Ayuso recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de ahorro energético del Gobierno

La Comunidad de Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad al real decreto del plan energético del Gobierno de España al considerar que se está "poniendo en cuestión las competencias propias" de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio, ha afirmado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.

El Gobierno se ha reunido este martes con las comunidades autónomas para explicar el decreto, que no retirará como pedían las lideradas por el PP. Eso sí, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado que el pequeño comercio tendrá un margen hasta final de mes para adptarse a la nueva normativa.

"Acabamos de concluir la reunión con las ministras y no hay rectificación por parte del Gobierno. Mantienen la imposición de las medidas al comercio, a los supermercados, al teatro y al cine, por citar algunos de los sectores más afectados", ha explicado Martín tras la reunión telemática mantenida con Ribera.

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En efecto, Ribera ha descartado que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto pese a la insistencia para que no sea así, además de la Comunidad de Madrid, de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia.

Sánchez, de vacaciones

La vicepresidenta tercera ha explicado que las regiones que se han mostrado contrarias a la aplicación "no han presentado propuestas alternativas" si bien "se han comprometido a hacerlo".

En este sentido, Ribera ha confesado que le ha resultado "un poco descorazonador" ver cómo desde algunas administraciones, "más que destacar la idea de 'queremos ayudar a que esto sea posible', se subrayaba la idea de 'no me gusta, vamos a incumplir'".

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que regrese de vacaciones y retire de inmediato el decreto porque, según ha denunciado, "se ha elaborado a espaldas de las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales", aunque ha dado "autonomía" a sus Ejecutivos regionales para recurrirlo si así lo consideran.