El Premio Sájarov no es un homenaje. No se otorga para que el premiado se sienta reconfortado y sus esfuerzos queden reconocidos. No es un evento social ni un acto puramente simbólico.
El Premio Sájarov es puro activismo político hecho desde las instituciones: lo otorga el Parlamento Europeo, que representa a los casi quinientos millones de ciudadanos de la Unión, y, por tanto, significa un respaldo moral de la máxima importancia.
Porque los europeos adquirimos un compromiso de por vida con la causa que acreditamos como merecedora de este galardón.
El Premio Sájarov suele levantar ampollas, dentro o fuera de Europa, porque se concede a personas comprometidas. Pienso en José Luis López de Lacalle, asesinado por ETA en el año 2000, el mismo en que ¡Basta ya!, plataforma a la que pertenecía, recibió el reconocimiento.
O en Oswaldo Payá, galardonado en 2002, y muerto en un supuesto accidente hace diez años después.
Pienso en las activistas yazidíes Nadia Murad y Lamiya Ayi Bashar, víctimas de la esclavitud sexual perpetrada por el grupo terrorista Estado Islámico en Irak.
O en el doctor Mukwege, en Alekséi Navalni, en Mahsa Amini.
En tantos…
También pienso en el premio al pueblo ucraniano en 2022.
Por eso, en 2017 impulsé la concesión del Premio Sájarov a la oposición democrática y a los presos políticos de Venezuela, desde mi posición como eurodiputada liberal y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
En mi propuesta, defendía que premiar a la oposición democrática venezolana era una oportunidad para mostrar que estábamos comprometidos con la democracia y los derechos humanos en América Latina.
Por entonces, al menos veinte de los presos políticos en Venezuela eran europeos. Maduro había continuado laminando a la oposición y había liquidado la Constitución venezolana.
Su artefacto de Asamblea Constituyente, aunque no había sido reconocida en casi ningún país, había suplantado a los legítimos representantes del pueblo, y se habían producido elecciones manipuladas que reforzaron el poder chavista.
El dictador ya había anunciado que dejaría a los partidos de la oposición democrática fuera de las elecciones presidenciales de 2018.
La violencia sistemática, el desabastecimiento, la inflación y la miseria actuaban como aliados del régimen al debilitar a la población.
Europa debía mantener la máxima presión, incluyendo sanciones contra el narcoestado de Maduro, para forzarles a volver a la senda constitucional, celebrar elecciones con garantías, abrir un canal humanitario y liberar a todos los presos políticos. Sólo entonces podría darse un diálogo fructífero.
Aquel Premio Sájarov debía servir para dar un nuevo impulso a la lucha por la democracia, impedir nuevos atropellos del régimen de Maduro y ayudar a los venezolanos a superar el momento crítico que vivía su país.
Este año, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia vuelve a Venezuela. Ha sido otorgado a María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia, vencedor en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, como representantes de todos los venezolanos, dentro y fuera del país, que luchan por restablecer la libertad y la democracia en Venezuela.
"Este premio es para ellos", declaró la presidenta Metsola al anunciar su concesión.
Y así debe ser entendido y considerado. Este Sájarov es de todos los europeos para todos los venezolanos.
Yo, como María Corina, creo que el destino de Venezuela es irremediablemente ser libre. Por eso es tan relevante este premio. Es la acreditación del espíritu del 28 de julio, que no es otro que la virtud cívica al servicio de la transición y la reconstrucción.
La Unión Europea debe asumir el compromiso con los venezolanos que, a través del Parlamento, le han dado los ciudadanos europeos, y actuar en consecuencia. El liderazgo siempre exige claridad, y la equidistancia es inaceptable.
Para hacer posible la salida de Maduro del poder presidencial que usurpa desde hace casi seis años, para que la transición sea pacífica, negociada y completa, es imprescindible el reconocimiento explícito del presidente electo por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros.
Un dictador nunca entrega el poder fácilmente. Especialmente si vertebra una corporación criminal con complicadas conexiones con el narcotráfico, el paramilitarismo y el crimen organizado internacional.
Por eso, aunque en las pasadas elecciones presidenciales se constataron la ventaja histórica de la oposición y la victoria aplastante de Edmundo González Urrutia, el país entero sigue en vilo hasta el traspaso formal de ese poder, que no tendrá lugar hasta enero.
Más de 2.400 personas fueron detenidas durante las manifestaciones tras las elecciones. Las organizaciones no gubernamentales han denunciado la muerte de veinticuatro personas durante las protestas. María Corina Machado permanece escondida, mientras que Edmundo González Urrutia huyó a España, que le concedió asilo político a primeros de septiembre.
Como María Corina y Edmundo no han dejado de repetir, hay que ir hasta el final. Y el final (el irreversible final del chavismo, el final de la miseria y degradación que son su esencia) aún no ha llegado. Empezó el 28 de julio, y deberá continuar el 10 de enero en Caracas, con la inexcusable juramentación de Edmundo González como presidente ante el pueblo soberano de Venezuela.