Así es la nueva constitución cubana que no aprueba el matrimonio gay ni retira el comunismo

Este domingo, ocho millones de cubanos están llamados a las urnas para votar el referéndum sobre la nueva Constitución. El texto, aprobado el pasado diciembre por la Asamblea Nacional de Cuba, tendrá que ser ratificado por la población en la consulta popular de este fin de semana.  

La nueva Carta Magna sustituirá la actual Constitución que data de 1976. Entre otros cambios, el texto prevé límites al mandato presidencial, añade el cargo de primer ministro y reconoce la propiedad privada por primera vez. En el tintero se ha quedado una de las medidas más importantes, como la aprobación del matrimonio homosexual. Incluida en el primer borrador, la medida fue retirada tras las presiones de los sectores evangélicos y católicos en la isla. 

Además, también la palabra "comunismo", que inicialmente se había quedado fuera del primer borrador, se ha vuelto a añadir. En el primer documento, la reforma constitucional reafirmaba "el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba”, pero no utilizaba la palabra “comunismo”.  La palabra "comunismo" se volvió a incluir en el preámbulo de la Carta Magna bajo la afirmación "solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena".

Con la reaparición de esta referencia al comunismo y la exclusión del artículo que abría las puertas a las uniones homosexuales al modificar la definición de matrimonio que aparece en la actual Carta Magna, quedan fuera dos de las principales novedades que aparecían inicialmente en el borrador de la nueva Constitución cubana.

La oposición ha hecho una intensa campaña para que la población rechace la nueva Constitución, como forma de no legitimar el gobierno comunista en las urnas. La oposición describe el proceso como "un fraude" y dicen que el referéndum es "ilegítimo". además, señalan que desde que se ha aprobado la versión final del texto, el Gobierno ha usado su monopolio sobre los medios de comunicación para hacer campaña por su ratificación, mientras censuran otros puntos de vista y se acosan a los disidentes.

Sin embargo, los analistas esperan que este domingo la nueva Constitución sea ratificada. En 1976 la Carta Magna se aprobó con un 97% de los votos. Este domingo se espera que el porcentaje de aprobación sea mucho menor. "Diría que al menos las tres cuartas partes de la población va a votar a favor", ha señalado Rafael Hernández, analista político cubano, en declaraciones a Reuters. 

Si el documento se aprueba, estos serían algunos de los principales cambios que entrarían en vigor.

Limitación de mandatos

El presidente de la nación, que es elegido cada cinco años por la Asamblea Nacional, puede estar en funciones solo dos mandatos consecutivos y debe ser menor de 60 años de edad cuando asuma el cargo por primera vez.

El presidente de la Asamblea Nacional encabezará ahora el Consejo de Estado, dirigido anteriormente por el presidente de la nación.

Y se incluye el cargo de un Primer Ministro a nivel nacional para supervisar las gestiones diarias del Gobierno, enfocado en la economía estatal. El primer ministro será nombrado por el presidente del país.

La inversión extranjera 

La nueva Constitución reconoce el mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera como cambios necesarios para impulsar el crecimiento de la economía del país.

Las empresas privadas y cooperativas no agrícolas se incluyen por primera vez en el nuevo texto como actores económicos legítimos y el papel de las empresas conjuntas, así como otras formas de inversión extranjera, pasan de ser secundarios a “importantes” o “fundamentales”.

Derechos legales

La nueva versión añade la presunción de inocencia en los casos penales y el derecho a un abogado inmediatamente después de su arresto.

Por primera vez, los cubanos pueden demandar al Estado por daños y negligencia. Sin embargo, el sistema judicial con jueces designados por el Estado no ha cambiado. Los abogados siguen siendo empleados estatales.