Bruselas critica el alza del salario mínimo y la contrarreforma de las pensiones

La Comisión Europea vuelve a cuestionar las medidas económicas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez: el aumento de un 22,3% del salario mínimo en 2019 y los planes para volver a ligar de forma permanente las pensiones a la inflación. En su informe anual sobre el estado de salud de la economía española publicado este miércoles, el Ejecutivo comunitario avisa además de que la inestabilidad política en España, manifestada en la moción de censura en junio de 2018 y las elecciones anticipadas del 28 de abril, está ralentizando las reformas necesarias para aumentar el crecimiento.

"En cuanto a los acontecimientos políticos, no tenemos mucho que comentar. Las elecciones son una parte normal de la democracia. En todos los Estados miembros hay elecciones y cambios de Gobierno y eso forma parte de la manera en que trabajamos", ha dicho el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, al ser preguntado por si la inestabilidad política es un problema para la economía española. Lo cierto es que en las recomendaciones de política económica que Bruselas dirigió a España el año pasado, apenas ha habido avances.

"El aumento del salario mínimo podría reducir el número de trabajadores pobres, pero también podría dañar las perspectivas de empleo de los jóvenes y de los poco cualificados", resalta el informe del Ejecutivo comunitario sobre la economía española. Esta "elevada subida" ignora la trayectoria "más gradual" que acordaron los interlocutores sociales en diciembre de 2017 y "sobrepasa" las previsiones de inflación y de mejora de la productividad, dice el estudio.

Bruselas hace suyos los cálculos del Banco de España según los cuales la subida del salario mínimo hasta 900 euros destruirá hasta 125.000 puestos de trabajo netos (alrededor del 0,8% del empleo total). "Este efecto negativo será más grande para algunos grupos, como mujeres, jóvenes, trabajadores poco cualificados y los que tienen contratos temporales", señala el informe. 

Según las estimaciones de la Comisión, aproximadamente el 11% de los trabajadores españoles recibirán el nuevo salario mínimo en 2019, frente al 4% que cobraban el salario mínimo en 2017. Por comunidades autónomas, el impacto negativo del incremento se concentrará en la Comunidad Valenciana (donde el salario mínimo cubre al 18% de los trabajadores) y Andalucía (15%). Por sectores, el más afectado es la agricultura (30%).

Aumento del gasto en pensiones

En cuanto a la contrarreforma de las pensiones, el Ejecutivo comunitario alerta de que "las recientes correcciones temporales a la reforma de 2013 y los planes para restablecer el vínculo de las pensiones al IPC incrementarán probablemente el gasto a medio y largo plazo, a menos que se adopten medidas compensatorias".

De acuerdo con las cifras de Bruselas, volver a ligar de forma permanente la subida de las pensiones a la inflación se traducirá en un aumento del gasto en pensiones de cuatro puntos del PIB en 2050, hasta alcanzar el 18% del PIB. Los incrementos legislados para 2018 y 2019 suponen ya una subida de gasto de 0,2 puntos del PIB.

El Ejecutivo comunitario vuelve a situar a España en el grupo de países que sufren desequilibrios económicos. Aunque el crecimiento sigue siendo sólido, la elevada tasa de deuda interna y externa, tanto pública como privada, continua constituyendo un factor de vulnerabilidad en un contexto en el que el paro sigue siendo elevado. 

Entre los principales retos que señala la Comisión al próximo Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril se encuentran el elevado déficit público, la segmentación del mercado laboral y la alta tasa de temporalidad, las carencias en materia de investigación e innovación y la regulación del sector servicios.

Junto con España, el resto de países con desequilibrios económicos son Bulgaria, Alemania, Francia, Croacia, Irlanda, Holanda, Portugal, Rumania y Suecia. Más preocupante es la situación de Italia, Chipre y Grecia, que están sufriendo desequilibrios económicos excesivos que exigen una actuación política urgente para evitar el contagio al resto de la eurozona.