El Gobierno decidirá "caso por caso" si veta el uso de los equipos de un proveedor concreto en las redes 5G, como pueden ser las compañías chinas Huawei o ZTE. Una medida que se apoya en el margen que tiene el Ejecutivo español para poder adoptar, según su propio criterio, restricciones a unos suministradores u otros.
La Ley de Ciberseguridad 5G aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2022 contempla la posibilidad de que el Gobierno designe a uno o varios proveedores como de alto riesgo, lo que supondría prohibir su uso en las partes más sensibles de las redes de quinta generación.
Esta ley desarrolla la caja de herramientas sobre la seguridad de las redes 5G diseñada por la Comisión Europea (CE). Aunque son los países miembros los encargados de implementar, según su criterio, esas herramientas, en los últimos meses Bruselas ha intensificado las presiones sobre los Estados para que veten a Huawei y ZTE.
Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han señalado que la visión del Gobierno español es que decidir "caso por caso" cualquier medida en torno a los suministrados de 5G y no considera necesario identificar "ex ante" a uno o varios proveedores concretos.
Según recoge el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad 5G, cuya audiencia pública concluyó hace dos semanas, las operadoras deberán presentar al Gobierno un plan para diversificar sus proveedores 5G y el Ejecutivo podrá modificarlo si considera que no queda garantizada la integridad física o lógica de la red, que existe una amplia exposición al equipamiento de un suministrador o para garantizar la seguridad nacional.
Por otro lado, las fuentes recuerdan que en lo referente a las infraestructuras críticas o caso de usos muy sensibles, el Gobierno español, al igual que los del resto de países de nuestro entorno, se reserva "un margen de discrecionalidad o un margen propio para determinar las restricciones".
En este sentido, las fuentes inciden en que esa es la política del Gobierno y que la seguirá aplicando sistemáticamente en todas las normas que desarrolle en el futuro. "Seríamos una excepción mundial si no lo hiciéramos", agregan.
José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, en el Congreso de los Diputados.
La Ley de Ciberseguridad 5G seguirá siendo la que marque las directrices para garantizar la seguridad de las redes de quinta generación y no se verá modificada por la nueva Ley de Ciberseguridad que está en estos momentos preparando el Gobierno y que tendrá un carácter más general.
Precisamente esta nueva Ley de Ciberseguridad ha sido anunciada este lunes por José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas maestras de su actuación en el campo de la digitalización.
Comparecencia en el Congreso
Durante su participación en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, Escrivá ha defendido que España es un referente en conectividad de banda ancha ultra rápida gracias a la colaboración público-privada y a la combinación de la fibra y el satélite. Así, ha señalado que el país "está recogiendo los frutos" de la apuesta realizada en los últimos años.
En concreto, ha remarcado que España ha destinado ayudas públicas por valor de 1.035 millones de euros desde 2018 para impulsar el despliegue de redes de banda ancha en las zonas rurales. Una inversión que permite a España ser líder en hogares conectados en Europa, muy por delante de economías como Alemania o Reino Unido.
En cuando al satélite, Escrivá ha adelantado que la semana que viene, Hispasat como empresa adjudicataria del programa UNICO Demanda Rural, mejorará sus prestaciones y podrá ofrecer hasta 200 megas de velocidad y una menor latencia que el servicio que se prestaba hasta ahora (que incluía 100 Mbps).
Por otro lado, el ministro ha señalado que el Gobierno está trabajando para que España también sea líder en el despliegue de las redes móviles 5G y ha destacado que, hasta la fecha, ya se han movilizado unos 1.440 millones de euros para lograr este fin.
En concreto, 1.122 millones de euros han ido destinados a desplegar infraestructura a través de distintos programas, 113 millones de euros a fomentar la demanda sectorial y 205 millones de euros a liderar nuevas tecnologías como el 5G+ o el 6G.
También se ha referido al desarrollo e implantación del Plan España Hub Audiovisual, que ya ha movilizado 1.330 millones de euros. A ello, habrá que sumar otros 1.500 millones de euros en préstamos que se han añadido en la adenda del Plan de Recuperación con el fin de garantizar la sostenibilidad y la consolidación de este plan en los próximos años.