El Consejo de Ministros ha acordado este martes la compra de acciones de Telefónica, hasta alcanzar un máximo de un 10% de su capital. Una operación que se encargará de llevar a cabo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que sumará así a la principal operadora de telecomunicaciones del país a su lista de participadas. 

Aunque la sociedad pública ya comunicó el pasado 31 de octubre que estaba "monitarizando" la situación de Telefónica y analizando a nivel interno "una eventual adquisición de una participación accionarial" en la compañía, el anuncio realizado este martes por el Gobierno ha sido toda una sorpresa para todas las partes implicadas.

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En el sector no se esperaban movimientos de esta envergadura a corto plazo. Tampoco que la intención del Gobierno fuera hacerse con un 10% de Telefónica, ya que todas las especulaciones que se habían realizado hasta la fecha hablaban de un 5%.

Fuentes de la Vicepresidencia Cuarta y Ministerio de Hacienda y Función Pública han señalado que la decisión de adquirir un 10% de Telefónica corresponde a la intención del Gobierno de contar con "una participación significativa" en el capital de una empresa "estratégica" para el país.

Consejo

De hecho, de hacerse finalmente con ese 10%, la Sepi tendría la posibilidad de solicitar, al menos, un asiento en el consejo de administración de Telefónica y poder participar así en la toma de decisiones estratégicas que se lleven a cabo en el seno del máximo órgano de gobierno de la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete.

El consejo de administración de Telefónica está compuesto actualmente por 15 miembros, lo que supone que un accionista podría solicitar un consejero por cada 6,66% que posea del capital. Sin embargo, actualmente hay dos accionistas que con porcentajes inferiores que sí están representados en este órgano.

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En concreto, se trata de CaixaBank, que posee un 3,5% (al que habría que sumar el 2,53% que tiene su brazo inversor Criteria) y BBVA, que ostenta un 4,87%. Isidro Fainé y José María Abril ejercen desde hace años como consejeros dominicales en representación de sus respectivas entidades financieras. 

La vuelta de la Sepi al accionariado y, previsiblemente, al consejo de administración de Telefónica supone un primer paso para revertir parcialmente la privatización de la compañía que inició Felipe González y que culminó en 1997 el Gobierno de José María Aznar. 

Empresa estratégica

El Ejecutivo se ha escudado en el carácter "estratégico" de Telefónica para España y en su fuerte presencia en el sector de la defensa del país para justificar su decisión de convertirse en su primer accionista. También en el hecho de que otros estados de nuestro entorno como Francia o Alemania cuentan con participaciones relevantes en las principales telecos de sus respectivos países

"Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país", ha asegurado Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, en línea con lo recogido en los comunicados emitidos por la Sepi y la Vicepresidencia Cuarta y en las referencias del Consejo de Ministros.

Más contundente se ha mostrado Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social. "Emprendemos de nuevo un camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas. El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país", publicaba en su cuenta de X (antes Twitter).

Desde los dos partidos del Gobierno de coalición también se han lanzado mensajes a favor de la operación. En el caso del PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, se ha sumado a los argumentos de que Telefónica es una empresa estratégica y de que esto es lo que hacen "todos los países" del entorno europeo.

Desde Sumar se atribuyen incluso esta medida. Marta Lois, portavoz del partido en el Congreso, ha asegurado que este movimiento responde a una exigencia que Yolanda Díaz trasladó a Nadia Calviño para recuperar la participación del Estado en la empresa.

Por su parte, ERC ha ido incluso más allá, ya que los socios del Gobierno de coalición han pedido incluso al Ejecutivo que nacionalice la operadora. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, ha afirmado que lo que el Estado debería hacer es nacionalizarla para que no esté "al servicio del mercado, además, en el peor sentido posible".

Un semáforo en rojo frente a la sede de Telefónica en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Por el contrario, desde el Partido Popular ha mostrado su disconformidad con esta operación, ya que, en su opinión, que no hay "motivo justificado" para la entrada de la Sepi en Telefónica.

Juan Bravo, diputado del PP, ha asegurado creen que se trata de un acto de "populismo" que amenaza con "romper" el mercado. "Ahora parece que el siguiente paso es la intervención, la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado", ha subrayado.

Stc

La vuelta del Estado al capital de Telefónica era una opción que no estaba sobre la mesa hasta que el pasado 5 de septiembre Stc anunciara que había comprar un 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros, convirtiéndose en el primer accionista de la operadora. De este porcentaje, un 4,9% corresponde a acciones con derecho a voto y el otro 5% a derivados financieros.

La irrupción de una empresa de Arabia Saudí en el capital de la mayor operadora de telecomunicaciones del país, que además está a punto de celebrar su centenario, despertó todo tipo de recelos y comenzaron a surgir las voces que reclamaban al Gobierno que protegiera a una empresa estratégica de posibles injerencias exteriores.

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Stc nunca ha ocultado intención de convertir ese 5% que posee en instrumentos financieros en títulos con derecho a votos, pero para ello la empresa necesita el visto bueno del Ministerio de Defensa. Un objetivo que sigue manteniendo el grupo saudí a pesar de que todavía no ha solicitado la autorización para llevar a cabo esa conversión. 

En las últimas semanas se han sucedido distintas reuniones a más alto nivel para intentar encontrar una solución consensuada a esta situación, que permita mantener la españolidad de Telefónica sin mandar un mensaje negativo a los inversores extranjeros vetando dicha conversión.

En este intento de llegar a un acuerdo entre todas las partes se enmarca el viaje realizado por altos directivos de CaixaBank a Riad para conocer de primera mano las intenciones de Stc o el encuentro que mantuvieron hace una semana Pedro Sánchez e Isidro Fainé, en el que la estructura accionarial de Telefónica fue uno de los temas abordados

El anuncio unilateral este martes por parte del Gobierno de su intención de entrar en el capital de Telefónica y su pretensión de desbancar a Stc como primer accionista de la compañía no parece encajar con una solución de consensuada entre todas las partes. Lo próximo será conocer cómo y cuándo llevará a cabo la Sepi la comprar de ese 10% y cuál será la reacción de Stc y la decisión que tomará sobre ese 5%.