El TSJM anula las zonas de bajas emisiones de Madrid que denunció Vox y advierte que afectan a rentas más bajas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado parcialmente la ordenanza de 2021 del Ayuntamiento de Madrid sobre las zonas de bajas emisiones. La Justicia tumba, en concreto, todo el ámbito de las conocidas como ZBE "en todo el municipio", incluyendo también la del Distrito Centro y la de Plaza Elíptica.

El fallo no significa que las ZBE de la capital decaigan automáticamente. La resolución no es firme. El Ayuntamiento tiene 30 días para recurrir en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, competente en asuntos de esta naturaleza. Fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad explican que sus servicios jurídicos tienen aún que estudiar la sentencia. 

En su dictamen, el TSJM rechaza varias alegaciones del demandante, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento madrileño, pero le da la razón cuando sostiene que los informes previos que sustentaban la Ordenanza eran insuficientes. 

En estos momentos, toda la ciudad de Madrid está declarada como zona de bajas emisiones. Esto supone que ningún vehículo sin etiqueta ambiental -diésel matriculados antes del 2006 o gasolinas previos al 2000- puede circular por la capital. El ámbito geográfico de la restricción se ha ido ampliando de forma progresiva hasta englobar a toda la ciudad. 

Fue la anterior alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), la primera en aplicar una zona de bajas emisiones en la ciudad. Se llamó Madrid Central y abarcó 480 hectáreas del centro a las que no podían acceder los vehículos más contaminantes. Cuando Almeida se hizo con la Alcaldía, puso en marcha una estrategia más ambiciosa, Madrid 360, que ha ido extendiendo la ZBE hasta alcanzar cada rincón de la ciudad.

El impacto económico

La decisión judicial no cuestiona que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en 2021 aplicara esta normativa para proteger el medio ambiente ni que fueran necesarias estas medidas de control. Sin embargo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que las consideraciones sobre el impacto económico fueron insuficientes. 

La sentencia alude a que las medidas lanzadas por Cibeles repercuten a personas con "menos capacidad económica" que tienen difícil comprarse un coche que cumpla con las exigencias ambientales. Según el texto, la Administración local no hizo "una valoración de este factor", como marca la propia Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. 

Del mismo modo, argumenta que las restricciones afectan a "miles de vehículos profesionales" y a las "condiciones de la competencia y del mercado". El juez considera que el Consistorio tendría que haber tenido en cuenta la situación de los colectivos empresariales "de menor capacidad económica", como los autónomos, microempresas o pymes. 

Así, el TSJM concluye que la aprobación de la Ordenanza no se atuvo a los criterios del TJUE y del Tribunal Supremo, que establecen la exigencia de respetar el principio de proporcionalidad en materia ambiental, es decir, de "ponderar en cada caso si las medidas restrictivas son necesarias y proporcionales". 

Madrid 360 es una de las grandes apuestas del actual equipo de Gobierno. El Ayuntamiento defiende que su estrategia ha permitido que, por segundo año consecutivo, Madrid haya cumplido con la directiva europea en calidad del aire y reducido los niveles de dióxido de nitrógeno. 

"Un defecto formal"

Desde la plaza de Cibeles, el delegado ha informado de que ya se han dado instrucciones al servicio jurídico para que estudie la posibilidad de presentar este recurso.

"No es una decisión política, sino una decisión netamente jurídica y tienen que analizar, por tanto, la sentencia y determinar si presentar ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Dicho plazo finaliza el 23 de octubre", ha informado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

"El Tribunal Superior de Justicia anula las ZBE por un defecto formal al no considerar acreditado o justificado adecuadamente el impacto económico que tenía la implantación de las zonas de bajas emisiones", ha explicado Carabante, aunque ha justificado que en la nueva Ordenanza de Movilidad de Madrid 360 se incorporó el impacto presupuestario, algo que esta sentencia no pone en cuestión, así como el impacto económico.

"Se trata de un defecto formal de carácter al valorar, como digo, que no se encuentra suficientemente valorada o motivada esa memoria", ha detallad Carabante. Además, se ha referido a la jurisprudencia al afirmar que no se anulan las multas que ya han sido impuestas en base a una norma vigente.

Críticas de la oposición

La noticia del fallo ha desatado una oleada de reacciones políticas. Para la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, la sentencia pone fin al "Madrid Central de Carmena y de Almeida" tras "años de trabajo" de la formación de Santiago Abascal, liderada en la capital por Javier Ortega Smith. 

"Años de trabajo dan sus frutos. Solo Vox se ha opuesto frontalmente al Madrid Central de Carmena y de Almeida. La libertad puede volver a Madrid", ha destacado Monasterio en sus redes sociales.

Por su parte, la líder de la oposición municipal, Rita Maestre (Más Madrid), ha pedido al alcalde que recurra la sentencia y busque las soluciones que estén en su mano para "impedir que demos un paso atrás en la calidad del aire de Madrid". 

"El PP y Almeida alimentaron el negacionismo climático en su lucha contra la izquierda madrileña y sufren ahora el boicot que en el pasado emplearon y alimentaron contra todos los avances en la materia", ha valorado Maestre, que cree que el primer edil popular llegó "tarde" y "sin ganas" a este asunto. 

Desde el PSOE del Ayuntamiento de Madrid consideran que la resolución es "un ejemplo más de chapuzas Almeida". "Ya van muchos casos en los que la justicia anula actos del Ayuntamiento de Almeida por no cumplir con el procedimiento, se nos ocurren la moratoria de vehículos para acceder a Madrid Central, las estufas de gas en las terrazas y la propia ordenanza de terrazas", ha criticado Enma López, portavoz adjunta del grupo municipal que lidera Reyes Maroto. 

En este sentido, López ha afeado a la Corporación municipal la situación de "inseguridad jurídica" que se crea en Madrid tras la anulación de estas regulaciones. "Perjudica a los vecinos y las vecinas que al final no saben si pueden entrar con el coche o no; si se puede poner una mesa de terraza o no".