Este domingo hay una manifestación en Barcelona para exigir que se cumpla la ley. En un país con la apariencia de democrático. Sólo con la apariencia.
Una manifestación que no se convoca en contra de ninguna ley, ni tan siquiera para suprimir aquellas que se saben injustas.
Una manifestación para reivindicar que se cumpla la ley. Para que se respete la sentencia de un tribunal. Una manifestación que apela a quienes deben ser garantes de su cumplimiento, no a una pandilla de antisistemas o de delincuentes.
O a lo mejor resulta que sí. Que los muy honorables, los excelentísimos y los ilustrísimos sí son antisistema y sí son delincuentes.
Una niña en su primer día de colegio. EFE
Quizá es eso lo que tenemos en las instituciones y seguimos jugando con la ficción de que ellos mandan y nosotros debemos obedecer porque es lo que toca y porque así lo dicen las leyes.
¿Por qué? Si la ley no les obliga a ellos, ¿por qué nos ha de obligar a nosotros?
Movilizarse, reunirse equis miles de personas para reclamar a quien dicta las leyes que las cumpla. Que más allá de cuál sea su ideología, sus gustos, su obsesión o su locura (que nos da igual), tenemos derecho a exigirles, con más motivo, lo que se nos exige a nosotros.
25% en español. Sólo eso. Por sentencia firme.
Ya lo dije en otra columna, nada que no sea la libre elección de lengua cooficial en la escuela vale la pena.
[Opinión: ¿Un 25% de español? No, gracias]
Porque eso es lo normal, lo justo, lo lógico, lo pedagógico. Conformarse con menos es acabar perdiendo siempre. Es consentir que te venga un Josep González i Cambray (ojo, González) a convertir la escuela en "una trinchera lingüística" y a un niño en un rehén mientras sus hijas asisten a un centro en el que pueden estudiar cuatro idiomas (incluido el español) sin que se venga abajo la sagrada montaña del Canigó.
Eso es salir vencido de antemano.
Pero si paso a paso y renuncia a renuncia ya se antoja un imposible esa libre elección, esa presencia de la lengua oficial del Estado como vehicular para quien quiera, reivindiquemos lo que dicta la ley y la cordura. No dejemos que se nos siga teniendo por imbéciles y por eternos pagafantas.
Decirlo en Barcelona equivale a hacerlo en cualquier lugar de España, porque los atropellos, sean lingüísticos, identitarios o de otro tipo, los hay en todo el país.
Por ejemplo, me gustaría que alguna vez se tomase también conciencia de lo que ocurre en Baleares. Ya sé que no somos granero de votos como Cataluña o Andalucía. Que nuestros separatistas patrios, a fuer de sucursalistas de los catalanes, no influyen con sus votos en las Cortes. Y que, más allá de las fronteras que nos traza el mar, no se les tiene en cuenta (porque nunca se les ha necesitado).
Pero en nuestro territorio, con un techo electoral de entre el 3 y el 7%, y la mayor parte de las veces sin necesidad de gobernar, han conseguido convertirnos en un gulag lingüístico de idénticas características a Cataluña.
Porque sí. En Baleares hay la misma inmersión lingüística en catalán que en Cataluña. Y con la lengua y con el adoctrinamiento en los libros y en las aulas impera la misma ley del silencio.
En cuanto a la sentencia del 25%, ¿es de aplicación en Baleares? La presidenta socialista Francina Armengol y su consejero de Educación dicen que no.
Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico dispone que dos o más sentencias del Tribunal Supremo en el mismo sentido ante situaciones iguales o similares suponen jurisprudencia aplicable a todo el Estado.
Sentencias hay dos. ¿La situación? Calcada a la de Cataluña.
Por tanto, debería ser de aplicación también en Baleares.
¿Quién va a decidir si se aplica o no la sentencia en Baleares? Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares al que la Obra Cultural Balear (el Òmnium Cultural de las Islas, para que lo entiendan) premió "por su aportación a la catalanidad de Baleares".
Vayan a la manifestación de Barcelona y busquen sitio en su agenda para que la siguiente sea (por ejemplo) en Mallorca.
