Se ha demostrado una preocupante incapacidad para ejecutar los PERTE, con unos resultados mediocres que deberían haber hecho reflexionar a los responsables públicos sobre la eficacia de unos diseños poco maduros, sobre la reincidencia en los errores y problemáticas que están limitando su poder tractor y transformador.

Desde su anuncio a finales de 2020, los PERTE se crearon como la solución a nuestros males económicos agravados por la pandemia, prometiendo impulsar la innovación y la sostenibilidad en sectores clave. Sin embargo, la realidad ha demostrado que las expectativas de las empresas chocan con el muro de la burocracia, la incertidumbre económica y una planificación que no parece estar a la altura de las circunstancias.

En un contexto global altamente competitivo, donde se prima la búsqueda de la autonomía estratégica en sectores clave con fuertes impulsos fiscales, resulta dramático que estas ineficiencias estén provocando la pérdida de oportunidades para desarrollar nuevas cadenas de valor, como en la industria Net Zero o en la de Semiconductores y que, cuando España logre movilizar fondos de manera efectiva, la ventaja adquirida por otros países será tan amplia que impida, una vez más, que lideremos las grandes transformaciones industriales y la innovación tecnológica.

Tras las cifras anunciadas a bombo y platillo y con toda la pompa gubernamental, un examen detallado muestra que apenas un 24% de los fondos asociados a los PERTE han sido resueltos en convocatorias, en algunos casos con porcentajes de adjudicación muy reducidos. Ni se analizan los resultados para mejorar su impacto, ni se adaptan y ejecutan los proyectos a la velocidad que la situación requiere.

No se trata solo de disponer de más recursos financieros, sino de transformar la estructura productiva de España mediante el diseño e impulso de proyectos que respondan a las necesidades de los sectores industriales del país y en este aspecto, son constatables los fracasos continuados en convocatorias de los PERTE.

Lanzar hasta 34 Manifestaciones de Interés y disponer cientos de proyectos innovadores en los que trabajaba el sector privado no ha bastado para seleccionar los proyectos tractores más aditivos y adaptados a la realidad empresarial. De los más de 750 presentados a la MDI de la Dirección General de Industria tan sólo una pequeña fracción se ha materializado en iniciativas concretas. Nunca un gobierno dispuso de tanta y tan completa información para desperdiciarla con su ineficacia.

No solo han impactado negativamente cuestiones coyunturales como los altos precios de la energía, materias primas o los elevados tipos de interés, sino que el diseño gubernamental deviene en barreras estructurales que impiden un aprovechamiento óptimo de los más de 42.000 millones de euros públicos presupuestados para los PERTE.

La complejidad burocrática es un laberinto de rigideces, requisitos y procedimientos que han dificultado el acceso a las pymes, con plazos para realizar las inversiones poco realistas que lastran la rentabilidad de los proyectos. Son tales los desafíos que nuestro tejido productivo debe abordar para lograr acceder a las ayudas y créditos, que resulta realmente desalentador y puede acabar estrangulando todo el potencial innovador de la economía española.

Una de las áreas más críticas es la gobernanza del plan. La falta de un modelo de gobernanza eficaz que incorpore a las comunidades autónomas y el sector privado en el diseño y ejecución de los PERTE, ha generado las tensiones y descoordinación propias de una visión recentralizadora del gobierno que choca con las realidades, competencias y necesidades territoriales.

La complejidad burocrática es un laberinto de rigideces, requisitos y procedimientos que han dificultado el acceso a las pymes

Ahora se nos anuncia un nuevo sistema de gobernanza para gestionar los 20.000 millones del Fondo de Resiliencia Autonómica con el Banco Europeo de Inversiones que preside Calviño sin que, de momento, el ministro Cuerpo haya concretado cómo se materializará o quién concederá las financiaciones y bajo qué baremos.

Esta situación se agrava con la ausencia de rendición de cuentas. El gobierno ha mostrado una notable opacidad para facilitar información detallada de la ejecución de los PERTE, dejando al conjunto de la sociedad civil y al sector empresarial en una nebulosa de incertidumbre, no solo “eurovisiva”. La falta de transparencia mina la confianza en los procesos, impide la evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y, por tanto, debilita la confianza institucional y la seguridad jurídica.

A pesar de todo y más allá de las cifras y los problemas en los procedimientos, está en juego la capacidad de España para capitalizar una oportunidad histórica. Los PERTE no son solo proyectos económicos del corto plazo, son la semilla de una transformación en términos industriales y de sostenibilidad que podría posicionarnos a la vanguardia de la innovación en Europa.

Sin una simplificación administrativa eficaz, la inclusión de incentivos fiscales en la financiación europea, el desarrollo de PERTES Territoriales o sin garantizar una verdadera participación de los actores implicados en la ejecución, desde administraciones hasta el tejido empresarial, parece complicado aprovechar todo el potencial de los fondos europeos.

La pregunta que flota en el aire es: ¿Seremos capaces de sortear estos obstáculos y aprovechar esta oportunidad? De no hacerlo, los PERTE quedarán como un ambicioso proyecto más que pasó por delante y que nunca logró materializar su potencial transformador. La respuesta a esta pregunta definirá si el legado para la próxima generación será solo deuda o un verdadero cambio estructural.

*** Santiago Sánchez López es economista.