El principal problema de ambas figuras es que, aunque pretenden gravar beneficios extraordinarios, en la práctica son dos impuestos sobre márgenes. Una primera cuestión es que los impuestos sobre márgenes, habitualmente, se repercuten al consumidor.

Eso está prohibido por la ley de creación de ambos “gravámenes”. Sin embargo, lo más probable es que, al menos en parte, ambas “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias” las estén pagando, en parte, efectivamente los consumidores.

El ejemplo más claro está en gasolinas y gasóleos. Aquí se pasó sin solución de continuidad de una rebaja de 20 céntimos en 2022 a un gravamen sobre los márgenes de las empresas energéticas en 2023 y 2024.

Pero no toda la rebaja de 20 céntimos iba a cargo de presupuestos. En el caso de las grandes petroleras, la rebaja a cargo de presupuestos era de 15 céntimos, mientras que se implantaba una prestación de 5 céntimos por litro para estos operadores. Lo que ocurre es que esta prestación era sustituible por una rebaja de 5 céntimos. Bien, la prestación “sustituible” se terminó, precisamente, el día 1-1-2023, en que entró en vigor la que no era sustituible.

Curiosamente, ese día las grandes petroleras terminaron con el descuento de 20 céntimos, no de 15 céntimos, manteniendo el resto de los descuentos comerciales que tenían establecidos.

Otro aspecto curioso ha ocurrido con el gravamen bancario, que tampoco es repercutible a los clientes. Aquí, los tipos de interés que pagan los clientes que
solicitan un crédito han subido, como en toda Europa. Pero la banca española, que es la única sometida a un gravamen de este tipo, es la que menos paga por los depósitos.

El principal problema para la eliminación de los gravámenes temporales es que, paradójicamente, recaudatoriamente han funcionado

Probablemente, la razón fundamental está en que hay menos competencia. Esto se debe al proceso de “consolidación”, derivado de la gran crisis financiera que hemos sufrido en España.

Pero, en mi opinión, el factor diferencial de que los grandes bancos españoles tienen que pagar una prestación que los demás bancos no tienen que pagar, tampoco puede obviarse. De todas formas, probablemente los accionistas de las grandes empresas energéticas y bancarias también estén asumiendo una parte del gravamen.

Precisamente por eso, algunas grandes empresas energéticas se están planteando localizar sus inversiones en lugares donde no tengan que pagar el gravamen, es decir, en cualquier sitio salvo en España. El desencadenante directo de estos anuncios ha sido el planteamiento en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar de hacer estos dos gravámenes, sobre energéticas y bancos, permanentes.

Pues bien, el Gobierno ya se estaba planteando, hace unos días, dar marcha atrás en lo que se refiere al gravamen energético. La razón fundamental, según la vicepresidenta Ribera y el propio presidente Sánchez, es la necesidad de inversiones para acometer la transición ecológica.

Esto indica, en primer lugar, que parece que ya no hay beneficios extraordinarios, al menos en el sector energético o en parte del mismo. Pero también indica que la formulación de los gravámenes temporales era francamente mejorable.

Si la base de estos gravámenes fuesen los beneficios extraordinarios, entonces si desapareciesen, estas figuras no recaudarían. Ahora bien, como lo que se establece en la práctica es un impuesto sobre márgenes o ventas, se sigue recaudando, aunque no haya beneficios extraordinarios, o incluso aunque haya pérdidas.

Es cierto que la transición ecológica exigirá inversiones adicionales, y muchas. Como explico en mi libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate, 2023), en el fondo, la transición ecológica es un cambio en la producción y utilización de la energía, desde fuentes como el carbón, el petróleo y el gas, que emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero, hacia otras fuentes y usos de la energía que no lo hacen.

Esto supone, necesariamente, inversiones adicionales en capital para sustituir bienes que todavía no se han terminado de amortizar. Y estas inversiones sólo se realizarán si son rentables. Además, sólo se realizarán en España si hacerlo aquí es más rentable y seguro que hacerlo en otros lugares.

Como lo que se establece en la práctica es un impuesto sobre márgenes o ventas, se sigue recaudando, aunque no haya beneficios extraordinarios, o incluso aunque haya pérdidas

Parece que la última idea respecto del gravamen energético es su mantenimiento, pero compatibilizando con incentivos a la electrificación. Habrá que ver la letra pequeña de todo esto para hacerse una idea de los efectos. Pero, en cualquier caso, la política de incentivos a las renovables en España no ha sido, precisamente, una historia de éxito.

El problema es que, si los incentivos no se pueden mantener, acaban originando pérdidas para los inversores, que acaban demandando a los Estados. En el caso español hay decenas de casos en los Tribunales Arbitrales Internacionales, con reclamaciones importantes, que, parcialmente han sido estimadas en algunos casos.

Uno de los problemas más graves de cara al crecimiento futuro de la economía española es, precisamente, la caída de las inversiones. Para eso, tener un marco fiscal competitivo es importante. Los incentivos pueden jugar su papel, pero es fundamental en las inversiones a largo plazo -y la electrificación lo es- que los incentivos se mantengan.

Pero resulta aún más importante que el marco fiscal y los incentivos sean predecibles y que sean estables. Y no sólo necesitamos más inversiones en el sector energético, las necesitamos en todos los sectores, especialmente en todo lo relacionado con la digitalización, la inversión y el desarrollo y la economía del conocimiento.

Por eso, precisamente, los malos resultados del informe PISA son otra señal de alarma de que es necesario  -más bien imprescindible- no sólo mejorar nuestro sistema educativo, sino, sobre todo, dar una mayor estabilidad. Y eso también vale para nuestro sistema fiscal. Los continuos parches temporales pueden dar coyunturalmente algo de recaudación, pero a medio y largo plazo no llevan a una mejora ni en la financiación de los servicios públicos, ni tampoco en el crecimiento de la economía española.

En resumen, parece que el futuro inmediato pasa por el mantenimiento del gravamen bancario y la reformulación del gravamen energético, junto con el establecimiento de incentivos a la electrificación. Esto lleva necesariamente al mantenimiento de una parte de la recaudación, pero también al mantenimiento de una parte de los efectos colaterales negativos.

Una reforma fiscal en profundidad de nuestro sistema fiscal, que debería incluir no sólo los impuestos, sino también el gasto público y su distribución territorial, así como el “pacto de Estado” (propuesto en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar) en la lucha contra el fraude… ni está ni se la espera. De momento, es lo que hay.

***Francisco de la Torre Díaz es economista, inspector de Hacienda y autor del libro "Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos" (Debate, 2023).