El Consejo de Ministros italiano ha decretado este martes el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos seis meses, con el objetivo de gestionar el desembarco ilegal de inmigrantes.
La medida ha sido propuesta por el ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, en un encuentro con el secretario del Interior, Matteo Piantedosi. Recibirá una financiación inicial de cinco millones de euros para los seis meses pactados.
El estado de emergencia se implementará en todo el territorio nacional debido al aumento excepcional del flujo de migrantes a través de las rutas del Mediterráneo. La decisión ha sido tomada después del desembarco de más de 3.000 personas en costas italianas en los últimos tres días.
Un inmigrante desembarca del buque de rescate de MSF Geo Barents, el pasado marzo en Bari.
La declaración se produce tras una conversación mantenida este lunes entre Musumeci y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y que fue confirmada a Efe por fuentes de Interior. "Nos hemos adherido gustosamente a la petición de Piantedosi, muy consciente de la gravedad de un fenómeno que aumenta un 300%. Seamos claros, no estamos resolviendo el problema, cuya solución sólo está ligada a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea (UE)", dijo Musumeci.
La medida, que "permite derogar algunas normas del ordenamiento vigente", "será nacional", ya que "necesitamos ayudar a las regiones porque existe el riesgo de enviar el sistema al colapso si continúa este ritmo de llegadas", añadió Musumeci, aunque insistió en la importancia de que Europa "se dé cuenta de que no hay mucho tiempo". "Si intervenimos en los países desde los que nos movemos, neutralizando la mafia de los traficantes, quizás podamos evitar lo peor", enfatizó.
[El karaoke de Meloni y Salvini con una canción de una migrante ahogada en plena crisis en Calabria]
En ese mismo sentido se había manifestado unas horas antes el vicepresidente del Gobierno y líder de la soberanista Liga, Matteo Salvini, al asegurar que Italia es "absolutamente incapaz" de gestionar "mil llegadas diarias" de migrantes y que "es crucial que Europa despierte e intervenga".
"[La UE] lleva años charlando, pero nunca ha movido un dedo, y es hora de demostrar que existe una comunidad, una Unión, y que la solidaridad no es sólo responsabilidad de Italia, España, Grecia o Malta. Porque mil llegadas al día somos absolutamente incapaces de apoyarlas económica, cultural y socialmente", dijo.
Los migrantes desembarcan del barco de rescate de la ONG "Humanity 1" en Catania
Más de 3.000 migrantes han llegado a Italia en unas últimas horas de intensa actividad para los guardacostas italianos, que han socorrido este fin de semana numerosas embarcaciones en peligro en el Mediterráneo Central.
En dos complejas y largas operaciones, aún sin finalizar, la Guardia Costera interceptó este lunes dos barcos en los que viajaban 800 y 400 personas en aguas próximas a Sicilia y Calabria, al sur, que se han sumado a las cerca de 2.000 personas que las autoridades italianas ya habían rescatado en otras operaciones desde el viernes.
"Si Europa está ahí, ya que somos contribuyentes netos de miles de millones de euros al año, es hora de demostrarlo, porque no podemos hacerlo solos", dijo Salvini, al explicar que es necesario "al menos un centro de repatriación para cada región".
Las llegadas a Italia ascendieron superaron las 31.000 desde el inicio de 2023, casi cuatro veces más que las cerca de 8.000 de 2022, con 3.002 migrantes en los últimos tres días, y un récord de 1.389 el pasado viernes, 7 de abril.
Una decisión inesperada
El decreto del estado de emergencia llega apenas una semana después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibiera con honores al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio Chigi de Roma. Durante su reunión, se produjo cierta —e inesperada— sintonía en materia de energía, reglas fiscales y también migración.
Sánchez y Meloni abordaron el Pacto sobre Migración y Asilo que los Veintisiete se han comprometido a aprobar antes de las elecciones a la Eurocámara el próximo año. Fuentes diplomáticas españolas subrayaban, antes de la cita, que las relaciones entre los países están por encima de los gobiernos que haya en cada momento y que Meloni, además, está "haciendo un esfuerzo" por cambiar su tono en este campo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, este miércoles en el Palacio Chigi de Roma.
De hecho, la líder italiana confirmó este viraje. Meloni ganó las elecciones a finales del año pasado en Italia con un mensaje muy radical en contra de la migración irregular. Y lo corroboró en sus primeros meses al frente del Consejo de Gobierno, obstaculizando de palabra y de obra el trabajo de las ONG de salvamento marítimo que operan en el Mediterráneo.
Sin embargo, y tras la tragedia de Cutro, inició un viraje en sus declaraciones, que este miércoles se confirmó cuando se alineó con la idea española de "llegar a acuerdos con los países de origen y tránsito del norte de África".
Aun así, de una manera implícita, la mandataria no dejó pasar la oportunidad de reclamar a la Comisión Europea "un mayor esfuerzo en corroborar los avances ya aprobados en el Consejo sobre la financiación del refuerzo" fronterizo.
Qué implica el decreto
El estado de emergencia que acaba de promulgar el Gobierno italiano implicará la apertura de nuevos Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR, o Centri di Permanenza per il Rimpatrio en italiano) que facilitarán a las autoridades las actividades de identificación y deportación.
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, antes del plenario del Consejo Europeo.
Sobre este asunto ya se pronunció este martes por la mañana el vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini, cuando indicó que veía necesario "al menos un centro de repatriación para cada región" y abogó por volver a aplicar una política más dura ante el fenómeno migratorio.
Salvini, quien actualmente ejerce también de ministro de Transportes, impulsó una severa acción antimigratoria siendo ministro del Interior (entre 2018 y 2019), con algunas actuaciones que ahora se dirimen en los tribunales, como su negativa a conceder el desembarco en puertos a buques humanitarios.