Como en España nos estamos acostumbrando a vivir en una permanente campaña electoral, viene a cuento utilizar la famosa frase de James Carville, el estratega de Bill Clinton, en las elecciones de 1992, aunque sea reformulada. Porque de las muchas sorpresas que ha traído el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2023, hay una difícil de entender para muchos trabajadores, pero clave para su nivel de bienestar.
Se trata de la cuña fiscal de los impuestos al trabajo, es decir, la diferencia entre lo que desembolsa el empresario para contratar a un empleado y lo que recibe el trabajador en su salario. La suma del impuesto al IRPF y las cotizaciones sociales en relación al salario, que en España es más elevada que en la media de la OCDE.
Según el organismo que preside Mathias Cormann, en nuestro país se destina el 39,43% del salario a IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social. Se trata de un porcentaje superior al de la media de los países más desarrollados del mundo (34,6%). Pero en 2023, ese esfuerzo aumentará si no se retoca el proyecto de PGE.
María Jesús Montero y Antonio Garamendi. EFE / EL ESPAÑOL
Con aparente nocturnidad y sin previo aviso a los agentes sociales, el Gobierno introdujo la semana pasada una subida a las cotizaciones sociales del 8,6%, que sumados a la de 0,6 puntos que introduce el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) disparará los costes laborales un 9,2%. Esto, en un año de frenazo económico que arrancará con una recesión técnica, si se cumple la previsión de BBVA Research.
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Hacer pedagogía sobre lo que significa la cuña fiscal es importante. En un momento en el que los españoles están perdiendo poder adquisitivo por la inflación, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha confiado buena parte de su estrategia a reclamar rebajas fiscales en el IVA (luz, gas, alimentos...) e IRPF, con la ya famosa deflactación.
Las cotizaciones sociales son un impuesto al trabajo del que la mayoría de los ciudadanos no son conscientes
Sin embargo, las cotizaciones sociales son un impuesto al trabajo del que la mayoría de los ciudadanos no son conscientes. Quizás por ello se hable menos de ellas, aunque tienen importantes derivadas en el bolsillo y las condiciones de los trabajadores.
No solo porque si una empresa tiene más costes laborales necesita que su plantilla mejore la productividad para ser rentable. También por su impacto en la creación de empleo y en el salario que percibe el empleado.
Quienes, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, califican a los empresarios como 'los del puro' siempre podrán argumentar que ese ahorro en costes laborales no tiene por qué trasladarse en un aumento de los salarios.
Sin embargo, para evitar eso están los sindicatos en la mesa para la Negociación Colectiva. Y además, aunque fuera cierto, menos coste en el empleo significa también más inversión y más competitividad.
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Y esto último es clave ahora que tanto sale a relucir el pacto de rentas. Las cotizaciones podrían haber sido objeto de ese pacto. Con una rebaja o una congelación se podría haber buscado mejorar algunos salarios sin que la empresa española -en su conjunto- perdiera competitividad en un momento en el que es más caro producir por los precios de la energía.
Como suelen recordar la OCDE, la Tax Foundation o el IEE -think tank de la CEOE-, el hecho de que la cuña fiscal en España sea superior a la de la media de los países desarrollados se debe a las cotizaciones sociales, que en 2020 representaron el 29,9% del salario bruto de los trabajadores, frente al 16,3% de la media de la OCDE.
Las subidas de las cotizaciones sociales que incorporan los PGE de María Jesús Montero harán retroceder a España puestos en ese ránking, de manera que Turquía adelante a nuestro país en la tabla. Nuestro mercado laboral se alejará así de Dinamarca o Noruega, los países nórdicos que Sánchez puso como ejemplo en el Foro de la Toja por su alto nivel de bienestar.
Es cierto que países como Alemania ocupan una peor posición en la tabla (aunque su economía sale con mucha mejor puntuación en el Índice de Competitividad Fiscal 2021 del IEE).
Algunos se conformarán con que tanto en cuña como en competitividad fiscal, nuestro país salga mejor en la foto que Francia o Italia.
Pero al final, se trata de escoger un modelo de crecimiento y de apoyo a la inversión. Y lo que es muy preocupante es que donde peor sale España en todos los ránkings es en el empleo. Con la mayor tasa de paro de la zona euro, parece obvio que se debe dedicar más esfuerzo a favorecer la creación de empleo.
En esto, los PGE dan otra pista de cómo estaremos en 2023. Pese a fijar un crecimiento del 2,1% para el próximo año -superior al del Banco de España o la AIReF-, el Gobierno establece la tasa de paro en el 12,2% (frente al 12,9% del Banco de España).
Es un nivel disonante para la cuarta economía del euro. Así que no se debería olvidar un dato que recoge el Informe de la Competitividad Fiscal 2021 (Tax Foundation y el IEE): cada aumento del 1% en el coste laboral, se traduce en una reducción del orden del 0,37% en el empleo.
ATENTOS A...
La victoria de Giorgia Meloni en Italia puede tener efectos en la vida empresarial española. Empezando por los movimientos que podrían producirse en Endesa en el caso de que su Gobierno mueva ficha en la matriz, Enel, encabezada ahora por Francesco Starace.
Francesco Starace y Giorgia Meloni. EL ESPAÑOL INVERTIA
De hecho, algunos medios italianos ya han puesto en el foco a los despachos de sociedades con presencia pública que están en juego con la nueva primera ministra. Una música que suena familiar en España.
