Tras más de dos meses de intensas negociaciones, la Comisión Europea ha aprobado finalmente este miércoles el plan de España y Portugal para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico. Una rebaja que se logrará imponiendo un tope al gas que utilizan las centrales de combustibles fósiles. El límite se ha fijado de media en 48,8 euros por megavatio hora (MWh) en los 12 meses que durará la intervención.

Según ha informado Bruselas, la denominada "excepción ibérica" tendrá un coste total de 8.400 millones de euros: 6.300 millones para España y 2.100 millones para Portugal. Esta es la subvención directa que se pagará a los productores de electricidad para financiar parte del coste del combustible que utilizan.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que el tope al precio del gas supondrá una rebaja de entre el 15% y el 20% en el coste de la electricidad para familias y empresas.

La medida podrá aplicarse hasta el 31 de mayo de 2023. El pago diario a las eléctricas se calculará basándose en la diferencia entre el precio de mercado del gas natural y el tope medio de 48,8 euros por MWh. Más en concreto, el tope será de 40 euros durante los seis primeros meses. A partir del séptimo mes, irá subiendo en 5 euros al mes, hasta alcanzar los 70 euros por MWh horas en el duodécimo mes.

La subvención a las eléctricas se financiará mediante un recargo impuesto por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la rebaja, que en primera instancia son los hogares de tarifa regulada. El otro medio de pago será el denominado "ingreso de congestión", es decir, los beneficios obtenidos por el Operador español del Sistema de Transmisión como resultado del comercio transfronterizo de electricidad con Francia.

"La medida temporal que hemos aprobado permitirá a España y Portugal rebajar los precios de la electricidad para los consumidores que se han visto golpeados por las subidas provocadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

"Al mismo tiempo, la integridad del mercado único quedará preservada. Además, esto da más tiempo a España y Portugal para realizar reformas que aumenten la resiliencia futura de sus sistemas eléctricos, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo, lo que a su vez mitigará todavía más los efectos de la crisis energética en los consumidores finales", asegura Vestager.

Dos meses de retraso

La "excepción ibérica" se aprobó durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 24 y 25 de marzo. Los líderes europeos rechazaron entonces la petición de Pedro Sánchez de desligar la electricidad del precio del gas en toda la UE, pero aceptaron dar un "trato especial" a España y Portugal. Los dos países tienen una alta cuota de renovables y muy poca interconexión con el resto de la UE, por lo que una intervención limitada a la Península Ibérica no distorsionaría el mercado eléctrico europeo.

Desde entonces, España y Portugal han negociado intensamente con Bruselas los detalles técnicos del plan, entre fuertes presiones de las eléctricas que se oponían a esta medida. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición, Teresa Ribera, alcanzó un acuerdo político con Vestager el 26 de abril. Por su parte, el Consejo de Ministros aprobó el tope al gas el pasado 13 de mayo, pero el visto final del Ejecutivo comunitario se ha retrasado hasta ahora.

Bruselas ha examinado el plan ibérico con arreglo a las reglas de la UE sobre ayudas públicas, que permiten a los Estados miembros subvencionar a determinadas empresas o sectores con el fin de corregir un problema grave en la economía.

Su conclusión es que el tope al gas es diferente a otras formas de intervención de los precios debido a las "circunstancias particulares" en el mercado eléctrico mayorista ibérico. "En particular, la limitada capacidad de interconexión de la Península Ibérica, la alta exposición de los consumidores a los precios mayoristas y la elevada influencia del gas a la hora de fijar el precio de la electricidad han conducido a una perturbación particularmente grave para las economías española y portuguesa", argumenta la Comisión.

En este sentido, el plan de Madrid y Lisboa se considera "apropiado, necesario y proporcionado". "Reducirá los precios mayoristas de la electricidad para los consumidores, sin afectar a las condiciones comerciales hasta un punto contrario al interés común. Es más, la medida no va más allá de lo necesario para hacer frente a los excepcionalmente altos precios de la electricidad en la Península Ibérica", señala el Ejecutivo comunitario.

Finalmente, Bruselas destaca que la "excepción ibérica" tiene una naturaleza "estrictamente temporal", ya que sólo se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023. "La medida aprobada reduce al mínimo las distorsiones de compentencia y evita posibles impactos negativos en el funcionamiento de los mercados de la electricidad al contado y de futuros. Además, no provocará ninguna restricción transfronteriza al comercio ni discriminación entre consumidores ibéricos y no ibéricos", concluye el comunicado.