Cuando el cáncer se trata por Skype: sanidad ‘low cost’ en las cárceles de EEUU

Doce muertes entre rejas cada día, muchas de ellas de personas aún a la espera de una condena firme. Ser sentenciado o confinado a una prisión en Estados Unidos no sólo supone perder la libertad. La salud también puede estar en juego si la cárcel a la que te asignan está alejada de un hospital decente o si el centro carece de recursos suficientes para controlar el estado de los presos. Como casi siempre en este país, todo depende del estado en que nos encontremos e, incluso, del condado, ya que el sistema penitenciario norteamericano no es uniforme.

En este país existen presidios federales, estatales, correccionales de condados y otras variedades, ofreciendo cada una de ellas unos estándares de calidad dispares y, en ocasiones, discutibles, sobre todo en lo que se refiere a la atención médica de los reos, muchas veces privatizada. El ejemplo más reciente lo encontramos en el estado de Arizona, que acaba de recibir una advertencia federal de posibles sanciones si no mejora los servicios sanitarios que presta a sus reclusos.

Como alternativa al elevado coste que acarrea atender a los presos en un país geográficamente inmenso, donde el derecho a la sanidad ya es de por sí un problema para la población libre, muchos centros penitenciarios están aprovechando la tecnología reducir este gasto y mejorar sus servicios a través de la telemedicina. Sin embargo, eso de ser diagnosticado y tratado vía Skype no convence a todos.

Para conocer la situación actual de muchos encarcelados, volvamos a dirigir nuestra atención a Arizona, donde las cárceles estatales podrían enfrentarse a multas federales de prosperar una investigación judicial iniciada gracias a la denuncia de una doctora exempleada de la compañía que brinda atención sanitaria a los presos. Esta médica ha acusado a su antigua empresa de retener deliberadamente los tratamientos y medicinas que necesitaban algunos enfermos para reducir costes. Y no es la primera acusación de este tipo en este estado.

Neil Wiles es un recluso con sida en una cárcel de Arizona. Su caso ha ayudado a sacar a la luz la situación. En una entrevista en la radio pública, este reo denunciaba que no se le administra correctamente su tratamiento. “Tomo tres tipos de medicamentos que deben ser administrados juntos o no sirven de nada”, explicaba el enfermo, que asegura que algunos días le llegaba sólo una pastilla y que no había tenido acceso a un especialista en meses.

Quejas como ésta no son puntuales. En el año 2012, 33.000 presos ya presentaron una demanda contra el estado de Arizona que terminó en un acuerdo entre las partes que se debía traducir en mejoras en los servicios sanitarios. Sin embargo, ahora el problema vuelve en los tribunales. Según las denuncias de los afectados, la empresa adjudicataria no contrata a suficiente personal ni especialistas para llegar a todos los pacientes.

La doctora que ha sacado nuevamente a la luz los problemas del sistema penitenciario de este estado es Jan Watson, quien asegura que no había visto algo así en toda su carrera. Según recoge la NPR, incluso sus peticiones urgentes para prisioneros con ataques cardíacos eran rechazadas por la empresa. La médica ha proporcionado correos electrónicos y otras pruebas que ahora servirán de base para la investigación de la que se hará cargo un juez federal.

La factura de la visita

Para evitar situaciones de ese tipo, las administraciones penitenciarias se ven obligadas a invertir fondos en personal médico y recursos. Esto es especialmente costoso teniendo en cuenta que las cárceles a menudo están ubicadas en áreas rurales alejadas de los hospitales donde se encuentran los especialistas. Organizar una simple visita a un oncólogo o un psiquiatra supone para muchas prisiones movilizar un equipo de vigilancia que acompañe al reo, lo que dispara la factura y puede desincentivar que compañías como la de Arizona se animen a responder a cada alerta médica.

Algunas administraciones penitenciarias han visto en la tecnología una oportunidad de abaratar costes y mejorar el servicio sanitario. Una simple videoconferencia puede permitir que los encarcelados tengan acceso a médicos sin tener que abandonar las instalaciones donde cumplen su pena, especialmente en casos relacionados con enfermedades mentales.

Pero esto de la telemedicina no es algo nuevo y, hasta ahora, los resultados han sido muy desiguales. Florida fue el primer estado en experimentar con esta tecnología en prisión, presentándola en las cárceles estatales a finales de la década de 1980. No obstante, se trataba de un sistema primitivo y costoso que no cuajó.

Otro estado del sur, Texas, comenzó a usarlo en sus cárceles a principios de la década de 1990. Entonces el rudimentario equipo audiovisual y la poca velocidad en el envío de los fotogramas producían imágenes deficientes que impedían a los médicos realizar un diagnóstico acertado. Sin embargo, pese al poco éxito inicial, desde entonces la tecnología ha avanzado y se ha abaratado.

