El estremecedor caso de Ángel Hernández, detenido por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal y que durante meses reclamó su derecho a poner punto final a su vida de una forma digna, ha reabierto el debate sobre la eutanasia.

El impacto ha sido enorme por la historia de amor que unía a Ángel y a María José, y por el hecho de haber sido grabados los instantes finales en vídeo y haber podido verse en televisión. Además, ha reverdecido la polémica en la precampaña electoral.

Dignidad

EL ESPAÑOL da cuenta hoy de cuáles son las posiciones que los principales partidos políticos tienen sobre este asunto. Vox y PP cierran las puertas a cualquier tipo de eutanasia. PSOE y Podemos defienden la muerte asistida y subvencionada. Ciudadanos también es partidario, pero antes de aprobar la ley ve imprescindible regular los cuidados paliativos.

El Código Penal castiga ahora con penas de dos a diez años de prisión la inducción o la cooperación con el suicidio, si bien prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave. España no es un caso aislado. La mayoría de legislaciones de nuestro entorno castiga a los facultativos que acaben con la vida del paciente que les pide morir. 

Testamento vital

Los cambios médicos y sociales obligan a enfocar la eutanasia desde otra perspectiva a la que tuvo el legislador en su día. Sería descabellado que Ángel pasara años en la cárcel por haber ayudado a su mujer a cumplir su voluntad. Por eso creemos que es necesario regular tanto los derechos de la persona en el proceso final de su vida como el respeto a la libertad de conciencia de los médicos, de forma similar a como hubo que hacer con el aborto, ponderando los derechos de todas las personas implicadas. 

Entre las obsesiones de EL ESPAÑOL está la del derecho a una muerte digna. Hay que tener en cuenta que el avance de la ciencia permite alargar la vida a veces de forma inhumana. Entendemos que el testamento vital es indispensable para que sea cada persona, sin imposiciones y con garantías, la que pueda decidir, en plenitud de sus facultades, cuánto tiempo está dispuesto a soportar el sufrimiento y la enfermedad. Lo excepcional de la vida -y de la muerte- nos obliga a afrontar este debate con altura de miras y despojados de prejuicios ideológicos y morales.