Así consta en un auto de la Sección Cuarta, fechado el pasado 3 de julio, que obliga al instructor Manuel García-Castellón a aclarar este extremo.

Tal y como informó EL ESPAÑOL-Invertia, el magistrado ya propuso juzgar al expresidente de Vitaldent y a otras 50 personas por estafa, blanqueo, apropiación indebida y organización criminal.

Pero la Fiscalía interpuso un recurso contra esta decisión —el Ministerio Público se quejó de que el magistrado no aludiese a estos dos delitos— y la Sala de lo Penal le da ahora la razón. Los magistrados Teresa Palacios, Francisco Martel y Javier Echarri señalan que el instructor excluyó "sin valoración alguna" el delito contra la Hacienda Pública y los delitos contables.

Primer archivo

El auto de la Sección Cuarta recuerda que el pasado mes de noviembre se anuló el archivo de esta causa, que había acordado en octubre de 2021 García-Castellón, lo cual también fue recurrido por el Ministerio Fiscal.

El tribunal de la Sala de lo Penal concluye que el auto de procesamiento "ha omitido el pronunciamiento respecto de la continuidad de actuaciones, o no, de aspectos fácticos, y jurídicos relevantes objeto de investigación y recogidos a lo largo de la resolución que nos ocupa, contenidos, además, en la inicial denuncia del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que la calificación jurídica de los mismos lo sea en su caso a título indiciario". 

Es decir, ahora, García-Castellón deberá aclarar si ve indicios de delitos fiscales en los hechos investigados o si, por el contrario, archiva la causa respecto a estos concretos ilícitos penales.

Denuncia de franquiciados

El llamado caso Vitaldent tiene su origen en una denuncia conjunta interpuesta en 2013 por una veintena de franquiciados contra la antigua cúpula directiva de la compañía de clínicas dentales por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal y falsedad documental.

Las franquicias denunciaban que estaban obligadas a cobrar en metálico a sus pacientes y pagar en negro un 10% de su facturación al presidente Ernesto Colman.

Durante la investigación, también fue detenido el vicepresidente de Vitaldent Bartolomé Conté.

Supuestamente, Ernesto Colman envió el dinero obtenido de las actividades delictivas al extranjero mediante operaciones ficticias y la utilización de entidades bancarias instrumentales u otros radicadas en España, Suiza, Holanda y Luxemburgo.