Ahora una unidad de telemedicina estándar, que incluye una pequeña consola de audio, una cámara de vídeo y un monitor, cuesta menos de 2.000 dólares, un precio que puede multiplicarse por cuatro si se incorporan aparatos auxiliares como estetoscopios u otoscopios especiales con capacidad de enviar imágenes. No obstante, esta cantidad puede llegar a compensar si se compara con los gastos de derivar pacientes hacia hospitales.

Sin embargo, los centros que ya utilizan este sistema aseguran que la telemedicina no sustituye la atención primaria. Según explican la mayoría de empresas dedicadas a prestar este servicio, los médicos de prisiones examinan in situ a los pacientes y, en caso de identificar una posible afección que requiera un especialista, se hace uso de la videoconferencia. El doctor de atención primaria permanece junto al reo para ayudar a su examen. Si después de la sesión se estima necesario una prueba presencial, ésta se programa, según asegura Ross MacDonald, director médico del Health + Hospitals / Correctional Health Services de Nueva York. “Esto no pretende reemplazar las visitas en persona, sino complementarlas”.

Aunque no todos lo ven tan claro. Algunas organizaciones de defensa de los derechos de la población reclusa han alertado del creciente uso de la telemedicina, tal y como recoge la publicación sanitaria KHN.

Críticas al Skype

La Fortune Society, una organización sin ánimo de lucro de apoyo a los presos, avisa de que este sistema, pese a ahorrar costes, incrementa el aislamiento de los reclusos. Su vicepresidente, Khalil Cumberbatch, que también pasó por los centros correccionales, considera que se “está eliminando el contacto con el mundo exterior”. A su juicio, “el nivel de compromiso [de los médicos] se puede reducir cuando se hace el diagnóstico a través de una pantalla”.

El Centro para la Salud de los Presos y los Derechos Humanos tampoco lo tiene claro. Esta organización considera que la telemedicina no resuelve los problemas frecuentes en las cárceles, como son la respuesta en atención primaria o el seguimiento adecuado de los casos.  “Nuestra esperanza es que los ahorros obtenidos de la telemedicina se destinen a una mejor atención y diagnóstico, facilitar el acceso a la medicación a los servicios terapéuticos”, sostiene su director, Bradley Brockman, que no obstante recalca que este sistema abre las puertas a que los presos reciban una  atención de especialistas que de lo contrario tendrían más difícil.

Uso prioritario en psiquiatría

A pesar de estas reticencias, el uso de este sistema se va extendiendo progresivamente por un país que, por otra parte, no garantiza la atención médica a toda su población de rejas para afuera. Una encuesta realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la atención médica en la prisión en 2011 concluyó que al menos 30 estados ya usaban esta técnica, mayoritariamente para psiquiatría (62,2%) y la cardiología (26,6%), según la investigación que se publicó en 2016.

El resultado, más allá de los supuestos beneficios para el reo, son también para el contribuyente. Texas tiene la mayor población carcelaria del país, con más de 150.000 reclusos y es uno de los estados donde más se usa la telemedicina, más de 125.000 consultas al año. Además, se practica desde hace décadas. Aproximadamente tres cuartas partes de las visitas son para salud mental o atención primaria. Según un informe de Pew Charitable Trusts, este estado gastó 3.805 dólares por preso en atención médica en 2011, en comparación con un promedio nacional de 6.047 dólares. Casi un 40% de ahorro.

“Debido a que la telemedicina es menos costosa, existe una tendencia a usarla de manera excesiva e inapropiada. No se usa como un complemento para el personal sino como un sustituto”, opina David Fathi, director del Proyecto de Prisión Nacional de la Unión de Libertades Civiles de EEUU, que defiende que si bien la telemedicina puede mejorar el acceso a la salud, con demasiada frecuencia se usa para sustituir a un personal médico inadecuado en las cárceles.

Morir antes de la condena

Más allá de debates éticos o económicos, están los datos. Su interpretación deja poca duda de que existe un problema. Cada día mueren 12 presos en EEUU, es decir, 4.446 al año sin contar con las ejecuciones, según las últimas estadísticas disponibles del Departamento de Justicia, que sitúa el número de reos total en más de dos millones.

La mayoría de los fallecimientos ocurren en las prisiones estatales, que poseen la mayor población reclusa, aproximadamente la mitad de todo el país. Aquí la primera causa de muerte es el cáncer, seguida de los problemas de corazón y otras enfermedades. En los centros locales, en cambio, la principal razón es el suicidio -sin que en este dato se tenga en cuenta el estado de salud mental del suicida-, seguido de los problemas de salud. En este último caso, resulta más que llamativo que el 70 por ciento de los presos que perdieron la vida no estaban aún condenados.