Fernanda Martínez y Xaviera Molina, defensoras de DD.HH. nicaragüenses, durante una gira de incidencia por Europa. Peace Brigades International (PBI)
La Red de Mujeres Pinoleras desde el exilio en Costa Rica: "En Nicaragua no puedes opinar porque te desaparecen"
Corría el año 2007 cuando Daniel Ortega, exguerrillero del Frente Sadinista de Liberación Nacional, llegó a la presidencia de Nicaragua. El comandante, como le llaman, apenas obtuvo el 38% del apoyo popular. Sin embargo, esta no era la primera vez que gobernaba el país centroamericano, pues ya lo había hecho entre 1985 y 1990. En 2012 llega su reelección hasta 2017, año en el que se vuelven a convocar comicios presidenciales. Y así, hasta la actualidad.
Tras tres lustros en el poder, en 2018 llega el sonado estadillo social nicaragüense. El mismo fue reprimido con exacerbada violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El detonante, según apuntan algunas fuentes, fue la decisión del gabinete presidencial de reformar el sistema de seguro social. Pero hay quienes señalan que se produce tras el incendio de la Reserva Natural de Indio Maíz, que arrasó con más de 5.000 hectáreas del espacio protegido.
"El desmantelamiento del Estado de Derecho en Nicaragua ha sido un proceso gradual que se remonta a 2007, cuando entró el Frente al poder", apunta Fernanda Martínez, abogada, activista y defensora de derechos humanos. "Ortega ha sometido a todas las instituciones al poder Ejecutivo, incluso a la Policía Nacional y al Ejército", continúa. Y es que este ha configurado un régimen personalista en el que, además, cuenta con el apoyo de grupos paramilitares y del sector empresarial.
Las sucesivas reformas de la Constitución perpetradas por su gabinete han mermado la seguridad jurídica del país. "Un ejemplo de esto es la eliminación del texto donde se definía el feminicidio como un delito de orden público, el cual pasó a ser una cuestión de ámbito privado en 2014. En Nicaragua las mujeres estamos desprotegidas, invisibilizadas y las violencias quedan impunes", cuenta Martínez a Magas desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada.
La flagrante violación a los derechos humanos en el país ha empeorado sustancialmente las tasas de pobreza y desigualdad. En este sentido, desde la oleada de protestas, cerca de un 5% de la población ha abandonado el territorio nacional en busca de refugio a causa de la persecución, las amenazas y el hostigamiento sistemático hacia las voces opositoras. Mientras tanto, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, afirma categóricamente que Nicaragua es el país del "vivir bonito".
"La población está acorralada, por eso se está yendo del país. No puedes opinar, porque te meten preso o te desaparecen. La participación política está limitada a un sistema partidista que busca legitimar al Frente, que llegó al poder medio de una farsa electoral. Hay presos políticos, de los cuales al menos 20 son mujeres. En el caso de las organizaciones civiles, solo continúan activas las adeptas [al régimen], mientras que la cooperación internacional se ha retirado", explica Martínez.
Resistir desde el exilio
Fernanda Martínez dejó atrás la vida que conocía en su natal Nicaragua a causa de la persecución política de la que fue víctima. En 2018, se vio obligada a desplazarse forzosamente hacia Costa Rica. Allí se dedica al comercio de cosmética natural y continúa vinculada a la defensa y protección de los derechos humanos. Lo hace desde la Red de Mujeres Pinoleras. Como ella, Xaviera Molina, activista y feminista nicaragüense, también forma parte de la Red.
La misma nace en plena pandemia por la Covid-19. Durante este tiempo, un grupo de mujeres se dedicaron al trueque de alimentos y productos de higiene y limpieza. Esto las ayudó a sobrellevar la delicada situación socioeconómica del momento. "Con esta práctica milenaria sentimos que estábamos volviendo a nuestras raíces. Después vino la idea de preparar comida típica y asistir a ferias", explica Molina. A través de estas actividades, la Red busca "reivindicar la indignación sin perder la alegría".
Se trata de un espacio de catarsis donde las voces de quienes viven en el exilio siguen resistiendo, a pesar de todo. "Es supervivencia. La red nos ayuda a recuperar lastres de identidad", continúa Molina. Por ello no es de extrañar el gran éxito de sus actividades entre la comunidad nicaragüense exiliada en la vecina Costa Rica. "Al principio empezamos siendo siete mujeres, de las cuales dos somos nosotras [Fernanda y Xaviera]. En 2021 llegamos a ser hasta 35, todas emprendedoras", explica.
Y los hilos que tejan esa red de solidaridad ante las violencias y la experiencia del exilio son las mujeres. "Todas nosotras venimos de procesos organizativos desde Nicaragua, por lo que también decidimos aportar nuestra experiencia a todas aquellas que siguen viniendo hasta acá en busca de refugio. La Red nace de la necesidad de por la defensa de los derechos humanos, pero, sobre todo, la parte de género, la que más nos pasa por el cuerpo", añade Molina.
Además, las pinoleras trabajan sobre el concepto de economía feminista. "Lo hacemos cuestionando el modelo socioeconómico y cómo podemos cambiarlo, cómo podemos visibilizar, por ejemplo, que las mujeres también tenemos aporte a la economía mundial, este aun estando en la casa. Este ha sido nuestro estandarte, así como visibilizar la violación de los derechos humanos en Nicaragua y sus consecuencias. Muchas personas han visto truncada su vida", continúa.
