El problema de la vivienda a precio asequible en la provincia de Málaga, no solo no se reduce, sino que tiende a agravarse. Lejos de ser una cuestión puntual, la ausencia de una apuesta decidida por parte de promotores privados y públicos por construir promociones asumibles para el bolsillo de la mayoría de malagueños se prolonga en el tiempo y tiene visos de mantenerse.
Para confirmar esta realidad, que adquiere la condición de dramática para muchos jóvenes que se ven incapaces de encontrar una solución habitacional en el actual mercado, basta con poner sobre la mesa las estadísticas oficiales del Colegio de Arquitectos en los últimos seis ejercicios.
Tomando como referencia a este organismo, que registra de manera detallada tanto las unidades terminadas como aquellas impulsadas por empresas privadas, entre 2017 y 2023 apenas se han ejecutado en la provincia 812 viviendas de protección oficial (VPO). Esto supone una media de 116 anuales. Pero la verdadera dimensión del contraste se da cuando este parámetro se compara con las 32.486 viviendas libres que se han terminado en este mismo periodo de tiempo.
Conforme a estos números, puede concluirse que mientras se han construido de media 40 pisos libres sólo se ejecuta una con algún tipo de protección. Y ello en un contexto inmobiliario en el que, a la espera de ver cómo evoluciona el nuevo año, los precios del residencial siguen creciendo.
A modo de referencia. El portal Idealista informa de que el pasado mes de diciembre el precio medio de la vivienda en venta en la provincia se situó en los 3.079 euros el metro cuadrado, un 11,3% por encima del mismo mes de 2022. Este precio es el máximo histórico registrado. Partiendo de ese valor, una casa de apenas 80 metros cuadrados se paga, de media, a 246.320 euros. La opinión de numerosos expertos es que los precios se moderarán o se mantendrán en los próximos meses, sin que esté previsto una caída de los mismos.
La última estadística del Colegio de Arquitectos permite comprobar no sólo la escasez de VPO terminadas, sino también lo reducido de los proyectos de nueva materialización. Sólo en 2023 se han visado 68 pisos protegidos, frente a las 6.911 libres. Esto supone que las VPO no representan ni el 1% de las unidades proyectadas el año pasado.
Todo ello ocurre cuando desde hace meses son numerosos los compromisos asumidos por las Administraciones públicas en pro de encontrar soluciones para esa mayoritaria parte de la sociedad que no tiene capacidad económica para afrontar la compra de una casa. Y que tampoco encuentra consuelo en el mercado del alquiler, que alcanza también cifras récord.
Al necesario paso adelante que deben dar los poderes públicos, tal y como ha reclamado la decana de los arquitectos, Susana Gómez, se tiene que sumar un mayor esfuerzo de los promotores privados por ejecutar promociones a precio asequible. El problema que se viene reiterando desde el sector desde hace tiempo es que con las actuales condiciones, los precios no salen.
Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga abundan en esta línea de pensamiento y van más allá. "Un promotor que tenga suelo libre siempre optará por hacer vivienda libre; en Teatinos las están vendiendo a unos 500.000 euros y hay cola", dice de manera expresiva, al tiempo que añade: "Si el suelo no está clasificado como VPO no las van a hacer".
El otro gran argumento de los promotores es que la regulación de este tipo de vivienda "no es capaz de adaptarse a tiempo a la evolución de la economía". "Mientras que la vivienda libre, ante una subida de tipos o de los precios de la construcción, se puede proteger con mecanismos, las VPO no porque los precios están regulados y se revisan cada mucho tiempo; eso hace que no sea atractiva para el promotor", añadía.
Es por ello por lo que desde hace tiempo, los promotores mantienen conversaciones con la Junta de Andalucía, que parece dispuesta a elevar el precio de los módulos. Una decisión que, a priori, debe permitir generar un mayor interés por estas operaciones residenciales.
Suelos en el mercado
La decisión final será clara para que planes activados en los últimos meses del año pasado para incrementar la oferta de viviendas a precio asequible sean factibles. Es el caso del Ayuntamiento de Málaga, que tiene previsto poner en el mercado en los próximos meses suelo para que promotores privados desarrollen 1.168 pisos protegidos en los suelos de Cortijo Merino y Distrito Zeta. Parece poco probable que estas enajenaciones encuentren el respaldo esperado si los promotores no encuentran el aliciente económico suficiente.
Muestra del problema que generan este tipo de operaciones es el reciente proyecto impulsado por el Consistorio malagueño para otorgar a una empresa privada, en forma de concesión a 75 años, una serie de terrenos en el sector Universidad para 530 viviendas protegidas en alquiler. Al concurso, que contaba con importantes ayudas públicas, sólo se presentaron dos empresas, resultando finalmente seleccionada Lagoom Living.