La presidencia española del Consejo de la Unión Europea y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este jueves un acuerdo final sobre una directiva para proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos frente a demandas manifiestamente infundadas o procesos judiciales abusivos.

El objetivo es frenar las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés). Unas demandas que suelen ser interpuestas por personas poderosas, grupos de presión, empresas y órganos estatales con el fin de intimidar y silenciar a las personas críticas, imponiéndoles la carga económica de una defensa jurídica hasta que abandonen sus críticas u oposición.

Las víctimas más frecuentes de SLAPP son periodistas y defensores de los derechos humanos. También pueden ser objeto de estas demandas otras personas que realicen actos de participación pública, como investigadores y académicos. El aumento de este tipo de demandas se ha documentado en varios informes sobre el Estado de Derecho elaborados por la Comisión.

"Nuestras democracias están en peligro cuando los ricos y poderosos pueden silenciar a los críticos en los tribunales sólo porque hablan sobre asuntos de interés público. Con esta nueva ley, la UE defiende a periodistas y defensores de los derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en un comunicado en nombre de la presidencia española.

La directiva establece que las personas que sean víctimas de litigios abusivos se beneficiarán de una serie de medidas de protección y garantías procesales. En primer lugar, si una demanda se considera manifiestamente infundada, el juez puede decidir desestimarla en la fase más tenmprana posible del procedimiento. El tribunal deberá acelerar las solicitudes en este sentido de los acusados.

También se podrá exigir una garantía financiera a la persona o empresa que inicie un caso de SLAPP para cumbrir las costas procesales. Finalmente, los tribunales podrán adoptar otros tipos de medidas correctivas, como exigir que el demandante asuma todos los del procedimiento, incluyendo los costes de representación legal de la víctima de la demanda. El juez también podrá decidir que la parte que inicie el litigio abusivo sea sancionada.

Si una persona que vive en la UE es objeto de una SLAPP en un país extracomunitario, los Estados miembros de la UE deben denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia dictada con motivo de dicha demanda si esta se considerase manifiestamente infundada o abusiva.

El acuerdo de este jueves todavía debe ser ratificado tanto por el pleno de la Eurocámara como por los Gobiernos de los Veintisiete.