En tiempo récord, los ministros de Energía de los Veintisiete han aprobado este viernes un nuevo paquete de medidas de emergencia cuyo objetivo es rebajar el precio de la luz. El reglamento incluye un recorte obligatorio del 5% en el consumo de electricidad en horas punta, un tope a los beneficios de las tecnologías de bajo coste (renovables y nuclear) y una tasa a las petroleras. Las medidas son temporales: estarán en vigor desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

El acuerdo -que se ha cerrado en menos de una hora- ha sido posible porque la presidencia checa de la UE ha introducido una "flexibilidad máxima" en la propuesta original de la Comisión de Ursula von der Leyen, de modo que los Estados miembros puedan mantener sin cambios las medidas que ya han adoptado hasta ahora.

Eso significa que el acuerdo de Bruselas permite al Gobierno de Pedro Sánchez conservar sin cambios su impuesto a las energéticas, así como la minoración de los beneficios de renovables y nuclear que introdujo hace un año. El reglamento tampoco afecta a la 'excepción ibérica', que seguirá vigente hasta mayo de 2023.

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La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado el respaldo de la UE y ha recomendado al Partido Popular que presente enmiendas durante la tramitación parlamentaria del impuesto energético si quiere cambiar el diseño.

Pese a la aprobación de este nuevo paquete, la mayoría de ministros de Energía ha admitido que las nuevas medidas son insuficientes para rebajar de inmediato el precio de la factura final que pagan los consumidores y piden a Bruselas más propuestas. El nuevo objetivo es intervenir el mercado del gas, aunque los Estados miembros discrepan sobre cómo hacerlo.

En el caso de España, la medida que tendrá más impacto de las adoptadas este viernes por la UE es el recorte obligatorio del 5% en el consumo de electricidad en horas pico, las más caras porque es el gas el que fija el precio.

El objetivo de esta iniciativa es reducir el estrés en el sistema aplanando la curva horaria de consumo, disminuir el uso de gas y rebajar los precios. El reglamento recomienda (pero sin carácter vinculante) reducir un 10% el consumo bruto mensual de electricidad.

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En todo caso, los Estados miembros tendrán libertad total para designar cuáles son las horas pico, así como para escoger las políticas que quieran adoptar para recortar el consumo. La reducción de consumo debe aplicarse hasta el 31 de marzo de 2023, es decir, hasta que pase el invierno.

El segundo pilar del reglamento aprobado por los ministros de Energía es una tasa temporal del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las compañías activas en los sectores del petróleo, gas, carbón y refinado. La base sobre la que debe calcularse esta "contribución de solidaridad" son los beneficios antes de impuestos del año fiscal 2022 (o 2023) que superen en más de un 20% la media de los cuatro años previos (2018-2021).

Este diseño choca en principio con el impuesto a las energéticas de Sánchez, que no grava los beneficios extraordinarios sino los ingresos (con un tipo del 1,2%). Inicialmente, el Ejecutivo comunitario dijo que España tendría que cambiar su impuesto. Pero durante la negociación entre Gobiernos se ha introducido más flexibilidad que permite mantenerlo sin cambios.

El tercer pilar de la nueva norma consiste en topar en 180 euros por megavatio hora (MWh) los beneficios de las energías low cost: las renovables y la nuclear. Teresa Ribera considera que se trata de un umbral excesivamente alto que no limita los beneficios de las eléctricas sino que los consolida.

Nuestro país ya aplica desde septiembre del año pasado un tope muy inferior, de 67 euros por MWh. Y la normativa europea permitirá que los Estados miembros que ya tengan sistemas para minorizar los beneficios de las energías de bajo coste, como España, puedan mantenerlos sin cambios.

Los Gobiernos deben destinar los ingresos obtenidos con estas tasas a ayudar a los hogares y empresas más golpeados por la crisis energética. Pero el reglamento no especifica qué medidas concretas deben adoptarse: de hecho, su función principal se limitará a servir de paraguas a iniciativas nacionales muy diferentes entre sí.