La CNMC anima a participar a los consumidores en el sistema eléctrico si se convierten en 'agregadores de la demanda'

El organismo acaba de publicar una resolución por la que se aprueba un nuevo procedimiento de operación (P.O.7.5) para que resulte "más atractivo a la demanda, tanto por presentar una retribución garantizada con carácter anual, como por el mayor plazo de entrega del servicio".

Pero ¿quién puede participar en este servicio y para qué? "El SRAD es lo que se conocía hace años como la interrumpibilidad en la industria electrointensiva", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Rodrigo Irurzun, miembro del área de Energía de Ecologistas en Acción. Una remuneración que percibían una serie de grandes consumidores de energía por estar dispuestos a no consumir en momentos puntuales de alta demanda del sistema.

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Hace cuatro años dejaron de convocarse las subastas que gestionaban ese servicio, donde se participaba en bloques mínimos de 5 MW o 10 MW. En su lugar, hace ya casi tres años, se sustituyó por el nuevo sistema de respuesta activa de la demanda con pujas de mínimo 1 MW, pero con condiciones tan restrictivas que finalmente solo han podido estar, de nuevo, las grandes industrias.

Su función ha sido la misma que la de la interrumpibilidad. Esto es, que se pueda variar la potencia (desconectando cuando haya un pico de consumo nacional) en un tiempo determinado desde que es requerida su activación y que puede ser mantenida durante el tiempo necesario.

Más 'agregadores'

Pero la CNMC constata que "no se ha observado una participación relevante de nuevos proveedores de servicios", y por tanto, ha tenido que incorporar mejoras en el proceso de operación, dando mayor flexibilidad a los proveedores, por ejemplo, permitiendo llevar a cabo cambios de suministrador.

Además, a partir de ahora, se optimizan los tiempos, procesos e intercambios de información; se incrementa la transparencia dando mayor publicidad a los resultados de la subasta y se añaden criterios para mejorar la competitividad en las subastas.

De esta manera, se quiere dar entrada a nuevos participantes, como pueden ser pymes, flotas de vehículos (supermercados, logística, correos…), industrias de tamaño medio, cadenas hoteleras o complejos como podría ser un Campus Universitario, la Ciudad de la Justicia, etc.

Incluso una agrupación de pequeños clientes que se encuentren inmersos en el sistema eléctrico. Por ejemplo, podría agrupar consumidores, autoconsumidores, miniproductores, comunidades energéticas o cualquier combinación de estos. Actuarían como una sola entidad para participar en el mercado eléctrico (tanto mayorista como minorista) y vender este servicio al operador del sistema.

1 MW son 1.000 aspiradoras

"A nivel doméstico es muy complicado que un consumidor eléctrico se convierta en un 'agregador de la demanda'", continúa el experto en energía.

"Por ejemplo, si REE necesitara reducir la demanda en un momento determinado, sería muy difícil poner de acuerdo a 1.000 hogares para que en ese momento apaguen su aspirador de 1 kW de potencia, si quisieran poder participar en ese servicio", añade.

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Aunque "el objetivo final del SRAD es cambiar el chip a los consumidores. Estamos acostumbrados a encender las luces o los electrodomésticos siempre que queremos, porque entendemos que siempre habrá electricidad".

"Pero debemos pensar que, si queremos ser consecuentes con la transición energética con la demanda, va a tener más sentido aprovechar los momentos de mayor generación solar y eólica para abastecernos de electricidad, y desenchufar lo que no necesitemos cuando no haya", concluye Irurzun.

No es una quimera. Esta figura ya está funcionando en otros países. Por ejemplo, en el sistema eléctrico PJM de EEUU (Pennsylvania, New Jersey y Maryland Interconnection LLC), cuenta con un mercado muy grande, con más de ocho millones de consumidores. Y 30 GW del total de los 80 GW se realiza mediante la gestión de la demanda, que se traduce en unos ahorros para el consumidor de entre el 10 y el 30% en regiones de mayor congestión.

También se está poniendo en marcha en Francia, donde desde hace años existe un entorno regulatorio muy favorable.