A falta de menos de dos meses para que se termine el año, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mantiene intactos sus planes de aprobar este 2021 los tres grandes proyectos legislativos que tiene pendientes en el campo de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales: la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Ciberseguridad 5G.
Estos tres textos deben trasladar al marco legal español las últimas directivas o medidas aprobadas en Europa en sus respectivos campos, aspecto en el que ya van con bastante retraso, ya que algunas de esas legislaciones adoptadas a nivel europeo deberían haber sido transpuestas hace más de un año.
Al mismo tiempo, el Ministerio que dirige Nadia Calviño también persigue con estas nuevas medidas legislativas, incluidas en la estrategia España digital 2025, actualizar el entorno normativo a una nueva realidad marcada por el proceso de trasformación digital y por la presencia de nuevos actores.
El Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ya publicó entre los meses de septiembre y diciembre de 2020 los anteproyectos de estas tres leyes y los sometió a sus correspondientes procesos de audiencia pública. En el caso de la Ley de Comunicación Audiovisual hubo incluso una segunda consulta a principios de este verano.
En el momento del anuncio de los distintos planes, la intención del Gobierno era que estas tres leyes pudieran entrar en vigor a lo largo del año 2021. Sin embargo, los plazos iniciales no sólo no se han cumplido, sino que tampoco se conoce siquiera aún la redacción definitiva de estas leyes.
Aprobación prevista para 2021
Las afirmaciones realizadas en los últimos meses desde el Ejecutivo apuntaban a que el Consejo de Ministros daría su visto bueno a todos estos proyectos en el cuatro trimestre de 2021, con el fin de que lleguen cuanto antes al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
Así lo indicó, por ejemplo, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, en el marco el 35 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic a principios de septiembre en Santander.
Sin embargo, ya han pasado dos meses de esa intervención, quedan apenas siete Consejos de Ministros ordinarios antes de que acabe el año y no existe ningún calendario concreto sobre cuándo dará luz verde el Gobierno a los tres proyectos de ley.
Consultado por EL ESPAÑOL - Invertia, desde el Ministerio señalan que todavía están dentro de los últimos plazos que se habían fijado y están trabajando para ultimar los tres proyectos legislativos. "Antes de que termine del año van a estar las tres normas", aseguran.
Ley General de Telecomunicaciones
El primero de estos proyectos lanzado por el Gobierno es la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, un documento que, como ha señalado el propio Roberto Sánchez, quizás "no es muy rompedor", pero sí es clave para mantener el incentivo a la inversión para alcanzar los objetivos fijados y facilitar el despliegue de redes.
Entre las novedades incluidas en el borrador del anteproyecto se encontraba incluir por primera vez a los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería, como pueden ser WhatsApp o Telegram, en la regulación del sector, lo que conllevará nuevas obligaciones administrativas para estas empresas.
Otras medidas son la creación de un régimen de autorización de cables submarinos que discurran fuera del Espacio Económico Europeo y la de un régimen de información de puntos de interconexión de Internet y centros de datos. Todo ello para hacer un "seguimiento efectivo" de un mercado con alto potencial y promover las medidas adecuadas.
La aprobación de esta ley adquiere además un carácter de urgencia, dado que es la encargada de transponer en España el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. El plazo para ello venció el 21 de diciembre de 2020, por lo que la Comisión Europea ya ha dado un ultimátum a España, así como a otros países europeos, para que lo hagan cuanto antes.
Ley de comunicación audiovisual
Otra ley que también urge aprobar ante la amenaza de Bruselas de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) es la Ley General de Comunicación Audiovisual. Un texto en el que el Gobierno tiene que transponer las disposiciones de la directiva de la UE sobre servicios de comunicación audiovisual, para lo que tenía de plazo hasta el 19 de septiembre de 2020.
Esta ley ha estado además en las últimas semanas en el centro del debate político, tras el acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno para blindar el catalán en los contenidos de plataformas digitales como Netflix, HBO, Disney+ o Prime Video a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
Ambas partes se comprometieron a buscar las mejores fórmulas para "garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales", lo que requerirá de la conformidad de ERC para aprobar la Ley de Comunicación Audiovisual, que será donde se recojan dichas fórmulas.
La tercera de las leyes que deberán salir del Consejo de Ministros hacia el Congreso antes de que termine el año es Ley de Ciberseguridad 5G, que tiene por objetivo establecer los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes de la nueva tecnología móvil.
El borrador del texto incluye la elaboración de una lista de suministradores de tecnología para las redes de 5G que identificará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de las distintas compañías proveedoras. En función de dicha clasificación, las empresas podrán ver restringida su presencia en alguna parte o la totalidad de las redes.
El anteproyecto supone trasladar al marco legal español las medidas estratégicas, técnicas y de apoyo para mitigar los riesgos de seguridad, contenidas en la caja de herramientas ('tool box') consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea (UE).
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