Aunque los asesinos del desertor ruso Maxim Kuzmínov no han sido capturados todavía y se desconocen por tanto sus identidades y su propósito, todos los indicios apuntan a una ejecución llevada a cabo por un escuadrón de la muerte desplazado hasta nuestro país, o afincado en él, a las órdenes de la mafia rusa o del Kremlin.  

Las declaraciones del jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, que este martes afirmó que Kuzmínov era "un traidor criminal" y que su deserción lo había convertido "en un cadáver moral", sólo hacen que reforzar lo que parece ser una convicción común entre las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

Kuzmínov vivía en Villayojosa (Alicante) con una identidad falsa después de desertar el pasado verano del Ejército ruso tras ser tentado por los servicios secretos ucranianos.

Este diario ha confirmado con fuentes conocedoras de la investigación que los asesinos de Kuzmínov eran profesionales que habían vigilado las rutinas diarias de su víctima e identificado todas las cámaras cercanas al escenario del asesinato. 

Las circunstancias de su deserción (Kuzmínov aterrizó en Ucrania con un helicóptero Mi-8 de combate tras asesinar presuntamente a los otros dos soldados que viajaban a bordo del aparato) lo habían convertido en objetivo prioritario de las autoridades rusas, que le acusaron de traición y ordenaron su asesinato allí donde se refugiara. 

El Gobierno español no ha confirmado si Kuzmínov se encontraba bajo algún tipo de protección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ha pedido que se deje trabajar a la Guardia Civil en la investigación del caso. 

Pero aunque este no sea el primer asesinato del Kremlin o de la mafia rusa en suelo europeo (el caso de Alexander Litvinenko es sólo el primero de una larga lista), el Gobierno no puede ni debe gestionarlo como si fuera un crimen más. 

En primer lugar, porque la posibilidad de que un escuadrón de la muerte ruso esté actuando impunemente en España supone un problema de primer orden para las autoridades españolas, que están obligadas a la detención de los culpables, así como a garantizar la seguridad de cualquier desertor u opositor al régimen de Putin que viva en nuestro país.

En segundo lugar, porque las conexiones del nacionalismo catalán con la mafia que rodea al Kremlin y con el régimen de Putin obligan al Gobierno a atajar de raíz cualquier posible intento de conectar ambos asuntos.

En tercer lugar, porque el asesinato de Kuzmínov debe ser leído como una amenaza al resto de refugiados rusos en España, pero también como una advertencia al Gobierno español. Porque si Putin o la mafia pueden asesinar impunemente en nuestro territorio, ¿qué dice eso de la capacidad del Gobierno para proteger la vida de sus ciudadanos? 

En cuarto lugar, porque este asesinato se suma al atentado contra Alejo Vidal-Quadras, todavía no aclarado y del que Gobierno no ha dado aún mayores explicaciones.

El Gobierno debe reaccionar de inmediato, averiguar la identidad de los asesinos, dar respuestas a los interrogantes de los españoles y plantear una respuesta, policial y diplomática, a la altura de la amenaza. 

La alternativa supondría permitir que Putin socave la fe de los ciudadanos españoles en su Gobierno, así como la confianza en la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para acabar con las amenazas criminales que se ciernen sobre España.

También, que el propio régimen ruso, o la mafia de ese país, se sientan impunes para actuar de nuevo en nuestro país contra ciudadanos rusos, pero también españoles.

Porque si esos asesinos han sido capaces de esto, ¿qué nos hace pensar que no podrían ser capaces de ejecutar acciones todavía más letales?

España no puede convertirse en escenario habitual de ejecuciones extrajudiciales como esta. Mucho menos permitir que ocurran de forma impune. El problema es policial, pero también diplomático y de imagen internacional.