Desde que Iván Espinosa de los Monteros anunció que abandonaba la portavocía del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, la 'despedida' de Rocío Monasterio ha sobrevolado los pasillos de la Asamblea de Madrid.
Su líder, Santiago Abascal, no había sido nada generoso con la portavoz regional durante las elecciones del 28-M, tras hacer una campaña casi en solitario. Esto, unido a su desaparición de la cúpula nacional, por las luchas internas del partido, marcaban la línea de puntos hacia el final de su trayectoria política.
Aun así, Monasterio resiste. La "última liberal de Vox", como bromean algunos de sus allegados, se mantiene sin la ayuda de su escudero principal, José Luis Bartolomé, que dejó la política en enero y haciendo frente a la enésima zancadilla de su partido: el nombramiento de José Antonio Fuster como portavoz nacional de Vox.
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Fuster es una pieza clave en el nuevo Vox en el que han ganado la batalla los perfiles más conservadores y duros, cercanos al eurodiputado Jorge Buxadé. El auge del periodista, que está integrado en el grupo regional y es diputado en la Asamblea, quita cada vez más poder a Monasterio.
Ella, por el contrario, sigue con su estrategia de esquivar la polémica dentro de su propio partido y trabajar "por Madrid". De hecho, cuando este lunes los periodistas le han preguntado por si el nombramiento de Fuster implica algún cambio en el grupo político, Monasterio ha negado la mayor.
El nuevo portavoz de VOX, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox
Ha asegurado que el movimiento de Vox nacional es una "buenísima noticia" que va a ayudar al partido en Madrid a estar "muy coordinado" con el equipo en Madrid. Una declaración que no se sabe si se tiene que leer con dobles intenciones después de que varios miembros de Vox hayan dado por "rotas" las relaciones entre la sede nacional y la regional.
Ahora mismo, Fuster es portavoz segundo adjunto del grupo parlamentario y uno de los diputados más polémicos por sus intervenciones. La rueda de prensa que dará cada lunes en la sede de Vox, tras su llamado Comité de Acción Política, coincidirá en hora y día con la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, en la que hace declaraciones Monasterio.
Su nombramiento se interpreta desde la oposición como una forma de dar más relevancia a Fuster para que, poco a poco, tenga más peso en el partido y así obligar a salir a Monasterio. Algo que, tal y como ha publicado este diario, no ha querido hacer las veces que se le ha propuesto.
El movimiento de Vox nacional, además, tiene un claro fin electoralista fuera de la región: en Cataluña. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el ahora portavoz Ignacio Garriga, debe dedicarse por completo a los comicios catalanes.
"Vox es la única opción ante el independentismo", declaraba Monasterio, asegurando que el objetivo final es que Garriga se "centre" en las elecciones catalanas.
Todo esto para Rocío Monasterio no es nuevo. Son muchas las informaciones que se han publicado sobre su "inminente caída" y cómo la torpedeaban desde su propio partido, pero ella ha resistido. El problema es el momento en el que todo ocurre: Monasterio se enfrenta a ser suspendida dentro de la Asamblea de Madrid por su voto 'fake'.
Voto 'fake'
La suspensión no será irrevocable, ni mucho menos. Durará un tiempo determinado (de 15 a 30 días) y todavía no se sabe ni siquiera si va a ocurrir, pero lastraría la imagen de Monasterio que sería relegada durante un tiempo por una sanción de la que apenas hay precedentes.
Es la Mesa de la Cámara Regional la que aprobó, en febrero, iniciar el procedimiento contra la portavoz por haber votado desde el escaño de un diputado de su grupo que no estaba ocupado. El procedimiento podría acarrear desde su suspensión, hasta 30 días, hasta un recorte en las retribuciones que cobra mensualmente su grupo (por la parte proporcional que les 'toca' por su trabajo.
En estos momentos, la Asamblea está a la espera de que la diputada, Mercedes Zarzalejos, encargada de llevar este proceso, realice un "pliego de cargos" para reflejar los hechos imputados, la infracción causada y las sanciones a aplicar.
Este documento se prevé que se presente entre esta semana y la siguiente y, tras ello, Monasterio tendrá 10 días para presentar alegaciones y otros ocho más hasta que se formule la solución.
En este punto, tal y como ha precisado el escrito de la Mesa, se fijarán con precisión los hechos y la calificación jurídica para determinar la infracción. Además, incluirá quién ha sido y la propuesta de sanción a imponer.
Este informe llegará a la Mesa, quien la votará y resolverá definitivamente. Tras el acuerdo, Monasterio podrá solicitar que se reconsidere, abriéndose un plazo de quince días más en los que la sanción quedará suspendida.
En la Mesa tiene mayoría el grupo parlamentario Popular, por lo que está en su mano poner sobre la cuerda floja (o no) a Rocío Monasterio. El discurso de la portavoz de Vox no ha cambiado por ello y se muestra a la espera de que se resuelva lo que para ella es una "cacería política". La duda es si esa cacería también se está preparando dentro de su partido.