva constitución mientras su joven gobierno lidia con la inestabilidad.
"De los Gobiernos depende iniciar otra década perdida o sentar las bases de la recuperación y el crecimiento económico para todos"
El tenso panorama político conjuga mal con unas expectativas económicas bastante limitadas para el próximo año 2023. Según la CEPAL se espera que se acentúe la desaceleración económica y que se consume una década perdida en materia de avances sociales. Unos 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema.
Pero no solo este problema es grave. Tras la pandemia, la región ha sufrido dos grandes rezagos. Por un lado, la educación arrastra las brechas que abrió la pandemia. Por otro, la incapacidad para crear empleos de calidad. Dos dimensiones que impactan y empeoran la baja productividad de la región, y lastran el crecimiento.
La inflación, que seguirá siendo alta en 2023, puede desencadenar movilizaciones y una mayor desafección entre los ciudadanos y los gobiernos. A diferencia de los Ejecutivos de izquierda que gobernaron en la primera mitad del siglo XXI, las restricciones financieras y fiscales, el alto endeudamiento y la incertidumbre global impiden una política de gasto público expansivo que mengue el desapego popular.
La salida de las crisis sobrepuestas es un desafío. Sin embargo, hay fórmulas de sobra conocidas para que 2023 sea un año de mejora social y política. Por un lado, una mejor asignación del gasto público. Es indispensable usar más y mejor evidencia para la toma de decisiones en materia de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad.
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Es muy urgente cerrar las brechas que se han abierto en la educación con un esfuerzo colectivo, establecerlo como objetivo social amplio. Teniendo en cuenta además que la vulnerabilidad de los niños, niñas y jóvenes es uno de los sustentos del crimen organizado que fuertemente azota la región.
Por otro lado, ante las fallas de los sistemas democráticos sólo puede haber una respuesta: más democracia, más transparencia, mayor participación social, mayor rendición de cuentas. Contener las pulsiones autoritarias y populistas a la vez que se equilibra y garantiza la división entre los poderes públicos. Una sociedad civil organizada activa y protegida es uno de los activos más valiosos en este proceso.
Finalmente, diálogo regional. Los Gobiernos de izquierda no deben caer en el error que cometieron los de derecha con la creación de PROSUR y la desaparición de UNASUR. Las diferencias de tendencia política no pueden obstaculizar la institucionalización de los mecanismos de consenso. El caso de Perú no puede ser una nueva piedra en el zapato del avance regional.
2023 será difícil. Encararlo de la mejor manera posible es la tarea de unos Gobiernos con poco margen político y social. De ellos depende iniciar una nueva década perdida o sentar las bases de la recuperación y el crecimiento económico para todos.
*** Érika Rodríguez Pinzón es profesora de la Universidad Complutense, investigadora del ICEI y Special Advisor del Alto Representante de la Unión Europea.
