El Gobierno aprueba la creación de la nueva Comisión Nacional de Energía, independiente de la CNMC

El Gobierno lleva a Consejo de Ministros el plan de crear una Comisión Nacional de la Energía (CNE) independiente de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Ya se ha remitido a información pública el anteproyecto de ley para que se cree un ente regulador independiente con una actualización de sus funciones, entre las que figuran reforzar la regulación y apoyar la descarbonización.

Una decisión que ya anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace unos meses, y que el sector esperaba conocer en profundidad. "El anteproyecto de ley tiene como finalidad las modificaciones de la transición energética", ha dicho durante su comparencia pública. Además de las funciones clásicas, regulando los mercados energéticos con precios competitivos para los consumidores, "tiene que incorporar el objetivo de la descarbonización".

Este regulador energético desapareció hace más de una década, cuando todas las funciones quedaron en manos de la CNMC. El texto justifica su creación en la necesidad de contar con "estructuras organizativas dedicadas y superespecializadas".

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 La CNE se constituirá como entidad de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Asume funciones regulatorias, consultivas y de asesoramiento entre operadores e incorpora nuevos vectores energéticos como los gases renovables e hidrógeno. "Ve reforzada sus funciones de inspección", ha dicho Ribera.

También tendrá funciones de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con autonomía orgánica y funcional, y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y del mercado, según dice el MITECO. Asimismo, estará sometida al control parlamentario y judicial.

El restablecimiento de un nuevo ente "se garantizará un mayor nivel de especialización del mismo en lo relativo a la materia energética, a la par que se apuntala su nivel de autonomía".

La CNE estará adscrita al MITECO y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el Consejo y el Presidente, que también lo será del Consejo. Estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.

"En suma, la recuperación de la CNE de naturaleza independiente, con objetivos, funciones, estructura y con presupuesto propio, se antoja como una iniciativa fundamental para poder hacer frente a la bifurcación de las funciones de los reguladores energéticos".

El anteproyecto "propone la incorporación en las metodologías de retribución de redes la posibilidad de que haya incentivos a la calidad del servicio y consecución de los objetivos de descarbonización" y le da nuevas funciones en gases renovables e hidrógeno, dos vectores importantes para la transición energética. Además, la nueva Comisión incorporará a su catálogo de atribuciones la "resolución de conflictos que le sean planteados por operadores económicos en los mercados de electricidad y gas".

La nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.

Nuevo fondo económico

La Comisión incluye una nueva capacidad a través de un fondo específico dedicado a la gestión y liquidación de los sistemas eléctrico y gasista en lo que a actividades reguladas se refiere. Según Ribera, esto permitirá garantizar "precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión".

El anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.