En una decisión inesperada, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha anulado este jueves el mapa electoral del estado de Alabama. Considera que se discriminó el voto negro cuando el poder legislativo estatal, en manos del Partido Republicano, dividió los distritos para las elecciones a la Cámara de Representantes de manera en la que los votantes afroamericanos sólo eran mayoría en una de las siete circunscripciones.
El poder legislativo de los Estados Unidos está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. En el Senado, cada estado elige a dos senadores a través de elecciones a nivel estatal. En contraste, la Cámara de Representantes divide cada estado en "distritos congresuales" específicos según la población, y cada distrito elige de manera independiente a un representante. Alabama (el estado involucrado en el litigio) está actualmente dividido en siete distritos congresuales.
Cada diez años se redibujan estas circunscripciones para reflejar los cambios en la población. En la mayoría de los casos la legislatura estatal es responsable de este proceso. Esto plantea desafíos cuando los políticos buscan diseñar los distritos en interés propio.
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Para solucionar este problema, Estados Unidos ha establecido leyes que limitan el poder de los legisladores estatales. Una ley fundamental en este contexto es la Ley de Derechos Electorales de 1965, que protege los derechos de voto de las minorías. La Sección 2 de esta ley es especialmente relevante, ya que evita la creación de líneas de distrito que perjudiquen la representación justa de las minorías en el proceso político.
27% de población negra
El caso comenzó cuando la legislatura de Alabama, controlada por los republicanos, redibujó el mapa congresual después del censo de 2020. El nuevo mapa se asemejaba al anterior, con solo un distrito que tenía una mayoría de votantes negros, mientras que los otros seis distritos eran predominantemente blancos.
Los votantes negros y varios grupos defensores de los derechos electorales impugnaron el mapa electoral y alegaron discriminación y violación de la Ley de Derechos Electorales. Argumentaron que el mapa agrupaba a los votantes negros en un solo distrito, mientras que distribuía al resto en distritos controlados por votantes blancos, lo cual debilitaba su poder político. Además, señalaron que esta redistribución no reflejaba adecuadamente que los votantes negros representan aproximadamente el 27% de la población en edad de votar del estado.
El caso fue llevado ante un panel de tres jueces en el Tribunal de Distrito Federal, quienes emitieron un fallo unánime. Determinaron que la legislatura estatal de Alabama debió haber creado un segundo distrito con un mayor número de votantes negros, para brindarles una mejor oportunidad de elegir a los candidatos que respaldan.
Sin embargo, la legislatura de Alabama apeló el fallo, sosteniendo que habían dibujado las líneas de los distritos congresuales de manera justa. A su juicio, a menos que haya discriminación intencional, los distritos congresuales deberían ser dibujados sin tener en cuenta la raza. Por lo tanto, el caso llegó a la Corte Suprema.
De Alabama al resto del país
El jueves 8 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo inicial del Tribunal de Distrito Federal con un voto de cinco a cuatro. El presidente de la Corte Suprema conservador, John G. Roberts Jr., y el juez conservador Brett M. Kavanaugh, junto con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, respaldaron la decisión.
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El fallo ratificó la decisión del tribunal inferior de que la legislatura estatal de Alabama tiene que establecer un segundo distrito donde los votantes negros tengan una oportunidad equitativa de elegir a los representantes. Los jueces determinaron que la población negra de Alabama es lo suficientemente grande y concentrada como para justificar la creación de otro distrito.
La decisión fue sorprendente, ya que la Corte Suprema generalmente se inclina hacia una postura conservadora y previamente había intentado limitar las disposiciones de la Ley de Derechos Electorales en dos ocasiones.
El fiscal general Merrick B. Garland elogió el fallo, afirmando que "la decisión de hoy rechaza los esfuerzos por socavar aún más las protecciones fundamentales de los derechos electorales y preserva el principio de que en Estados Unidos, todos los votantes elegibles deben poder ejercer su derecho constitucional a votar sin discriminación basada en su raza".
El fallo de la Corte Suprema tiene implicaciones más allá de Alabama. Básicamente, confirma el requisito de la Ley de Derechos Electorales de establecer un número máximo de distritos congresuales con una población negra significativa en los estados donde hay polarización racial en las votaciones. Esta decisión tiene el potencial de influir en otros estados y llevar a una revaluación de cómo se dibujan los límites de los distritos congresuales en regiones con una población negra significativa.