El Gobierno ha ordenado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) la compra de hasta un 10% de Telefónica, un porcentaje que convertiría al Estado en el principal accionista de la compañía. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros de este martes, en lo que supone un intento por parte del Ejecutivo de frenar el avance de la saudí Stc en el capital de la operadora española.
La decisión se ha notificado a la CNMV en una Información Privilegiada, en la que se destaca que Telefónica "desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos".
En un comunicado, el Gobierno defiende que la presencia de un accionista público en el capital de la operadora de telecomunicaciones supondrá "un refuerzo para su estabilidad accionarial" y, en consecuencia, permitirá preservar sus "capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales".
"Con una vocación de permanencia, la participación de Sepi permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas", remarca por su parte la sociedad pública en el hecho relevante.
Asimismo, la Vicepresidencia Cuarta y Ministerio de Hacienda y Función Pública defiende que la entrada del Estado español en el capital del grupo de telecomunicaciones va en línea con las prácticas aplicadas por otros países de nuestro entorno.
Por ejemplo, apunta que Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom, mientras que Francia es titular de un 13,4% de las acciones de Orange. En el caso de Italia, el Gobierno adoptó en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de la red fija de Telecom Italia.
Como respuesta al anuncio de la Sepi, Telefónica ha remitido un comunicado a la CNMV en el que no hace referencia explícita a la entrada del Gobierno en su capital y se limita a señalar que sigue enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 lanzado hace unas semanas para continuar creando valor para sus accionistas y dar el mejor servicio a sus clientes.
Respuesta de Telefónica
"Tras el reciente anuncio de la Sepi según el cual el Consejo de Ministros español ha acordado la compra de hasta un 10% del capital social de Telefónica, la Compañía manifiesta que continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, recientemente aprobado y comunicado a través del Capital Markets Day del pasado 8 de noviembre de 2023, para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes", señala la empresa.
El anuncio ha pillado a Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresas, en el Senado. En declaraciones a los periodistas, ha argumentado que Telefónica "es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país", no sólo por su presencia en los ámbitos de las telecomunicaciones y la innovación tecnológica, "sino también por su peso en seguridad y defensa".
Sede de Telefónica en Madrid.
En este sentido, ha coincidido con Hacienda en que el objetivo de esta operación es "dar estabilidad" a la empresa pueda que cumplir con sus objetivos estratégicos y todos los planes que tiene en el país, al mismo tiempo que también ha reiterado que este movimiento está "en línea con los de otros grandes países europeos como Francia y Alemania".
"El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país. Dijimos hace meses que era necesario. Hoy es una realidad", ha sostenido Yolanda Díaz, vicespresidenta segunda del Gobierno, en su cuenta en X (la red social antes llamada Twitter).
Del mismo modo, desde Sumar han hecho una valoración positiva de la irrupción del Estado en Telefónica. Para la portavoz del partido en el Congreso, Marta Lois, este movimiento responde a una exigencia que Yolanda Díaz trasladó en su momento para recuperar la participación en una empresa estratégica.
"Cuando hablamos de soberanía política es muy importante hablar de soberanía digital. Es una empresa con una gran cantidad de datos por ello es necesario que resida en manos públicas y españolas", ha defendido.
Motivos
La protesta ha llegado desde el Partido Popular. Juan Bravo, diputado del PP, considera que no hay "motivo justificado" para la entrada de la SEPI en Telefónica y cree que se trata de un acto de "populismo" que amenaza con "romper" el mercado.
Bravo opina que el Gobierno ha hecho esta operación "porque quiere" y "sin motivo justificado". Sobre todo teniendo en cuenta que ya existe la conocida como acción de oro, con la que el Gobierno tiene poder de veto sobre determinadas decisiones en el consejo de administración.
"Ahora parece que el siguiente paso es la intervención, la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado", ha subrayado en el Congreso.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abogado por la nacionalización de Telefónica para que no esté "al servicio del mercado, además, en el peor sentido posible".
Proceso
Por otro lado, la Sepi detalla en el hecho relevar que procederá a llevar a cabo los trámites y las actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para completar la adquisición del volumen de acciones necesario para alcanzar ese 10%, pero "minimizando el impacto en la cotización" de Telefónica.
Fuentes cercanas a la sociedad pública, detallan que han recibido este mismo martes la orden del Gobierno de comprar acciones de Telefónica y que el siguiente paso será aprobarlo en un consejo de administración de la sociedad pública.
Asimismo, la Sepi tendrá buscar posteriormente asesores financieros y de mercado para poder llevar a cabo el proceso de compra de acciones de Telefónica, que se prevé que se ejecute "en el menor tiempo posible, pero sin afectar a la cotización" de las acciones de la operadora.
Principal accionista
De alcanzar el porcentaje previsto, la Sepi se convertiría en el principal accionista de Telefónica, ya que superaría el 9,9% que posee actualmente Stc. Además, del total de la participación del grupo saudí sólo un 4,9% corresponde a acciones con derecho a voto, ya que el otro 5% lo posee a través de derivados financieros.
Cuando entró en el capital de Telefónica a principios del mes de septiembre, Stc ya señaló que su intención era convertir ese 5% en títulos con derecho de voto. Sin embargo, para que este ocurra necesita la autorización del Ministerio de Defensa, dado la relevancia de la empresa para la seguridad nacional.
De hecho, en su comunicado de este martes, Hacienda destaca que Telefónica está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa y proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de
Información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior.
Sin embargo, más de tres meses después de su desembarco en el accionariado de Telefónica, el grupo saudí de telecomunicaciones no ha solicitado aún la autorización al Gobierno para convertir ese 5%, pero mantiene que sus planes siguen siendo los mismos que a principios de septiembre.
Mercados
El anuncio de la Sepi se ha realizado tras el cierre de los mercados bursátiles en Europa, por lo que habrá que esperar a que vuelvan a abrir este miércoles para conocer cómo reaccionará la acción de Telefónica a este movimiento de la Sepi.
Sin embargo, los American Depositary Receipt (ADR) de Telefónica, los títulos de la compañía que cotizan en la New York Stock Exchange (NYSE) repuntaban un 3,86%, hasta los 4,04 dólares, tras conocerse la noticia, según recoge Europa Press.
Un ADR es un certificado negociable estadounidense que representa la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera de EEUU. Los ADR de Telefónica cotizan y se negocian en dólares estadounidenses en la Bolsa de Nueva York. Asimismo, los dividendos de los ADR se pagan en dólares americanos.