El Ayuntamiento de Málaga mantiene la presión férrea sobre la Casa Invisible, edificio de titularidad municipal pero que permanece okupado de manera irregular desde hace ahora casi 17 años. A la vertiente urbanística, que ha llevado a plantear el desalojo por la vía judicial (asunto que sigue pendiente de resolución), se suma la parte más económica, que tiene que ver con los "numerosos incumplimientos" al desarrollar actividades sin autorización para ello.

De hecho, en las últimas semanas, el Consistorio ha emitido varias actas de inspección que vienen a corroborar las infracciones administrativas de La Invisible, al organizar, publicitar y celebrar actos de libre concurrencia en un edificio que no presenta las condiciones de seguridad adecuadas.

Sobre este particular, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, ha advertido que el movimiento okupa ya ha sido notificado nuevamente para que proceda al cese de la actividad que desarrolla en su interior, disponiendo, en cualquier caso, de un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Observaciones que, según la edil, tendrán nula validez, dado que al no ser titulares del edificio no tienen potestad alguna para disponer del permiso necesario para, por ejemplo, organizar conciertos y otros actos. Pérez de Siles ha advertido de que en caso de que el colectivo mantenga la actividad, se decretaría el cierre, a lo que hasta la fecha de opuesto La Invisible, pudiendo concluir el trámite con la incoación de un procedimiento penal.