La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que tanto la entrada de Stc como la de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en Telefónica se han ajustado a la normativa. Así lo ha señalado este miércoles su presidente, Rodrigo Buenaventura, quien ha subrayado que, a pesar de las diferentes formas de actuar del fondo y del Gobierno, las operaciones se han comunicado de forma correcta.

“Hemos analizado la forma en la que el fondo saudí anunció su participación y fue conforme a la normativa. Hemos seguido la forma en la que la Sepi lo ha hecho y no hemos observado nada que no esté conforme a la normativa”, ha señalado Buenaventura durante su comparecencia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el Congreso.

Así, la CNMV no ha encontrado “ningún elemento contrario a la norma”, a pesar de las formas de proceder tan distintas seguidas por Stc y la Sepi. El fondo saudí entró en el accionariado de Telefónica “con todo el sigilo del mundo”, mientras que el Estado “lo anunció de otra forma, porque procede de un mandato del Consejo de Ministros”, ha recordado Buenaventura.

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Y “siendo ambas formas tan distintas las dos son compatibles con la normativa”. “La norma lo único que exige es que cuando se llegue al 3%, 5%, 10%, y así sucesivamente, del capital se comunique”, ha indicado Buenaventura.

El presidente de la CNMV ha preferido no hacer una valoración de la toma del Estado de parte de una compañía cotizada, ya que se trata de “una opinión más política que supervisora”.

Mismas normas para todos

El supervisor sólo analiza que "cuando se adopte esa participación se ajusten a la normativa". “Las normas para el Estado de ser las mismas que para un fondo saudí o un ciudadano español”, ha asegurado. Ese es “el papel como árbitro de la CNMV”.

Preguntado por si la entrada del Estado en la operadora tuvo un impacto en su cotización, el presidente del supervisor ha considerado que es muy difícil de dirimir debido a los demás efectos que han podido afectar al precio de sus acciones en los últimos meses.

Sin embargo, sí ha apuntado que “en la mañana del lunes en la que se filtró esa información el valor se mostró con más fortaleza que el resto”.

“Hubo una afectación de las cotizaciones al alza”, ha indicado. Sin embargo, el presidente de la CNMV no sabría decir “el efecto neto de eso, teniendo en cuenta que han pasado muchas cosas”.

Opa de Talgo

Por último, el presidente de la CNMV ha explicado que el supervisor no puede aceptar a trámite la oferta pública de adquisición (opa) que Magyar Vagon ha presentado por el 100% de Talgo hasta que la Junta de Inversiones Exteriores dé su visto bueno.

Una vez el Gobierno dé el visto bueno, el supervisor finalizará “el tratamiento de la opa a Talgo autorizándola”. Si la aprobación de la Junta de Inversiones Exteriores no se produjese, la institución presidida por Buenaventura no podría autorizar la operación.

La deuda de Grifols

En su intervención, Buenaventura también ha aclarado que no se ha producido un incremento de la deuda de Grifols, después de que la compañía de hemoderivados haya cumplido con el requerimiento de información solicitado por el supervisor.

En su comunicación a la farmacéutica la CNMV dejó “claro” que de su investigación “no se desprendía ninguna variación de la cifra de endeudamiento”. Lo que ha hecho Grifols, a instancias de la institución es calcular el ratio de apalancamiento a través de dos metodologías, incluyendo o excluyendo los arrendamientos a largo plazo como deuda. 

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Respecto a la actuación tras la publicación del primer informe de Gotham City contra el grupo de origen catalán, Buenaventura ha recordado que “en el caso concreto de Grifols, como en el resto, la supervisión de la CNMV es una supervisión a posteriori por definición. No es universal. No se revisan todas las cuentas de todas las cotizadas todos los años”, ha indicado.

“No hay un supervisor que la haga porque sería duplicar la auditoría. Hay unos criterios que deciden qué compañías se revisan o no, que están homogeneizados a escala europea”, ha añadido.

Por tanto, la de la CNMV “fue una actuación reactiva ante un informe que generó un impacto importante en el mercado”. Ante esa información, el regulador actuó “haciendo una averiguación de urgencia”.

Respecto a la actuación de Gotham City -que publicó un informe negativo contra Grifols a la vez que tenía una posición bajista abierta sobre la compañía-, como en otras ocasiones, Buenaventura ha subrayado que “no es una maldición española”. “No es inhabitual que una firma que tiene posiciones largas o cortas de un valor emitan recomendaciones de inversión”, ha asegurado.

En este sentido, “la norma recoge dos condiciones: que quien emita ese informe diga que tiene una posición bajista o alcista, que haya un interés subyacente, y que en ese informe no se incorpore información falsa a sabiendas. Si se respetan esas formas, el mercado puede funcionar de forma ordenada”, ha considerado.

En cualquier caso, la CNMV tendrá que concluir su investigación sobre el papel de Gotham City. Según ha explicado su presidente, la institución no tiene ninguna obligación legal de comunicar sus conclusiones, salvo que resulten en un expediente sancionador”.

Recomendación a Naturgy

Preguntado por la recomendación que el órgano supervisor ha hecho a Naturgy para aumentar su liquidez en bolsa, Buenaventura ha indicado que no se trata de un consejo anómalo.

El máximo representante de la entidad ha explicado que cuando se detecta una empresa en la que se reduce mucho el capital flotante, que en el caso de Naturgy está en torno al 12%, es normal que la CNMV "se acerque" a la empresa para analizar la situación y hacer "alguna recomendación".

"En todo caso, se trata de recomendaciones que la CNMV hace, porque no tenemos una competencia legal para definir un mínimo del free float en las compañías cotizadas una vez que ya cotizan", ha apostillado.

Y es que, cuando las empresas salen a bolsa sí se les exige un 25% de capital flotante, pero después el porcentaje puede variar en cualquier dirección sin que la entidad supervisora pueda actuar, a tenor de la normativa vigente. Una normativa cuya modificación está estudiando la Comisión Europea.